El ministro Óscar Puente ha accedido a la suspensión del servicio de Rodalies en Cataluña por razones de seguridad, aunque rechaza llevar a cabo una auditoría nacional sobre la red ferroviaria.
La presión ejercida por los partidos independentistas y los accidentes mortales recientes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) han evidenciado graves deficiencias en la red ferroviaria española.
El Gobierno ha aumentado en un 60% el presupuesto destinado al mantenimiento ferroviario en los últimos ocho años, pese a lo cual persisten quejas sobre el deterioro y la falta de inversión, sobre todo en Cataluña.
Adif ha establecido limitaciones temporales de velocidad en varias líneas de AVE y se han producido múltiples incidentes y accidentes, elevando la preocupación acerca de la seguridad ferroviaria en todo el país.
La insistencia de los socios independentistas del Gobierno ha llevado al ministro Óscar Puente a adoptar un doble criterio frente al colapso del servicio ferroviario que quedó patente esta semana, tras los accidentes fatales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
Renfe, la empresa pública, aceptó el sábado suspender todos los servicios de Rodalies en Cataluña, ante la postura de ERC y la Generalitat de Salvador Illa, que sostienen que la red no cumple con las condiciones requeridas para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Por el contrario, Puente consideró innecesaria la auditoría que le solicitó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para evaluar los problemas de seguridad en la red ferroviaria a nivel nacional.
Durante su extensa rueda de prensa del viernes, el ministro planteó la posibilidad de que la ruptura del raíl que provocó el accidente mortal en Adamuz se debiera a un «defecto de fábrica», lo que eximiría a Adif de responsabilidad política.
Además, reiteró que el accidente fatal no fue causado por la falta de mantenimiento de la red. El Ministerio sostiene que en los últimos años ha incrementado de forma continuada las inversiones en el sector ferroviario (aunque en ciertas líneas la circulación de trenes casi se ha triplicado por la entrada de operadores privados).
No obstante, Óscar Puente admitió de forma «indudable» el miércoles, en su rueda de prensa anterior, que la red de Rodalies en Cataluña “arrastra un problema desde hace mucho tiempo, con un deterioro de las infraestructuras, lo que incrementa su vulnerabilidad”, atribuible a la falta de inversión estatal.
El ministro de Transportes acepta únicamente el deterioro de la red en Cataluña (excluyendo al resto de España), respaldando así la narrativa de dos partidos independentistas que sostienen al Gobierno: ERC y Junts.
Este presunto «déficit de inversiones» permitió a ERC obtener de los socialistas (dentro del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez) el compromiso de trasladar la gestión de Rodalies a la Generalitat con una aportación financiera estatal de 1.054 millones de euros.
Considerando la primera de estas transferencias, el Consejo de Ministros autorizó el 17 de diciembre de 2024 un primer desembolso de 283,4 millones de euros a la Generalitat para «compensar el déficit operacional de Rodalies».
Cataluña vivió un jueves de caos a causa del paro convocado por maquinistas de Rodalies, que exigen garantías de seguridad tras la muerte de un compañero en el accidente de Gelida.
Esta situación podría repetirse la semana próxima si Renfe mantiene la postura, anunciada el sábado, de suspender el servicio en toda la red de Rodalies para realizar trabajos que permitan reanudarlo con la «máxima fiabilidad».
Desde Waterloo, el líder de Junts, Carles Puigdemont, expresó el sábado su respaldo a la manifestación convocada por la ANC para el 7 de febrero, con el propósito de denunciar «el deterioro de los servicios más básicos y fundamentales» en Cataluña.
«Lo acontecido con las Rodalies», afirma Puigdemont en su mensaje, «es la punta del iceberg de un colapso nacional inmenso, que ya comienza a ser evidente para todos. Un colapso en la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, la economía de las personas, así como en la lengua y cultura catalanas».
«Después de año y medio de un Govern socialista y españolista, Cataluña está colapsada», añade en referencia al Ejecutivo de Salvador Illa, «aunque Cataluña está despertando de esta anestesia. Ya no basta la propaganda para ocultar tanta incompetencia«.
Sin embargo, lo ocurrido esta semana no responde a un «defecto de fábrica», como afirma el ministro Puente, sino que revela un problema estructural en la red ferroviaria española en su conjunto.
La prueba de los graves problemas de seguridad en las vías es que Adif anunció esta semana limitaciones temporales de velocidad en diversos tramos de las líneas de AVE que unen Barcelona, Valencia, Galicia y Valladolid.
Aunque los maquinistas venían alertando de estos problemas desde agosto, el operador público tomó la decisión después de los accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).
El sábado anterior a la tragedia de Adamuz, un tren estacionado en Tortosa sufrió un incendio que provocó la caída del cable de la catenaria y varias pequeñas explosiones.
La estación que presta servicio a trenes de Rodalies y media distancia con Valencia fue evacuada, y el tráfico quedó suspendido entre Tortosa y Amposta.
El martes se produjeron dos accidentes en líneas de Rodalies.
Durante fuertes lluvias, un muro de contención que sostiene la autopista AP-7 en Gelida (Barcelona) se desplomó sobre un tren de Rodalies que circulaba a 60 km/h.
Este accidente causó la muerte de un maquinista en prácticas y lesiones a 37 personas, cinco de ellas graves, incluyendo al maquinista titular y otros dos conductores en formación que estaban en la cabina.
Inicialmente, el ministro Óscar Puente afirmó desconocer la titularidad del muro de contención que colapsó, y por ende, quién debía encargarse de su mantenimiento. En su rueda de prensa del viernes aclaró que en 2021 Adif cedió la titularidad a la Dirección General de Carreteras, que también está bajo su Ministerio.
Otro tren de la línea R1 de Rodalies, entre Blanes y Maçanet, descarriló tras impactar contra una roca desprendida por el temporal. No hubo heridos y sólo transportaba alrededor de diez pasajeros.
Ese mismo día, un tren de alta velocidad de Renfe quedó detenido dentro de un túnel al entrar en Gerona debido a una avería en la catenaria, lo que obligó a trasbordar a 120 pasajeros a otro convoy.
El jueves, seis personas resultaron heridas leves cuando el brazo de una grúa impactó con el lateral de un tren de Feve (ferrocarriles de vía estrecha) que transitaba entre Cartagena y Los Nietos, cerca de la estación de El Abrevadero.
Adif también informó esta semana sobre retrasos e incidentes menores originados por el robo de cable, que afectaron al servicio de Cercanías en Vallecas (Madrid el martes), Asturias (jueves) y la línea R2 de Rodalies (viernes).
El Gobierno afirma que la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria ha aumentado un 60% en los últimos ocho años, pasando de 720 millones en 2017 a 2.120 millones en el ejercicio más reciente.
Durante este periodo, el gasto en mantenimiento por kilómetro de red creció un 55%, de 45.150 euros por kilómetro en 2017 a 71.200 en 2025, según datos del Ministerio de Transportes.
En ciertas líneas de alta velocidad, la circulación de trenes se ha casi triplicado tras la entrada de operadores privados como Iryo y Ouigo.