La propuesta de la vicepresidenta sitúa a los aragoneses como los peor financiados tras la reforma, además de colocar a los castellanoleoneses en situación de infrafinanciación, según Fedea.
Montero asegura que negociará con todos los partidos sobre la propuesta de financiación autonómica
El Ejecutivo reduce la «financiación efectiva» de las dos comunidades que se preparan para elecciones inmediatas, según reveló este miércoles Fedea, un referente en estudios sobre el modelo financiero autonómico.
Aragón se convierte en la comunidad peor financiada a nivel nacional tras la reforma del sistema que presentó este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quedando más de cinco puntos por debajo de la media. Su financiación pasa del 98,5% actual al 94,4%. Esta caída ocurre justo cuando la exministra Pilar Alegría compite en las elecciones contra el candidato del PP, Jorge Azcón.
Castilla y León sufre una caída aún más significativa, pasando de una financiación del 106,7% de la media a perder casi diez puntos, estableciéndose en un 96,9%, por debajo del umbral de infrafinanciación. El candidato socialista por la región, Carlos Martínez, se vio obligado este miércoles a instar a la dirigente de su partido a reconsiderar la propuesta. Aunque hay otras comunidades perjudicadas según los cálculos de Fedea -ver gráfico adjunto-, estos dos casos resultan especialmente llamativos por la proximidad de sus comicios y reflejan la firme apuesta del PSOE por sus acuerdos con fuerzas catalanas para mantener el poder central.
Tras la reforma del modelo, sólo seis comunidades quedarán sin infrafinanciación según la metodología de Fedea, lideradas por Baleares y Cataluña, que, paradójicamente, son dos de las regiones más prósperas del país. Canarias, Cantabria y La Rioja también se situarán por encima de la media, aunque con una pérdida considerable de financiación efectiva. A este grupo privilegiado se suma Madrid, con una ligera mejora cercana a dos puntos, la mitad del aumento que experimenta Cataluña. Fedea calcula la financiación efectiva considerando las nuevas variables de la propuesta de Montero en términos de «población ajustada», un método más técnico y preciso que el simple conteo total de habitantes por territorio. Según sus datos, la principal beneficiaria en cifras absolutas sería Cataluña.
Dado que hay más comunidades en situación de infrafinanciación que antes, o que, en algunos casos, pierden posiciones habiendo disfrutado de recursos por encima de la media, Montero fracasó en el CPFF celebrado este miércoles. Recibió protestas de 14 de las 15 comunidades de régimen común —todas excepto Cataluña, incluyendo a las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias— y no logró fracturar el bloque de las comunidades gobernadas por el PP, a pesar de ofrecerles esta alternativa: sólo recibirá dinero adicional quien acepte el nuevo modelo. «Es decir, si una comunidad prefiere continuar con los cálculos vigentes, el sistema se adaptará para mantener esa fórmula, renunciando así al incremento de recursos que ofrece el nuevo modelo», según un comunicado posterior del Ministerio de Hacienda.
Por lo tanto, quienes rechacen el nuevo modelo podrán mantenerse en el vigente, pero no accederán a su parte de los 21.000 millones extra que el Estado planea aportar para que otras comunidades se beneficien del acuerdo pactado con el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Sólo la consellera de Hacienda de la Generalitat catalana, la socialista Alicia Romero, mostró apoyo a Montero este miércoles. El resto de participantes criticó el modelo y descartó la posibilidad de cambiar de postura, aunque ello suponga perder fondos adicionales.
El caso más destacado es el del consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Martín, quien, según el nuevo modelo, sería el que más beneficiado estaría por habitante, superando incluso a Cataluña.
«Según Montero recibimos más fondos, pero el estudio de Fedea deja claro que la cantidad sería menor a la que afirma la ministra y, además, continuaríamos en situación de infrafinanciación. Por eso, sería mejor que retire la propuesta y empecemos de nuevo», declaró a este diario el consejero murciano.
Tampoco el consejero de Hacienda de Baleares, Antoni Costa, acepta el modelo, pese a que, según Fedea, su comunidad pasaría a ser la mejor financiada con un 112,5% de la media, argumentando que lo que queda para el resto de territorios tras el pacto con Cataluña son «migajas».
Igualmente, la Comunidad de Madrid, otra beneficiaria, no acepta la propuesta. Su consejera, Rocío Albert, mantuvo disputas tensas con Montero durante la reunión y calificó ante este diario como «vergonzoso» que Montero insista en un modelo rechazado por casi todos.
Las demandas para que se retire la propuesta fueron generalizadas, incluyendo al consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina. La crítica más moderada fue la de la vicepresidenta asturiana, Gimena Llamedo, quien no respaldó el llamado «principio de ordinalidad», el cual, según Junqueras, asegura que Cataluña pase a ser la tercera comunidad que más recursos recibe, en correspondencia con ser la tercera que más aporta.
Montero sorprendió con esta nueva postura respecto a ese controvertido principio: «No existe ningún principio de ordinalidad que guíe este modelo. No se puede garantizar que las comunidades mantengan la misma posición al inicio de la implementación que la que tienen en términos de aportaciones, únicamente hay una comunidad que cumple esto, que es Cataluña. La mayoría, como ya he señalado, no lo cumple». En otras palabras, sólo Junqueras, al obtener 4.700 millones con prebendas relativas al IVA de pymes y el fondo climático, tiene asegurada la mejora. Montero ahora ofrece «reuniones bilaterales» con el resto, sin ninguna garantía de aprobación, dejando todo en incertidumbre.