Sumar rechaza la iniciativa de Pedro Sánchez de implementar incentivos fiscales a los propietarios que mantengan el alquiler sin incrementos, calificándola de injusta y poco efectiva.
Yolanda Díaz junto a otros integrantes de Sumar reprochan esta medida por beneficiar a los rentistas y sugieren la extensión obligatoria de los contratos de alquiler como alternativa.
Alberto Ibáñez y varios portavoces de Sumar insisten en que la prioridad debe centrarse en la congelación de precios del alquiler y la defensa de los inquilinos.
Podemos también manifiesta su rechazo a la propuesta de Sánchez, considerándola una respuesta equivocada ante la crisis habitacional al otorgar beneficios fiscales a los caseros.
Sumar cierra contundentemente la puerta a las medidas de Pedro Sánchez relacionadas con la vivienda. A través de su portavoz asignado para este tema, Alberto Ibáñez, han adelantado que no respaldarán el decreto ley presentado por el presidente del Gobierno, que busca ofrecer incentivos fiscales a quienes decidan no aumentar el precio del alquiler al renovar contratos.
Esta postura, que califica la medida de contener los precios de alquiler como «injusta» e «ineficaz», ha sido refrendada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, Pablo Bustinduy, responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, así como por la co-coordinadora del movimiento, Lara Hernández, durante una rueda de prensa.
El diputado de Compromís y portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, afirma que el decreto, el cual también incluye regulaciones para el alquiler de habitaciones, está diseñado «para favorecer a los rentistas». Por ello, confirmó que no apoyarán la iniciativa en declaraciones a medios.
En tanto, la vicepresidenta Yolanda Díaz criticó la propuesta porque representa «una entrega de fondos públicos a los rentistas», calificándola como un «grave desacierto». Añadió en un mensaje en BlueSky que bajo estas condiciones, la iniciativa del PSOE no contará con su respaldo.
Bustinduy manifestó que considera la propuesta «ineficaz» e «injusta», defendiendo como alternativa la «prórroga inmediata y obligatoria» de los 600.000 contratos de alquiler que expiran este año.
El ministro sostuvo que la iniciativa no tendrá su apoyo tal y como se ha planteado y enfatizó que no ven correcto intervenir en el mercado de la vivienda mediante incentivos fiscales para arrendadores, instando al PSOE a sentarse a negociar.
Propuesta «inaceptable»
Alberto Ibáñez condenó la propuesta de la facción socialista del Gobierno, calificándola como un «regalo inadmisible a los rentistas mientras se ignoran a los inquilinos». Señaló además que el único decreto que debería presentar Sánchez en el Congreso es aquel destinado a frenar el «incremento masivo» en los alquileres que resultará de la renovación de contratos de casi 600.000 personas en España.
De manera similar, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, subrayó que el anuncio de Sánchez no puede contar con el apoyo de Sumar, calificándolo de «error»; agregó que la medida correcta sería congelar los precios de alquiler.
Por su parte, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, apuntó que las políticas de vivienda deben proteger los derechos de los inquilinos y poner fin a la especulación inmobiliaria, indicando que los beneficios fiscales para caseros «van en la dirección opuesta».
Podemos también ha distanciado su posición de la de Sánchez. Su secretaria general, Ione Belarra, manifestó su rechazo a las ayudas fiscales a los propietarios, afirmando en su cuenta de X que «esto provocará movilizaciones sociales en las calles».
Como en ocasiones anteriores cuando el Gobierno ha planteado bonificaciones a los propietarios, Belarra censuró la medida sin rodeos: «La respuesta del Gobierno a la grave crisis de vivienda consiste en más beneficios fiscales para los caseros. En serio, ya es suficiente».