El cierre inicial del caso fue provisional y se anticipó debido a un error en los plazos de la investigación.
«Se ha empleado de forma injustificada como arma en una contienda política contra el Gobierno de España, en la que no tiene ningún vínculo». Esto fue lo que afirmó Plus Ultra hace tres años tras el archivo de la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea por 53 millones de fondos públicos. El juzgado de Instrucción 15 de Madrid había emitido un auto de sobreseimiento donde concluía que no existían indicios delictivos que justificaran continuar con el proceso contra los miembros de la Sepi que apoyaron las ayudas públicas.
En realidad, el archivo respondió a un fallo en los plazos para la investigación. Además, era un archivo temporal: en la actualidad, ese mismo juzgado y juez mantienen abierta nuevamente la causa relacionada con el rescate. No se investiga la concesión otorgada por el Consejo de Ministros, sino el uso específico de los fondos públicos entregados.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que varios millones podrían haber sido usados para blanquear fondos procedentes de una organización delictiva vinculada a Venezuela. Entre los aspectos analizados figuran los préstamos solicitados por la empresa a sociedades off shore radicadas en Suiza y Reino Unido, que fueron devueltos utilizando recursos del rescate. Se trata de préstamos otorgados a Plus Ultra entre 2020 y 2021 por un importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por los investigadores como líder de la organización criminal.
En el marco de esta investigación sobre blanqueo, declarada secreta, la Policía Nacional realizó un registro en Plus Ultra y detuvo al presidente y fundador de la compañía, Julio Martínez Sola, así como al CEO, Roberto Roselli.
Los préstamos concedidos a la aerolínea ya fueron objeto de las primeras diligencias que se archivaron. Un informe elaborado por dos peritos judiciales independientes para verificar el cumplimiento de los requisitos para recibir las ayudas públicas señaló que en las cuentas anuales constaba un préstamo participativo otorgado por la sociedad financiera panameña Panacorp Casa de Valores, S.A., firmado el 22 de diciembre de 2017, por un importe de 6,3 millones.
Los peritos concluyeron que Plus Ultra podría estar en «situación de crisis», lo que habría impedido que recibiera el préstamo. Destacaron que dicho préstamo estaba garantizado con una cantidad líquida «indisponible» de cuatro millones, depositada en el Commonwealth Bank and Trust LTD en República Dominicana, “considerado paraíso fiscal según la propia Agencia Tributaria”. Señalaron que resultaba «contrario a la lógica económica mantener indisponible durante toda la vigencia del préstamo una cantidad que no genera rendimiento alguno para el prestamista ni beneficio para Plus Ultra». Insinuaron que el único propósito de esta operación, que aparentaba ser ficticia, era «presentar una situación de solvencia ante terceros». De hecho, los peritos apuntaron a una «alta probabilidad» de suspensión de pagos al cierre de 2019, tomando en cuenta la cuantía del préstamo.
Registro y detención del propietario y el CEO
La segunda investigación relacionada con Plus Ultra se desencadenó el 11 de diciembre pasado, con el registro de la sede de la firma y la detención por parte de la Policía Nacional de cuatro personas, entre ellas el presidente, Julio Martínez Sola, y el director ejecutivo (CEO), Roberto Roselli. Ambos quedaron en libertad bajo medidas cautelares solicitadas por Anticorrupción —incluyendo comparecencias regulares y retirada del pasaporte— tras declarar ante los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y pasar por el juzgado de guardia.