El Gobierno baraja prohibir la entrada y participación de menores de 18 años en espectáculos que incluyen violencia contra animales, como son las corridas de toros.
Esta medida surge en respuesta a las recomendaciones de la ONU, que desde 2018 solicita restringir el acceso de menores a estos eventos debido a posibles riesgos para su integridad física y psicológica.
El sector taurino se muestra en contra de la propuesta, argumentando que no existen evidencias científicas que vinculen la asistencia a corridas de toros con daños emocionales en menores.
La iniciativa contrasta con otros derechos reconocidos a partir de los 16 años, como trabajar, casarse o abortar, y genera controversia política dentro del propio Gobierno.
Según la legislación española, los menores pueden tomar decisiones personales y legales importantes desde los 16 años.
Pueden firmar un contrato laboral, autorizarse tratamientos médicos, cambiar su sexo en el Registro Civil, casarse, gestionar contratos de suministro si están emancipados o interrumpir un embarazo de forma voluntaria sin consentimiento de sus padres.
No obstante, si la última propuesta del Gobierno se aprueba, no tendrán permitido asistir a una plaza de toros.
Esto es, al menos, lo que plantea el Ministerio de Juventud e Infancia dirigido por Sira Rego, que estudia una reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Su propuesta busca impedir la entrada y participación de menores de 18 años en eventos que impliquen violencia hacia animales, incluyendo corridas de toros y ciertas actividades cinegéticas.
La iniciativa se fundamenta en recomendaciones reiteradas del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que desde 2018 insta a España a restringir el acceso de menores a este tipo de espectáculos debido a los riesgos para su bienestar físico y mental.
El Gobierno comparte esta visión y la está incorporando al debate legislativo, reabriendo una polémica que el sector taurino califica como una prohibición encubierta.
Capacidad progresiva
El debate no es reciente, aunque se enfrenta directamente al llamado principio de «capacidad progresiva del menor» que sostiene gran parte de la legislación española.
A partir de los 16 años, el sistema jurídico reconoce que un adolescente posee madurez suficiente para tomar decisiones relacionadas con su cuerpo, identidad y proyecto vital.
Así, desde esa edad puede abortar sin permiso parental hasta la semana 14, trabajar legalmente, autorizar la mayoría de los actos médicos o iniciar el trámite de cambio de sexo registral sin autorización familiar. También tiene la posibilidad de cambiar de nombre.
Además, un joven de 16 años puede ser responsable penalmente según la Ley del Menor, recibir sanciones administrativas o formalizar determinados contratos si está emancipado.
Sin embargo, el Gobierno defiende que el acceso a las corridas de toros debe quedar excluido de esta regulación porque corresponde a la categoría de «protección reforzada», la misma que justifica la prohibición del alcohol, tabaco o la conducción vehicular hasta los 18 años.
Desde el Ministerio enfatizan que la cuestión no es la capacidad de decisión del menor, sino la «exposición a la violencia».
Precisamente este argumento —el posible perjuicio psicológico— ha generado críticas.
El sector taurino cuestiona que el Estado invoque posibles riesgos emocionales para limitar una tradición cultural, mientras permite que los menores enfrenten decisiones con un impacto psicológico potencialmente mucho mayor.
Salud mental
En este marco, diversas entidades han recordado que la salud mental de los adolescentes ya se encuentra en el centro del debate en otros ámbitos.
Por ejemplo, la Asociación de Bioética de la Comunidad de Madrid publicó recientemente un amplio estudio internacional que analiza más de 12 millones de embarazos, donde se evalúan las consecuencias del aborto inducido para la salud mental a largo plazo, un tema que sigue generando debate científico.
En contraste, el sector taurino sigue señalando que no existen estudios científicos que relacionen la observación de violencia sobre animales con problemas psicológicos.
Expertos del sector indicaron a EL ESPAÑOL que en 1999 el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid encargó un detallado informe sobre las posibles consecuencias psicológicas en menores de edad.
Este informe incluyó estudios de una decena de psicólogos y académicos especializados, quienes afirmaban que no hay «apoyo empírico alguno» que vincule alteraciones emocionales con la lidia del toro.
La iniciativa para prohibir el acceso de menores a las plazas de toros la plantea Sumar, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que podría complicar la posición del PSOE si llega a ser tramitada.
El electorado socialista mantiene vínculos con la fiesta y, como muestra, en la última Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra las corridas presentada en el Congreso, el PSOE optó por abstenerse.