Junts califica de «chantaje» la mezcla del asunto con temas que resultan completamente diferentes
El Gobierno se enfrenta a su posible primer gran revés parlamentario en 2026. El real decreto ley para incrementar las pensiones en un 2,7% corre el riesgo de fracasar en el Congreso, poniendo en peligro el aumento que recibirían millones de jubilados debido al empeño de Pedro Sánchez por incluir esta medida dentro de un paquete indivisible que obliga a los grupos a aceptar otras propuestas ajenas que generan menor consenso. Así, el Ejecutivo confronta nuevamente el escenario vivido el año anterior, cuando un Carles Puigdemont, cansado de esas maniobras, llevó a Junts a votar en contra de otro decreto ómnibus parecido, provocando para el presidente una de las derrotas más graves de la legislatura, evidenciando su fragilidad y estableciendo un patrón luego repetido en múltiples ocasiones.
Lejos de cambiar de estrategia, el Gobierno insiste en el uso del decreto ómnibus. Entiende que estos decretos deben validarse en el Congreso en su conjunto, sin posibilidad de desglosar sus apartados en votaciones separadas. Así, la presión social a favor de aumentar las pensiones se utiliza para arrastrar el apoyo de los grupos a otras medidas que, por sí solas, tendrían mayores dificultades para ser aprobadas, como es el caso de la suspensión de desahucios por impagos en familias vulnerables sin una alternativa habitacional.
Esta suspensión del desahucio está incluida dentro del decreto ómnibus y constituye la principal causa de la crítica postura de Junts, que denuncia lo que considera un «chantaje», resumiendo su rechazo en que para subir las pensiones se debe aprobar obligatoriamente esta medida. Tanto los de Puigdemont como el PP demandan que exista un decreto exclusivo dirigido solo a los pensionistas. Lo que los populares denominan un «decreto limpio». Sin puntos ajenos. El PP acusa que se están utilizando a los pensionistas como «rehenes».
Ese fue el mensaje de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ayer: «La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social que no debería estar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas sin relación». En su formación sostienen que «no se debe aprovechar para incorporar medidas que afectan negativamente a pequeños propietarios y complican el mercado de la vivienda». Junts presentó ayer una propuesta de ley para revalorizar las pensiones, preparándose para la batalla narrativa que su «no» podría desencadenar.
De este modo, Sánchez arriesga en este asunto a la espera de que Junts confirme si se alinea con PP y Vox para rechazar el decreto ómnibus. Además, el Gobierno afronta otro reto en el Congreso: también se vota la validación de un segundo real decreto ley que prorroga las bonificaciones actuales en transporte, que permiten a pasajeros de tren y autobús pagar tarifas reducidas, ya sea en abonos o en viajes puntuales.
Aunque inicialmente este decreto podría contar con un amplio respaldo, ha quedado afectado por la situación caótica en los trenes. PP y Vox critican con dureza la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tanto por posibles responsabilidades en el accidente de Adamuz, como por las incidencias en Renfe, con especial atención a Cataluña. También Junts y ERC han mostrado su descontento, exigiendo la dimisión de Puente debido a los problemas en Rodalies. Queda por ver si Junts decide tomar represalias.
El PP no brindará apoyo al Gobierno en ninguno de los decretos. Fuentes del PP ironizaron con un «Suerte con Junts, Pedro». «Cuando fallen sus socios, y seguro que lo harán, que no nos busque», añadieron. Lo mismo ocurre con el decreto de bonificaciones al transporte. «Lo urgente en transportes no es ese decreto sino la destitución del ministro».
Principales temas incluidos en el decreto ómnibus
- Aumento del 2,7% en las pensiones para 2026. La revalorización alcanza el 7% para las pensiones mínimas y el 11,4% para las no contributivas.
- Incremento del ingreso mínimo vital en un 11,4%.
- Prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se mantendrá en 1.184 euros brutos en 14 pagas hasta aprobar la nueva subida prevista, con carácter retroactivo que cubrirá el mes de enero.
- Congelación de las cotizaciones sociales para trabajadores autónomos.
- Suspensión durante todo 2026 de los desahucios por impagos del alquiler dirigidos a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
- Prohibición del corte de suministro de luz, agua y gas para familias en situación vulnerable.
- Eliminación de la obligación de presentar declaración de la renta para quienes reciben prestaciones por desempleo.
- Beneficios fiscales para afectados por la dana y los incendios forestales ocurridos el pasado verano en el este.