El Parlamento Europeo reclama a España la ratificación de la reforma electoral de la UE, pendiente desde 2018, la cual introduce un umbral mínimo de votos entre el 2% y el 5% para obtener escaños.
La ausencia de ratificación favorece a partidos nacionalistas y minoritarios al impedir que pierdan representación europea; este retraso se explica por un pacto entre el PSOE y el PNV.
España es el único Estado miembro que no ha ratificado esta normativa, bloqueando su entrada en vigor y provocando una distorsión en la representación democrática en las elecciones europeas.
El informe aprobado en Estrasburgo señala que el Gobierno de Sánchez protege intencionadamente la sobrerrepresentación de partidos regionales en Bruselas para asegurar el respaldo de sus aliados.
Este martes, el pleno del Parlamento Europeo ha solicitado a España que ratifique el reglamento electoral que mantiene bloqueado desde 2018. La Eurocámara respaldó un informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) que insta al «único Estado miembro pendiente» para que la norma entre en vigencia.
Ese único Estado es el Gobierno de Pedro Sánchez. Su demora ya afectó a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024, generando una «sobrerrepresentación» en el Europarlamento para sus socios nacionalistas e independentistas, impidiendo que la reforma se aplicara en Alemania.
De acuerdo con los resultados, casi dos tercios del Parlamento Europeo (417 a favor, 234 en contra) reprochan al Gobierno una «falta de voluntad política» para acatar un mandato de la UE. «Los socialistas españoles y sus aliados votaron en contra de la posición de sus propios grupos», denuncian fuentes de la Eurocámara.
Esta medida cuestiona la sobrerrepresentación de grupos regionales en el Parlamento, estableciendo un umbral mínimo entre el 2% y el 5% del voto. No cumplir con esta obligación beneficia al PNV, evitando también perjuicios a ERC, Bildu, Junts, Sumar, Podemos e incluso a Alvise.
Aunque cualquier reforma de la Ley Electoral en España puede promoverse desde las Cortes Generales, formalmente la ratificación de la Decisión (UE, Euratom) 2018/994 del Consejo del 13 de julio de 2018 solo puede aprobarla el Consejo de Ministros.
Fuentes de diversos partidos y países en la Eurocámara señalan dos causas para el bloqueo. La primera, política: la medida perjudicaría a todos los socios nacionalistas e independentistas. La segunda, de carácter formal: en la investidura de Pedro Sánchez, se pactó con el PNV.
Así lo establece el acuerdo de investidura del 10 de noviembre de 2023. En el punto 6.1, el PSOE se comprometió a no promover ninguna reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).
Esta situación es denunciada explícitamente en el informe aprobado este martes en Estrasburgo, cuyo ponente fue el eurodiputado popular español Borja Giménez.
La norma europea
El reglamento de la UE que España mantiene bloqueado fue aprobado por el Consejo en junio de 2018, con Sánchez ya en La Moncloa. Esta norma obliga al país a establecer un umbral mínimo de votos entre el 2% y el 5% para obtener representación en las elecciones europeas.
En el extremo inferior, el 2%, esta medida habría excluido al PNV de la Eurocámara. En el límite superior, afectaría a todos los aliados del PSOE, incluyendo a ERC y Bildu (coalición Ahora Repúblicas logró un 4,9% en las europeas de 2024), Junts (2,5%), y Sumar (4,7%).
También quedarían sin escaños la formación de Alvise (Se Acabo la Fiesta obtuvo un 4,6%) y Podemos (3,3% de los votos).
Esto ocurre porque la ley electoral europea establece dicho umbral en circunscripciones con más de 35 escaños. Esta disposición, una vez ratificada, afecta teóricamente solo a cinco Estados miembros: Alemania (96), Francia (81), Italia (76), España (61) y Polonia (53).
No obstante, Italia y Polonia no tuvieron que modificar nada, ya que ambas dividen el país en varias circunscripciones con menos de 35 escaños cada una. Francia, aunque tiene circunscripción única, ya aplica un umbral mínimo del 5%.
Alemania ratificó la medida antes de las elecciones de 2024, a pesar de dos sentencias del Tribunal Constitucional que cuestionaron la transparencia y equidad de la norma, señalando que solo la aceptaría cuando se convirtiera en obligatorio.
Es decir, cuando España ratifique y el reglamento se transforme en derecho europeo.
La Eurocámara «sorprendida»
Los días 19 y 20 de mayo de 2025, una delegación de la Comisión AFCO del Parlamento Europeo llevó a cabo una misión oficial en Madrid para investigar por qué España aún no ratifica la reforma electoral.
Los eurodiputados se reunieron con oficiales del Ministerio del Interior, el presidente y portavoces de la Comisión Constitucional del Congreso, y la Comisión Mixta para la Unión Europea.
También entrevistaron a letrados principales de ambas cámaras y a académicos españoles especializados en Derecho Constitucional y Electoral. Según fuentes de la delegación, quedaron «sorprendidos» al constatar que el Gobierno protege intencionadamente la sobrerrepresentación electoral del separatismo en Bruselas.
El reglamento del Consejo introduce la representación proporcional y varios artículos destinados a mejorar la transparencia y accesibilidad del proceso electoral. Las instituciones europeas sostienen que un procedimiento electoral uniforme garantizaría mayor igualdad y transparencia.
En julio de 2025, el Parlamento Europeo acusó directamente a Sánchez de «impedir» la entrada en vigor de la ley electoral europea, señalando expresamente que el pacto de investidura con el PNV bloquea la ratificación.
El pacto con el PNV
El PSOE y el EAJ-PNV suscribieron un acuerdo el 10 de noviembre de 2023 que estipula de forma clara: el PSOE no promovería ninguna modificación de la LOREG, excepto «con acuerdo previo con el EAJ-PNV» y solo en «circunstancias extraordinarias».
Desde el punto de vista jurídico, no existen obstáculos relevantes para ratificar la Decisión en España, pero el proceso presenta complejidades políticas. Un umbral electoral impide que partidos pequeños, en especial regionales, obtengan diputados europeos.
La Decisión del Consejo solo puede ratificarse por iniciativa del Gobierno y debe ser aprobada por el Consejo de Ministros. Por eso, las elecciones europeas de 2024 muestran una «distorsión democrática».
La coalición CEUS, que incluía al EAJ-PNV, logró un escaño con solo el 1,63% de los votos españoles, lo que representa menos del 0,078% del censo electoral europeo, según denuncia el informe aprobado en Estrasburgo.
El Parlamento Europeo enfatiza en su resolución que «la limitada implementación de estas disposiciones refleja una falta de voluntad política«. El texto insta a España a iniciar el procedimiento de ratificación, que «continúa siendo obligatorio para que la norma pueda aplicarse».
El informe señala que las elecciones europeas «se rigen mayoritariamente por las legislaciones nacionales«, y la campaña electoral «sigue siendo en gran medida nacional«. Además, los partidos políticos europeos no pueden cumplir adecuadamente sus mandatos constitucionales.
El Parlamento considera que «la formación de un ‘demos’ europeo está lejos de completarse» y recomienda intensificar «los esfuerzos políticos para lograr una Unión menos burocrática y más democrática».
España continúa siendo el único Estado que bloquea una reforma electoral europea. Así, el dilema de Sánchez queda reflejado en la votación del Parlamento: cumplir con las obligaciones europeas o mantener el acuerdo con sus socios.