El Ejecutivo de Pedro Sánchez procederá a la legalización de más de quinientas mil personas inmigrantes en España mediante un Real Decreto.
Esta acción favorecerá a quienes demuestren una permanencia mínima de cinco meses en España y carezcan de antecedentes penales significativos.
La regularización paralizará los procesos de expulsión con motivo administrativo y otorgará un permiso de residencia válido por un año, renovable posteriormente.
Podemos ha sido el impulsor de este acuerdo, presentándolo como una iniciativa urgente de justicia social para garantizar derechos a personas en situación irregular.
Hace pocos días, Pedro Sánchez afirmó que en «España no sobra nadie». Ahora, Podemos ha alcanzado un pacto con el Gobierno para llevar a cabo una regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de personas inmigrantes, según las estimaciones del partido morado.
El acuerdo se materializará mediante un Real Decreto aprobado por el Ejecutivo, que al carecer de rango de ley, no requiere de convalidación parlamentaria.
La regularización abarcará a quienes acrediten una estancia de al menos cinco meses en España, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Incluye a todos aquellos que no tengan antecedentes penales relevantes y hayan residido en el país por al menos cinco meses al momento de la solicitud.
«Este último requisito podrá demostrarse mediante documentos tales como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a servicios sociales o documentos como contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte», explican fuentes de Podemos.
A partir de entonces, se suspenderán los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por razones administrativas que pesen sobre estas personas.
Si la resolución administrativa resulta favorable, se otorgará una autorización de residencia por un año, tras el cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme a la legislación de extranjería.
Podemos se ha encargado de presentar esta iniciativa, que indican ha sido negociada «durante meses» y la califican como «una medida urgente de justicia social».
«Reconoce los derechos de cientos de miles de personas que viven y trabajan en nuestro país, pero a quienes hasta ahora se les negaban derechos básicos en un acto de racismo institucional que sólo fomenta la explotación y el odio racista», destacan desde la formación morada, que respaldan esta regularización tras sucesos como los ocurridos en Torre-Pacheco.
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