IU lidera las críticas y desconfianzas hacia el criterio anunciado por ERC como piedra angular del reparto
El nuevo esquema de financiación para las comunidades autónomas presentado por ERC, y aclarado al día siguiente por el Gobierno, genera desconfianzas y rechazo dentro de Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo. En particular, Izquierda Unida se opone al «principio de ordinalidad» y, en lo que respecta a este principio, lo reduce a ser simplemente «un criterio más» junto a otros. Sin embargo, desde IU aclaran que en ningún caso consideran que ese principio sea un factor principal para la asignación de fondos entre las autonomías.
El líder de IU, Antonio Maíllo, expresó su postura de manera contundente. «No podemos favorecer a determinado territorio solo porque posea mayor capacidad tributaria. Que un territorio tenga más personas con altos ingresos, no debe ser motivo para financiarlo en mayor medida», enfatizó en declaraciones en Sevilla, antes de reunirse con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (AMAMA).
La posición de Maíllo contrasta con el anuncio del líder de ERC, Oriol Junqueras, quien afirmó haber negociado para Cataluña la aplicación del principio de ordinalidad, de modo que reciba una financiación proporcional a su contribución al sistema común. El dirigente independentista destacó que esto supondría un aumento de 4.700 millones para Cataluña.
IU, que participa en el Gobierno de coalición con una ministra (Sira Rego) dentro de la alianza Sumar, sostiene que el modelo adecuado es aquel en el que «se financian servicios y personas, no territorios».
Para ilustrarlo, ha dado un ejemplo «muy sencillo»: «Si una persona tiene cáncer, la calidad del servicio que recibe no puede depender de su lugar de residencia. La calidad debe estar ligada a la necesidad para la recuperación, no al territorio donde viva».
«Este es un principio federal», continuó Maíllo, «que desde IU, y por supuesto desde Por Andalucía [la candidatura de izquierdas que lidera para las elecciones autonómicas], así como en mi función de candidato a presidente de la Junta de Andalucía, defenderé».
Por tanto, IU apuesta por «un acuerdo multilateral de carácter federal y con una profunda solidaridad». Será necesario abordarlo «desde el principio de solidaridad territorial, equidad y garantía en la financiación de los servicios».
Para lograrlo, Maíllo resaltó que el Estado debe incrementar «de manera sustancial los ingresos» y los traspasos a las comunidades autónomas, con el fin de asegurar «niveles mínimos» en atención sanitaria, educación y dependencia, «para que no dependa del lugar de residencia». Por ello, reclama mayores ingresos que permitan efectuar el reparto en las condiciones requeridas.
El portavoz oficial de Sumar, Ernest Urtasun, defendió el modelo propuesto por el Ejecutivo. «Estamos ante una iniciativa en la que todos salen beneficiados, principalmente los ciudadanos, porque una financiación adecuada de las comunidades autónomas significa una correcta financiación de los servicios públicos», señaló desde Barcelona. Su propuesta busca que el Gobierno enfrente ahora el ‘dumping’ fiscal que, a su juicio, practican las autonomías del PP, como la Comunidad de Madrid.
También dentro del ámbito de Sumar y los socios del Gobierno está Compromís, que emitió un comunicado mostrando dudas frente al nuevo modelo, pues considera que no resuelve la «infrafinanciación» que sufre la Comunidad Valenciana. Califica la propuesta de «insuficiente» para abordarlo y permanece vigilante a la «letra pequeña» de criterios como el de población ajustada antes de tomar una postura definitiva.
«El nuevo modelo reduce la brecha entre los mejor y peor financiados, pero no basta con reducirla sino que debe eliminarse», afirmó Àgueda Micó. Además, sigue existiendo una diferencia considerable entre la comunidad mejor financiada y la peor, que cifra en unos 700 euros por habitante.
Chunta Aragonesista, parte del grupo de Sumar en el Congreso con un diputado, ha adoptado una postura más firme. El actual diputado y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, anunció que su formación votará en contra «de cualquier modelo de financiación singular para Cataluña que no contemple las singularidades financieras de Aragón recogidas en el Estatuto». Sin embargo, esta amenaza resulta más relevante para la campaña electoral que como mecanismo de presión al Ejecutivo en el Congreso, dado que cuando Pueyo abandone su escaño, CHA dejará de contar con representación, ya que el siguiente en la lista por Zaragoza pertenece a Movimiento Sumar.
En Podemos, las direcciones de Andalucía y Extremadura también rechazaron el principio de ordinalidad del nuevo sistema. Según declaraciones recogidas por Europa Press, la secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, calificó el sistema como producto de un «intercambio electoral» y recordó que la «brújula» debe ser «siempre» la «progresividad, solidaridad e igualdad».
Por otra parte, el candidato de Podemos a las elecciones andaluzas, Juan Antonio Delgado, denunció en X que la ordinalidad «favorece a las comunidades más adineradas y debilita la solidaridad».
Además, la portavoz de Unidas por Extremadura y líder regional de Podemos, Irene de Miguel, alertó que aceptar la ordinalidad implica que «asumir las tesis de la derecha nos conduce al abismo social y territorial».