Hace tres semanas, al asumir su mandato, emitió un decreto en el que determinó que la condena penal no afecta a la condición de fiscal de Álvaro García Ortiz.
Nunca antes, en etapa democrática, un fiscal general del Estado había sido condenado por delito cometido durante el ejercicio de su cargo. Álvaro García Ortiz fue el primer fiscal general que encajó en esa situación. La condena se dio en noviembre pasado, cuando el Tribunal Supremo emitió un fallo histórico que impuso una multa de 7.200 euros y la inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal general por un período de dos años. García Ortiz fue declarado responsable de revelar datos confidenciales del empresario Alberto González Amador.
La investigación del Alto Tribunal acerca de su conducta delictiva, posterior a la filtración de información privada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido durante el último año y medio un lugar destacado en los principales medios nacionales. Este caso, de indudable interés público, evidenció también la seria crisis institucional que enfrenta España.
La interpretación del impacto que la sentencia condenatoria tendría en la condición fiscal de García Ortiz (con un extenso debate jurídico, dada la ausencia de precedentes) recayó en su sucesora, la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien empezó su mandato manteniendo total hermetismo sobre el asunto.
Peramato, que asumió el cargo el 11 de diciembre (manifestando en su discurso en la Fiscalía General «respeto» y «admiración» hacia el condenado), emitió el 23 de diciembre un decreto, al que tuvo acceso EL MUNDO, en el que concluyó que García Ortiz no debe ser expulsado de la carrera fiscal a pesar de haber sido condenado por un delito doloso por el Alto Tribunal. Esta constituye la primera decisión significativa adoptada por la nueva cabeza del Ministerio Público.
Seis días antes de la firma de ese decreto, el 17 de diciembre, la Sala de lo Penal presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta remitió copia de la sentencia a la Inspección Fiscal «para los efectos oportunos».
Falta de transparencia
No obstante, pese a la evidente relevancia del tema, la decisión tomada por Teresa Peramato no fue divulgada al público y los medios no fueron informados sobre la resolución emitida por la fiscal general. El artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, citado repetidamente por García Ortiz durante su defensa en el último año, establece la obligación de la Fiscalía de proporcionar información veraz a la ciudadanía sobre asuntos de interés público. Además, la resolución de la nueva fiscal general tampoco fue comunicada a los integrantes de la carrera fiscal, a pesar del gran impacto que el proceso judicial contra García Ortiz ha generado dentro del Ministerio Público.
En el decreto, donde Peramato decide que la condena del Supremo «no conlleva la pérdida de la condición de fiscal de carrera» de García Ortiz, la fiscal general se basa estrictamente en los términos de la resolución de la Sala Segunda.
«El alcance de la sentencia está claramente delimitado: se impone al Sr. García Ortiz la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por un período de dos años, sin hacer referencia adicional alguna a su condición de fiscal de carrera ni al desempeño de sus funciones fiscales, ni a otros cargos similares», expresa el documento.
La fiscal general subraya que la «sentencia analizada descarta expresamente extender la inhabilitación a otros cargos y no hace mención alguna al concepto de cargo análogo al de Fiscal General, dado que delimitar tal comparación no resulta sencillo».
Decisión susceptible de recurso
La máxima autoridad del Ministerio Público fundamenta su postura en que el fiscal general «puede ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional efectivo y, por tanto, no es imprescindible que sea fiscal en activo».
Por otra parte, el decreto establece que «el titular de la Fiscalía General no está sujeto al régimen disciplinario aplicable a los miembros de la carrera fiscal, sino que únicamente le resultan aplicables, según disposición legal expresa, las causas de incompatibilidad previstas para los fiscales».
Asimismo, junto a la exclusión de la expulsión, el decreto de la fiscal general descarta que García Ortiz pueda ser suspendido en sus funciones de fiscal. Esto se fundamenta en que «la sentencia emitida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto al Sr. García Ortiz no impone pena privativa de libertad; por lo tanto, a pesar de tratarse de una condena por delito doloso,» no puede aplicarse la suspensión del cargo establecida en el artículo 44 del Estatuto Orgánico.
Según adelantó EL MUNDO el lunes pasado, García Ortiz se ha reincorporado a la Sección Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo, buscando un destino con bajo perfil mediático y menor exposición pública.
Por su parte, el decreto de Peramato puede ser impugnado en el término de un mes mediante recurso de reposición ante la propia Fiscalía General o, alternativamente, en un plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. Se prevé que la resolución de la nueva fiscal general sea cuestionada.
La Asociación de Fiscales solicita a Peramato el decreto sobre García Ortiz
La Asociación de Fiscales, mayoría dentro de la carrera fiscal, ha solicitado este jueves a la nueva fiscal general del Estado el decreto mediante el cual se acuerda el reingreso de Álvaro García Ortiz como fiscal en activo tras la condena impuesta por el Supremo.
En la carta enviada a Peramato, la AF sostiene que «para sanar estas heridas, para iniciar el nuevo camino al que nos invitó al final de su discurso de toma de posesión, y para garantizar la transparencia que debe caracterizar la actuación de las Instituciones en un Estado de Derecho, es imprescindible que haga público el decreto que acuerda el reingreso del Sr. García Ortiz a la Carrera Fiscal, dado que la decisión adoptada por usted es de interés general y trasciende el ámbito propio del Ministerio Fiscal».
En la misiva, la asociación mayoritaria señala que el pasado lunes la fiscal general mantuvo una reunión con ellos en la que no les informó sobre su decisión. «En el encuentro sostenido con usted el lunes pasado, manifestó su predisposición a la escucha y le solicitamos, entre otros puntos, que en esta nueva etapa la transparencia verdadera, es decir, aquella que se practica y no solo se anuncia, sea un elemento intrínseco en toda actuación de la Fiscalía General del Estado», le recriminan.