Una semana después, no se ha presentado ninguna solución habitacional para quienes fueron desalojados: algunos ingresaron a un albergue cerrado y otros permanecen acampados bajo el puente de la C-31
Vídeo difundido por el alcalde de Badalona sobre el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona. (@Albiol_XG/X)
Hace una semana, los Mossos d’Esquadra realizaron el desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona, donde residían más de doscientas personas, en su mayoría migrantes. Este edificio ubicado en el barrio de Sant Roc servía como refugio para quienes carecían de otra opción de vivienda.
Tras la actuación policial, las personas desalojadas quedaron sin techo y, desde entonces, muchas han establecido campamentos bajo el puente de la C-31, sin que se les haya ofrecido una alternativa habitacional permanente. El descenso de las temperaturas y la llegada de las lluvias obligaron a varias a ocupar el albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado desde mayo.
El desalojo provocó una crisis política y social en Badalona. El alcalde Xavier García Albiol y el Gobierno central intercambiaron acusaciones sobre quién debía asumir la responsabilidad, mientras el conflicto se extendía a la vía pública y la división entre vecinos comenzaba a hacerse evidente.
Tensión política, protestas vecinales y realojos frustrados
Después del desalojo masivo, la ausencia de respuesta ante la emergencia habitacional intensificó el enfrentamiento entre las administraciones y la comunidad local. Algunos afectados ocuparon el albergue cerrado de Can Bofí Vell. “Como alcalde, no puedo ingresar en ese edificio ni ordenar que la Guardia Urbana lo haga por motivos legales”, explicó Xavier García Albiol, asegurando a la vez que el Ayuntamiento está presionando para desalojar a los ocupantes.
Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, solicitó “serenidad y calma” a quienes rechazan el realojamiento en instalaciones municipales y afirmó que el Govern trabaja “con discreción y dedicación” para solucionar el conflicto. Paralelamente, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusó a Albiol de “racismo, xenofobia y deshumanización”.
Las protestas de los vecinos se han intensificado. El lunes por la tarde, Albiol convocó a habitantes de los barrios de Sant Crist y Montigalà para reiterar que las personas desalojadas no se instalarían ni en la parroquia ni en el albergue. En esa reunión solicitó “un margen para intentar resolverlo”, rodeado por vecinos a quienes invitó, en caso de no lograrlo, a “hacer lo que consideren”.
También transmitió “una recomendación, en especial a los más jóvenes: eviten comentarios inapropiados, porque aquí se está grabando todo absolutamente. Y si hoy ocurre algo… imaginen que esta noche sucede algo: quien haya dicho ‘hay que quemar nosequé no sé cuántos’, tendrá consecuencias”. Esa misma noche, dos grupos contrarios se congregaron en Badalona: uno en apoyo a los desalojados y otro exigiendo su salida del municipio. Los Mossos d’Esquadra intervinieron para separar ambos grupos.
La Fiscalía solicita explicaciones al Ayuntamiento
Diversas organizaciones y el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat acordaron la reubicación de 52 personas, entre ellas 15 con “mayor vulnerabilidad”, pero algunos vecinos bloquearon su alojamiento en la Parroquia Mare de Déu de Montserrat. Las entidades firmantes – Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Fundació Llegat Roca i Pi – descartaron definitivamente esa alternativa y abogaron por soluciones estructurales contra el sinhogarismo.
El martes, la Fiscalía de Barcelona solicitó al juzgado de Badalona verificar si el Ayuntamiento, encabezado por Xavier García Albiol, está proporcionando opciones de realojamiento a las personas desalojadas del B9. Según fuentes del Ministerio Público, el consistorio tenía la obligación de presentar un informe detallando las medidas adoptadas para proteger a las personas vulnerables antes del desalojo, conforme a la resolución judicial.
La Fiscalía pidió información urgente sobre posibles fallos en la protección de los desalojados, con el propósito de verificar si se cumplieron las condiciones que justificaron la intervención policial. La interlocutoria que autorizó el desalojo exigía la adopción de medidas adecuadas antes del operativo.
Denuncia penal contra Albiol
El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, ha presentado una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía dirigida contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tras el desalojo masivo. El documento, al que tuvo acceso EFE, sostiene que el regidor podría estar implicado en cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.
En la denuncia, Asens señala que la resolución judicial que autorizó el desalojo establecía como condición que se garantizara una alternativa habitacional para las personas afectadas conforme al protocolo municipal para personas sin techo, por lo que el desalojo debía realizarse únicamente si se cumplía esta exigencia. Sin embargo, recuerda que Albiol declaró públicamente en varias ocasiones que el consistorio no ofrecería alojamiento ni recursos habitacionales, manteniendo así una acción que contradecía el mandato judicial.
El eurodiputado también denuncia la “tolerancia institucional” del Ayuntamiento ante los “bloqueos y presiones vecinales” que impidieron que los migrantes desalojados accedieran a recursos disponibles ofrecidos por entidades sociales. Según Asens, durante reuniones con vecinos, Albiol escuchó comentarios de naturaleza xenófoba y estigmatizadora que “no recibieron una desautorización clara e inmediata” por parte del alcalde. En la denuncia se menciona la frase pronunciada por Albiol: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis”, expresión que, según Asens, “puede interpretarse razonablemente como una tolerancia implícita a la intimidación colectiva o al uso de la fuerza”.
El texto sostiene que la ayuda a los migrantes fue rechazada “selectivamente” por su origen y condición social, lo que correspondería a un delito de denegación de servicio público por motivos discriminatorios. Añade que la incitación al odio no necesita expresiones explícitas para ser considerada delito y señala indicios de “desobediencia reiterada” por parte del consistorio al no acatar la resolución judicial. Finalmente, Asens apunta que la conducta de Albiol podría encajar en un delito de prevaricación administrativa, al actuar “contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta”.