El juez Calama considera que no existe posibilidad de avanzar en la causa relativa al espionaje de los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido por segunda vez archivar la causa abierta por el espionaje al Gobierno a través del programa Pegasus. El fundamento es la insuficiencia de la investigación realizada en Francia y la continua falta de cooperación por parte de las autoridades israelíes.
El proceso penal se inició después de que el CNI identificara la infección con este software en los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas.
Calama había cerrado inicialmente la investigación en julio de 2023, aunque la reabrió meses más tarde para incluir la información proporcionada por las autoridades judiciales francesas, que provenía de su propia averiguación sobre el espionaje con Pegasus a miembros del ejecutivo francés, incluidos ministros y diputados, así como a periodistas, abogados, figuras públicas y ONGs.
En su auto, el juez detalla que las pesquisas de sus colegas franceses «no aportan datos nuevos» que permitan determinar la autoría de los hechos, que podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
El CNI informó al juez que «la información facilitada por las autoridades judiciales de Francia no supone ninguna novedad respecto a los datos obtenidos de los teléfonos infectados, dado que el código malicioso no deja registros en el sistema más allá de la cantidad de datos extraída y enviada a sus servidores de mando y control».
Esto implica que es «técnicamente inviable asegurar nada respecto a la naturaleza de la información a la que pudieron acceder los atacantes». Además, resulta «prácticamente imposible» identificar al responsable de la infección, salvo por la coincidencia parcial de la infraestructura usada y el empleo del correo «[email protected]» para atacar dispositivos tanto en Francia como en España.
Dado que no se ha aportado «información relevante», los informes del CNI concluyen que «no es posible establecer relación alguna o vinculación entre las infiltraciones a los teléfonos móviles investigados en Francia y los dispositivos móviles objeto de investigación en este proceso».
A ello se suma que «la frustración en la ejecución» de las comisiones rogatorias por parte de Israel «impide avanzar en la atribución de la autoría de los hechos investigados a alguna persona concreta», lo cual conduce al sobreseimiento provisional de la causa.
El magistrado subraya el bloqueo que genera la ausencia de colaboración israelí, a quienes se enviaron comisiones rogatorias ampliadas y reiteradas en los últimos años. Esta situación imposibilita esclarecer «la autoría de los delitos investigados y nos obliga, de manera inevitable, a ordenar el sobreseimiento provisional por falta de autores identificados».
Con estas comisiones rogatorias, el juez buscaba obtener información de la empresa NSO Group, propietaria del software Pegasus, además de tomar declaración como testigo al CEO de dicha compañía.
Calama afirma que ya no es posible practicar diligencias de investigación adicionales, lo que «conlleva que el procedimiento se mantenga estancado o en latencia hasta que se obtenga información a partir de un eventual y poco probable cumplimiento de la comisión rogatoria, bloqueada por el Estado de Israel, o bien de nuevas pruebas que permitan reactivar la investigación».
El estado procesal de la causa, señala el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro, coincide con lo que el Tribunal Supremo ha denominado como «impotencia investigadora».