La AUGC denuncia que no existe ninguna orden escrita que respalde la moratoria anunciada por Interior de no multar durante un “periodo razonable”
La obligatoriedad del uso de la baliza V16 conectada ha generado un nuevo conflicto al inicio de 2026, esta vez dentro de los propios cuerpos encargados de supervisar su cumplimiento. Miembros de la Guardia Civil afirman que no han recibido ninguna orden escrita que les indique que no deben imponer multas a conductores que no empleen el dispositivo cuando corresponde, a pesar de los comunicados públicos del Ministerio del Interior sobre una supuesta moratoria en la sanción.
La denuncia proviene de Diego Madrazo, representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), quien critica una situación que, desde su perspectiva, coloca a los agentes en un dilema complicado. “La Guardia Civil indica que no cuenta con instrucciones escritas que prohíban multar a quienes no lleven la baliza. Sin embargo, existe un anuncio verbal de moratoria del ministro Marlaska que aún no se ha formalizado en ninguna disposición escrita. Esto lo consideramos sumamente grave”, afirma.
En términos legales, el panorama es claro. Desde el 1 de enero, la baliza V16 conectada es el único medio válido para señalar un vehículo parado por avería o accidente en la vía. No utilizarla implica una falta administrativa. No obstante, las declaraciones hechas a principios de mes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciando un “periodo razonable” sin sanciones, han generado confusión que, según la AUGC, no ha sido aclarada mediante los procedimientos oficiales habituales.
Sin orden escrita, se aplica la norma
Madrazo explica que, en una institución con jerarquía como la Guardia Civil, las declaraciones políticas no reemplazan a las directrices operativas. “Los agentes actúan según instrucciones escritas. Si no existe una orden en contrario, la obligación es cumplir la ley”, resume el portavoz de la AUGC. En la práctica, esto implica que un agente que detecta que un conductor no ha usado la baliza V16 cuando debe hacerlo debe denunciar la infracción.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señala que aunque la baliza V16 es obligatoria desde el 1 de enero, habrá un periodo "flexible" y "razonable" en el que no se multará al que no la lleve.
Desde la asociación advierten que esta situación genera inseguridad jurídica tanto para los agentes como para los ciudadanos. Un conductor podría interpretar que existe una moratoria real y suponer que no será sancionado, mientras que el agente, sin respaldo normativo para evitar la multa, está obligado a actuar conforme a la legislación vigente. “No se puede cargar al agente con la responsabilidad de interpretar mensajes políticos”, enfatiza Madrazo.
La AUGC señala que esta falta de claridad puede provocar conflictos en carretera y una percepción de tratamiento desigual entre conductores. “La ley debe aplicarse uniformemente en todo el territorio, y esto solo es posible con instrucciones claras”, insisten.
La baliza, en el centro del debate
El debate en torno a las sanciones se añade a un contexto ya tenso respecto a la baliza V16. Desde su introducción, el dispositivo ha estado envuelto en controversias como la geolocalización, la aparición de mapas accesibles en internet que mostraban balizas activadas y las preocupaciones sobre posibles usos inapropiados de esa información. Además, la retirada de la homologación de varios modelos por motivos administrativos ha aumentado la sensación de inseguridad entre los conductores.
En este marco, la supuesta moratoria anunciada verbalmente fue vista por muchos como una medida para disminuir tensiones en los primeros meses de su implantación. Sin embargo, para la Guardia Civil, el resultado ha sido opuesto.
Las organizaciones profesionales instan al Ministerio del Interior a que regularice la situación cuanto antes para evitar conflictos innecesarios y proteger tanto a los agentes como a los ciudadanos. Mientras esa directiva no se formalice, recuerdan, la actuación en carretera sigue regida por una norma vigente que obliga a denunciar su incumplimiento.