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Este viernes, el Pleno del Tribunal de Cuentas ha presentado un informe que contempla 44 propuestas legales destinadas a optimizar la supervisión de los partidos políticos y prevenir fraudes en su financiación.
Entre las iniciativas, el Tribunal sugiere que los partidos políticos estén obligados a implementar un plan de saneamiento financiero, similar al que aplican las empresas. Este plan debería activarse cuando registren dos ejercicios consecutivos con resultado patrimonial negativo, con el fin de evitar que se vean inmersos en un concurso de acreedores.
Asimismo, el órgano fiscalizador considera adecuado imponer criterios más estrictos a métodos de financiación como el crowdfunding —usado frecuentemente por Podemos en sus campañas— para exigir la identificación completa de los donantes, restringir las contribuciones privadas a fundaciones vinculadas a partidos políticos y regular la publicidad electoral en Internet y redes sociales.
Estas indicaciones están contenidas en la Moción relativa a la financiación, actividad económico-financiera y control tanto de formaciones políticas como de fundaciones, que el Tribunal de Cuentas enviará a las Cortes y al Gobierno para que valoren la posibilidad de promover estas reformas.
El ‘crowdfunding’
Este conjunto de medidas surge de la experiencia acumulada por el Tribunal de Cuentas en la supervisión de la financiación de partidos y sus campañas electorales. La legislación mercantil establece que una empresa que registre patrimonio negativo —es decir, cuando sus deudas exceden sus activos— debe disolverse e ingresar en concurso de acreedores.
Sin embargo, la normativa actual no contempla un mecanismo similar para partidos políticos cuyo nivel de deuda y pérdidas sobrepasa ampliamente su patrimonio. Por ello, el Tribunal propone que aquellos partidos con dos ejercicios consecutivos de patrimonio neto negativo tengan la obligación de aplicar un plan de saneamiento que incluya recortes en gastos para equilibrar sus cuentas.
Con esta medida, el órgano fiscalizador intenta evitar que partidos que sufren una caída drástica en su financiación por pérdida de representación institucional deban declarar concurso de acreedores. Cabe señalar que las principales vías de financiación de los partidos son las subvenciones que reciben del Estado.
Podemos fue pionero en introducir la modalidad de crowdfunding durante las elecciones europeas de 2014, financiando su campaña mediante microcréditos de sus votantes. Pese a ello, el Tribunal advierte que esta forma de financiación, al carecer de regulación específica, puede facilitar fraudes a través de donaciones que podrían vulnerar los límites legales.
Deudas sin pagar
Por esta razón, se plantea reformar la Ley para que todos quienes financien partidos a través de «donaciones y microcréditos online» estén obligados a identificarse mediante certificado electrónico.
La reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) de 2015 ya prohibió que los bancos condonen total o parcialmente la deuda contraída por estas formaciones. El Tribunal de Cuentas propone extender esta prohibición a todos los acreedores, incluyendo los que financian mediante microcréditos en plataformas de crowdfunding.
Actualmente, la LOFPP impide que un particular realice donaciones superiores a 50.000 euros a un partido, o más de 10.000 euros si el destino es una campaña electoral. Además, su artículo 5.1 prohíbe que las personas jurídicas, como empresas o asociaciones, aporten fondos a partidos políticos.
El Tribunal propone también aplicar estos límites a las fundaciones vinculadas a partidos políticos, que hoy pueden recibir donaciones privadas superiores a 50.000 euros y aportaciones de empresas. En 2018, dichas fundaciones reportaron donaciones que superaron los 2,4 millones de euros (1,8 millones de particulares y 591.025 euros de personas jurídicas).
Publicidad en redes sociales
El órgano supervisor considera que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) ha quedado obsoleta, dado que fija para los partidos un tope para gasto en publicidad exterior —carteles—, prensa escrita y radio, que equivale al 20% del gasto máximo autorizado a cada formación.
El informe propone revisar estos límites y extenderlos a las nuevas modalidades publicitarias, como la publicidad en Internet y redes sociales, cuya relevancia crece en las campañas electorales.
La LOREG considera gasto electoral la publicidad y envío de papeletas por correo, pero no incluye otros gastos como alquiler de autobuses para transportar afiliados a mítines o realización de encuestas. En este sentido, el Tribunal solicita ampliar la lista de gastos electorales y extender su control al periodo de pre-campaña.
Del mismo modo, recomienda buscar alternativas al buzoneo electoral, dado que los votantes pueden disponer de las papeletas en el colegio electoral, lo que evitaría el envío masivo de toneladas de papel a millones de domicilios en cada campaña.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas plantea introducir en la LOFPP sanciones para partidos que incumplan pagos de deuda bancaria, excedan los límites legales de donaciones o no presenten su contabilidad electoral en plazo.