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- Autor, Ángel Bermúdez
- Título del autor, BBC News Mundo
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Veinticinco años después de que Hugo Chávez iniciara un controvertido proceso de estatización en la industria petrolera venezolana, el país sudamericano acaba de dar un giro para volver a abrir sus puertas (y sus pozos) a muchas de esas empresas internacionales que fueron expropiadas y nacionalizadas hace dos décadas.
Este jueves, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una modificación a la Ley Orgánica de Hidrocarburos con el objetivo fundamental de permitir y facilitar la participación de empresas privadas nacionales y extranjeras en la explotación petrolera bajo modalidades que legalmente les habían estado vedadas durante medio siglo tras la nacionalización del petróleo.
Aunque estas compañías mantuvieron cierta influencia en el sector petrolero venezolano, desde la nacionalización en 1976 el Estado venezolano ha tenido un control predominante que se fortaleció considerablemente durante la presidencia de Chávez.
«Después de 50 años y 28 días, hoy termina formalmente la etapa de la nacionalización petrolera. También se cierra la etapa de expropiaciones iniciada durante el gobierno de Chávez», manifestó José Ignacio Hernández, abogado venezolano especializado en derecho constitucional y administrativo que asesora a empresas internacionales, a través de la red X este jueves.
Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía en el Instituto Baker de la Universidad de Rice (Houston), también coincidió con esta visión en otro mensaje en X.
«Hoy quedó enterrado el modelo de soberanía petrolera de Chávez. El sector privado podrá producir y exportar crudo. La participación estatal podrá ser reducida a niveles mínimos, a discreción del Ministerio, sin la consulta de la Asamblea Nacional. El fin de la revolución», escribió.
Este nuevo rumbo se da a pocas semanas de la operación militar con la que Estados Unidos detuvo en Caracas al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores; hecho tras el cual la administración de Donald Trump anunció que recuperaría la industria petrolera venezolana y que las principales petroleras estadounidenses invertirían hasta US$100.000 millones en ello.
Desde entonces, Estados Unidos ha desempeñado un rol crucial en la industria petrolera venezolana, encargándose de vender el crudo y administrar los ingresos derivados de esas ventas.
La administración Trump dejó claro que espera que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, siga sus directrices, sugiriendo que, de lo contrario, podría enfrentar un destino similar al de Maduro.
Fue Rodríguez quien impulsó la reforma de la Ley de Hidrocarburos la semana pasada.
¿Cuáles son las modificaciones más relevantes?
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La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos busca atraer capital privado dentro del sector petrolero venezolano y da un paso sin precedentes al permitir que empresas privadas asuman «la gestión técnica y operativa» de los proyectos, función que antes estaba reservada exclusivamente a la estatal Pdvsa.
En el caso de las empresas mixtas, formadas por asociaciones entre Pdvsa y compañías privadas donde la estatal mantiene al menos un 50%, se permitirá que el socio minoritario asuma el control operativo.
También, por primera vez se habilita que estas compañías privadas comercialicen el crudo producido.
Orlando Ochoa, consultor económico independiente y senior visiting fellow en el Oxford Institute of Energy Studies (Reino Unido), explicó a BBC Mundo que, aunque estos cambios relativos a la gestión son novedosos dentro de la ley, en la práctica ya se venían aplicando con empresas como Chevron, Repsol y la francesa Maurel & Prom.
Un caso similar ocurre con la comercialización del crudo: «Chevron ya lo venía haciendo en la práctica, Repsol fue autorizada, y Maurel & Prom también. Además, la ley señala ‘permitirá’, dejando una amplia discrecionalidad estatal», añadió.
Otro cambio significativo está relacionado con regalías e impuestos que estas empresas deben cumplir para operar en la actividad petrolera venezolana.
La norma mantiene la regalía del 30% sobre la explotación petrolera, pero permite que dicho porcentaje se reduzca según la viabilidad económica del proyecto.
Asimismo, el Ejecutivo podrá disminuir el impuesto sobre la renta por razones económicas similares.
También se derogó una ley que obligaba a las compañías a pagar contribuciones especiales al fisco cuando el precio del petróleo alcanzaba «precios extraordinarios» y se eliminó el requisito de cumplir con varios impuestos vinculados a ramas tan diversas como ciencia y tecnología, deportes, lucha antidrogas y pensiones.
«Desde el punto de vista fiscal, hay una racionalización inicial al suprimir cargas parafiscales y tasas estatales o municipales que solían sobrecargar a las empresas. Sin embargo, persiste una gran discrecionalidad fiscal, pues aún está por definirse cuándo se aplican ciertas regalías e impuestos sobre la renta y en qué casos otras modalidades», comenta Ochoa.
Otro aspecto de relevancia es la incorporación de la posibilidad de resolver discrepancias relacionadas con contratos petroleros mediante mecanismos alternativos, principalmente el arbitraje.
Esto representa un tema de gran interés para las empresas extranjeras, especialmente tras la experiencia de expropiaciones forzadas durante el mandato de Chávez.
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Orlando Ochoa advierte que el texto menciona «arbitraje independiente», pero no especifica que se refiera a «arbitraje internacional», lo que deja cierta ambigüedad al respecto.
De cualquier forma, la cuestión del arbitraje internacional en contratos petroleros suscita controversias políticas y legales en Venezuela, dado que la Constitución establece que los contratos de interés público deben ser resueltos por tribunales nacionales y no pueden dar lugar a reclamaciones internacionales, y estos contratos petroleros probablemente serán considerados de interés público.
Ochoa estima que los detalles sobre este tipo de mecanismos serán establecidos en los términos y condiciones específicas de cada contrato.
No obstante, mientras persista esa disposición constitucional sobre contratos de interés público, existirá margen para impugnaciones y debates legales.
Esta posibilidad se vincula con otra modificación relevante a la Ley de Hidrocarburos, pues la nueva versión ya no requiere que el Parlamento venezolano apruebe los contratos petroleros firmados por el Ejecutivo, sino que solo obliga a informar al Legislativo sobre ellos.
Durante la sesión de la Asamblea Nacional este jueves, el diputado opositor Pablo Pérez cuestionó la eliminación del requisito de aprobación parlamentaria, argumentando que estos contratos representan acuerdos de «interés público».
Una reforma discutida… ¿y limitada?
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La reforma a la Ley de Hidrocarburos ha recibido críticas provenientes de diferentes sectores.
El Partido Comunista de Venezuela la calificó como «un retroceso histórico» y la incluyó dentro de «una política sistemática de debilitamiento de la soberanía petrolera».
Andrés Izarra, quien fuera ministro de Comunicación durante el gobierno de Chávez, publicó un artículo donde calificó muchos de los cambios como inconstitucionales, en gran parte porque se transfieren a actores privados actividades petroleras que antes estaban reservadas al Estado.
«La reforma reduce a Pdvsa a un cascarón mientras otros operan», afirmó en un texto publicado en Aporrea.org.
Expertos petroleros, como Francisco Monaldi, califican la ley de «muy deficiente» y critican la amplia discrecionalidad que concede al Ejecutivo.
Orlando Ochoa considera que, aunque la ley es un avance importante al disminuir el peso del Estado y abrir espacio para el sector privado, también presenta limitaciones.
«Sigue siendo un régimen basado en una empresa estatal, lo cual no sería problema si tuviera un desempeño sólido, pero en las últimas dos décadas Pdvsa se sobreendeudó, suspendió pagos de deuda, y a contratistas y socios. Todo esto antes de las sanciones», explica.
«Así, en las empresas mixtas el socio estatal, aunque mayoritario, tiene poca capacidad financiera y técnica».
Ochoa opina que estos cambios pueden motivar a las empresas ya operativas en Venezuela, pues ahora cuentan con un marco más claro de términos y condiciones. Sin embargo, advierte que se requiere avanzar más.
«Si Venezuela desea atraer nuevas compañías internacionales para impulsar realmente la producción, deberá implementar medidas mucho más amplias», indica.
Frente a las críticas a la reforma, tanto Delcy Rodríguez como su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, han destacado la necesidad de que Venezuela aproveche el hecho de contar con las mayores reservas probadas del planeta, extrayendo ese petróleo para impulsar el desarrollo nacional.
No se trata de una idea novedosa para los venezolanos.
Este planteamiento ya sustentó la Apertura petrolera en la década de 1990, un proceso impulsado para aumentar la producción del país pero que carecía de recursos para ello, motivo por el cual se autorizó la entrada de empresas privadas mediante contratos de servicio.
Hugo Chávez calificó ese proceso como una traición al país y fue con la intención de finalizarlo que inició su estatización petrolera en 2001.
«Es positiva para la nación, representa la siembra del petróleo, la diversificación de la economía y un fortalecimiento de la industria petrolera», afirmó Chávez en aquel entonces.
«De cada 10 venezolanos, siete son pobres. Una de las causas es el mal manejo de la industria petrolera», agregó, según reportó BBC Mundo.
Desde entonces, mucho ha cambiado.
En aquel momento, Venezuela producía 2,8 millones de barriles diarios, siendo el cuarto mayor productor petrolero mundial. Actualmente, ocupa el puesto 20 y extrae menos de un millón de barriles diarios.
Respecto a la pobreza, datos de la Cepal indicaban un 43% de pobreza en 2001 y un 4,4% de pobreza extrema.
Aunque la Cepal dejó de publicar información sobre Venezuela hace más de diez años por falta de datos oficiales, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, señala que para 2024 el 73,2% de los hogares venezolanos sobreviven en pobreza de ingresos, de los cuales el 36,5% se halla en pobreza extrema.
Por lo tanto, parece evidente que Venezuela necesitará ahora más que nunca transformar esa riqueza subterránea en desarrollo para su población.
La cuestión es si estos cambios legislativos serán suficientes para lograrlo.