Sumar plantea establecer una regulación para la financiación electoral a través del crowdfunding, fijando un tope anual de 50.000 euros por donante para impedir el lavado de dinero.
Podemos utiliza con frecuencia el crowdfunding como método de financiación alegando su autonomía respecto a la banca, aunque el Tribunal de Cuentas ha cuestionado la claridad de este mecanismo.
La iniciativa presentada por Sumar requiere la identificación de los donantes y el ingreso de los fondos en cuentas supervisadas, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para asegurar un mayor control y transparencia.
Esta propuesta surge en medio del conflicto entre Sumar y Podemos, que recientemente ha fortalecido su alianza con IU y ha mejorado sus resultados en Extremadura sin la coalición de Yolanda Díaz.
Sumar ha registrado en el Congreso una propuesta que demanda regular mediante ley la financiación de campañas electorales mediante microcréditos o crowdfunding, estableciendo límites para cada contribución individual.
Podemos suele recurrir a esta forma de financiación para, según indica, evitar depender de los préstamos bancarios.
La formación morada informó de que recaudó 114.365,75 euros para la campaña de las elecciones europeas de 2014 (donde Pablo Iglesias debutó como eurodiputado antes de incorporarse a la política nacional) a través de pequeñas aportaciones individuales, mediante una campaña de crowdfunding.
En un informe de control, el Tribunal de Cuentas señaló que Podemos no proporcionó los datos de identidad de los donantes que aportaron cerca de la mitad de esa cantidad, algo más de 48.000 euros.
Esta situación contraviene la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que exige identificar correctamente (nombre, DNI y domicilio) a quienes hagan aportaciones económicas a las campañas electorales de los partidos.
Desde 2015, el Tribunal de Cuentas ha solicitado modificar la ley para que las campañas de crowdfunding organizadas por partidos sean más transparentes, proponiendo, entre otras cosas, la obligatoriedad de identificar mediante certificado electrónico a los colaboradores de estos microcréditos.
La coalición de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha pedido ahora incorporar esta recomendación del Tribunal de Cuentas en la ley, introduciendo controles y requisitos más rigurosos en las campañas de crowdfunding de los partidos.
Esto ocurre en un contexto de aumento de la fractura entre Sumar y Podemos.
El partido de Ione Belarra ha retomado su antigua alianza con Izquierda Unida (IU) para presentarse a las elecciones de Extremadura del 21-D, sin contar con Sumar, y obtuvo un buen desempeño: pasó de cuatro a siete escaños en el Parlamento regional, con Irene de Miguel como cabeza de lista.
El número de votos para Unidas por Extremadura aumentó en 17.000, aunque esto representa solo una fracción de los casi 108.000 votos que perdió el PSOE de Miguel Ángel Gallardo.
En su disputa abierta contra Yolanda Díaz, Ione Belarra ha empleado estos resultados para intentar convencer a IU y antiguos aliados de que la marca Sumar ya es prescindible (e incluso contraproducente) para futuras elecciones.
Sin embargo, no ha logrado su propósito. La división perdura de cara a las elecciones de Aragón previstas para febrero, donde se presentarán tres candidaturas separadas de izquierda radical: Sumar con IU, Podemos, y Chunta en solitario.
La iniciativa que Sumar ha presentado en el Congreso establece que la financiación mediante crowdfunding tenga un máximo de 50.000 euros anuales por donante.
Asimismo, pide fijar un periodo máximo de un año para que el partido devuelva estas contribuciones. En caso de que el donante renuncie a la devolución, el importe deberá contabilizarse como una donación.
Sumar también exige que todas las aportaciones de crowdfunding se depositen en la cuenta bancaria destinada a la campaña electoral, lo que implica que serán supervisadas por el Tribunal de Cuentas para asegurar su transparencia.
La propuesta será sometida a votación en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) encargada de las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En sus recomendaciones de 2015, el Tribunal de Cuentas alertó que la falta de regulación sobre el crowdfunding facilitaba posibles fraudes mediante donaciones que podrían superar los límites legales establecidos.
Incluso podría servir para encubrir presuntas operaciones de blanqueo, como las que actualmente investiga un juez en relación con pagos en metálico que el PSOE habría realizado a sus dirigentes durante años.
El ente fiscalizador sugería incluir en la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos (LOFPP) sanciones para los partidos que incumplan con el pago de deudas bancarias, excedan los límites legales en la aceptación de donaciones o no presenten su contabilidad electoral a tiempo.
El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, también ha utilizado el crowdfunding para financiar sus proyectos personales.
Iglesias logró reunir 403.665 euros mediante dos campañas de crowdfunding entre sus seguidores para lanzar su canal de YouTube, Canal Red (que actualmente tiene un importante acuerdo económico con el gobierno chino).
En estos momentos, indica haber conseguido más de 140.000 euros en aportaciones particulares para trasladar su taberna Garibaldi a un local más amplio.