El magistrado de la Audiencia Nacional ha cerrado la investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril, al no hallar indicios que sugieran sabotaje terrorista.
Los reportes técnicos del Centro Criptológico Nacional y del Mando Conjunto del Ciberespacio descartan totalmente la hipótesis de un ciberataque.
La Policía Nacional revisó más de 8.000 grabaciones y 1.200 correos electrónicos sin detectar rastros de intrusión en los sistemas de Red Eléctrica Española.
La causa del apagón se atribuye a fallos técnicos, como una capacidad insuficiente para controlar la tensión y desconexiones inapropiadas en algunas centrales de generación.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido archivar la causa abierta tras el apagón eléctrico que afectó la Península el pasado 28 de abril.
En su fallo, concluye que no existe ni «el menor indicio» que apunte a un «sabotaje terrorista» como causa del incidente.
El juez tomó esta determinación tras recibir todos los informes técnicos solicitados, los cuales descartan «categoricamente la existencia de evidencias que permitan suponer que el origen de los hechos sea una acción de terrorismo informático«.
Fue el propio Calama quien, por iniciativa propia y sin petición de la Fiscalía, inició este procedimiento, dado que la Audiencia Nacional es la competente para investigar posibles delitos relacionados con terrorismo.
En su resolución, el juez destaca que el informe encargado al Centro Criptológico Nacional, subordinado al CNI, descartó la presencia de «acciones cibernéticas maliciosas o evidencias vinculadas con un ciberataque».
También menciona el informe del Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE), donde tras la inspección de cinco centros de control de estaciones generadoras del sistema eléctrico, no se detectaron indicios de ataque cibernético alguno.
Además, como reconoce el juez, desde el primer informe realizado y firmado por la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional el 18 de junio de 2025, «ya se percibía la ausencia de evidencias» que sugirieran delito.
La CGI examinó 8.028 grabaciones y 1.296 correos electrónicos provistos por Red Eléctrica Española. En ninguno de estos documentos, fechados entre el 18 y el 30 de abril de 2024, se encontró referencia a ataques informáticos o accesos no autorizados a los sistemas de la entidad pública.
Calama señala que el informe preparado por el comité de análisis con respecto a este suceso concluyó que la crisis que causó el apagón tuvo un origen «multifactorial».
«El sistema evidenciaba una capacidad para controlar la tensión que resultaba insuficiente», expone el juez en su resolución. «Varias centrales, que podían regular la tensión, no respondieron correctamente a las órdenes del operador para reducirla e incluso una produjo energía reactiva, lo que agravó la situación», continúa.
Además, algunas centrales de generación se desconectaron. «En ciertos casos, de manera aparentemente improcedente», precisa Calama.
Noticia en actualización
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