El magistrado de la Audiencia Nacional ha procesado a Álvaro Romillo junto a otras nueve personas por presunta estafa piramidal vinculada a la plataforma Madeira Invest Club.
A los acusados se les imputan los delitos de estafa agravada y pertenencia a organización criminal, imponiéndoles una fianza solidaria de 247 millones de euros.
La estafa se valora en 185 millones de euros y habría afectado a 3.062 inversores, con fondos desviados a cuentas internacionales, incluyendo una en Singapur con 29 millones de euros.
Romillo aportó 100.000 euros a Alvise Pérez para respaldar su campaña electoral europea; Alvise recomendó públicamente invertir en la plataforma bajo investigación.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, encargado del caso Madeira, ha procesado a Álvaro Romillo, fundador de la plataforma de inversión Madeira Invest Club (MIC).
También ha incluido a otras nueve personas, entre ellos familiares directos del empresario, como su padre, su tío y su pareja.
Calama atribuye a los diez acusados los cargos de estafa agravada y organización criminal, imponiéndoles una fianza solidaria de 247 millones de euros.
El caso Madeira investiga la supuesta estafa piramidal llevada a cabo por Romillo y sus coimputados mediante el MIC, estimada en alrededor de 185 millones de euros y afectando a 3.062 inversores.
Además, el año pasado, tal como admitió ante la Fiscalía, Romillo entregó 100.000 euros a Alvise Pérez para financiar su campaña de elecciones europeas, en las que Pérez obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo.
En la resolución que lo procesa, Calama señala que Romillo, conocido como CryptoSpain, «movido por un ánimo ilícito de lucro, ideó y lideró una organización criminal estructurada y jerarquizada» mediante la cual supuestamente realizó la estafa a gran escala.
El entramado estaba formado por el propio Romillo y por Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte (padre de Álvaro); Juan Carlos Romillo Iriarte (su tío); Mihaela Munteanu Manole (su pareja), David Alcázar Jiménez, Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera y Juan José Moreno Ruiz.
Todos ellos, «siguiendo las órdenes de su líder», manifiesta el juez, «cumplían roles específicos orientados a captar víctimas, administrar la plataforma digital empleada [Madeira Invest Club] como herramienta del fraude y ocultar los beneficios obtenidos».
Madeira Invest Club
Según explica Calama, el sitio web de la plataforma presentaba las inversiones a través de ella como «seguras» y «rentables», incluyendo sectores diversos: relojes de lujo, autos deportivos y de colección, bienes inmuebles, startups, oro y otros metales preciosos, whisky, entre otros.
El juez, sin embargo, los califica como «productos financieros ficticios con la intención de atraer a inversores potenciales».
Madeira Invest Club prometía rendimientos elevados, hasta el 20%. No obstante, la investigación judicial concluyó que estas sumas fueron desviadas por los integrantes del grupo a cuentas sometidas a control de Romillo y sus asociados, «sin actividad real de inversión».
Para lograr sus fines, CryptoSpain, posando como experto en inversiones, utilizaba varios canales de comunicación, incluidos perfiles en TikTok y YouTube.
Además, su estrategia incluía la organización de grandes eventos. En uno realizado en 2024, poco antes de las elecciones europeas, estuvo presente Alvise Pérez, quien desde un megáfono animó a invertir en el MIC y en criptomonedas.
El juez resalta que el actual eurodiputado tuvo «un papel central y destacado» en ese evento, celebrado en abril de 2024.
«El modelo comercial propuesto [por Madeira Invest Club] se basaba en fraude», resume el juez. «El proceder de Álvaro Romillo resultó engañoso y su intención con respecto a los capitales aportados por los inversores fue, desde el inicio, exclusivamente captatoria», afirma.
Fianza de 247 millones
En su auto, Calama ordena a los diez procesados el pago solidario de una fianza de 247.349.230 euros para responder ante eventuales responsabilidades económicas derivadas de una eventual condena.
Dicha cifra corresponde a la suma de un tercio adicional sobre la cantidad presuntamente defraudada, según lo dispuesto por la ley.
Simultáneamente, la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar el desvío del dinero defraudado y su posible blanqueo, dado que esta fase del procedimiento, a diferencia de la principal que indaga la estafa, se halla en una etapa inicial.
Asimismo, el juez ha solicitado varias comisiones rogatorias (peticiones de asistencia y entrega de documentos dirigidas a autoridades extranjeras) y ha emitido órdenes europeas de investigación.
Por ahora, Calama mantiene a Romillo en prisión provisional, debido al riesgo de fuga fuera de España y a la posibilidad de reincidencia delictiva.
Tal como informó EL ESPAÑOL, la Audiencia Nacional identificó una cuenta bancaria en Singapur con 29 millones de euros, alimentada por dos empresas portuguesas propiedad de Álvaro Romillo y su padre, respectivamente.
El juez sospecha que una parte de los beneficios derivados de la presunta estafa terminó siendo desviada hacia dicha cuenta.