El juez del Tribunal Supremo ha impuesto medidas cautelares leves a Manuel García Alconchel, directivo de Acciona, tras su declaración como investigado en el caso contra exsecretarios de Organización del PSOE.
García Alconchel debe comparecer cada quince días en el juzgado, entregar su pasaporte y tiene prohibido salir de España sin permiso judicial, igual que otros ejecutivos de Acciona involucrados.
El directivo firmó memorandos con Servinabar, empresa bajo investigación por presuntamente canalizar comisiones de Acciona a cambio de contratos del Ministerio de Transportes.
García Alconchel declaró que firmó los acuerdos siguiendo instrucciones de un superior y que, finalmente, Servinabar no llevó a cabo los trabajos acordados ni en Sevilla ni en Marruecos.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dictó medidas cautelares leves contra Manuel García Alconchel, directivo de Acciona, tras su declaración como investigado en la causa que involucra a los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
García Alconchel es el segundo ejecutivo de Acciona al que se le ha impuesto la obligación de presentarse cada dos semanas en el juzgado, entregar su pasaporte y contar con autorización judicial para salir de España.
Estas mismas restricciones fueron dictadas el pasado 3 de diciembre a Tomás Olarte, director de la zona norte de la constructora, y a Justo Vicente Pelegrini, hasta julio pasado consejero delegado de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África.
Desde el 18 de noviembre, García Alconchel y Olarte están suspendidos en sus cargos en Acciona, tras hacerse público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la relación entre la multinacional y Servinabar, una pequeña empresa navarra propiedad de Antxon Alonso vinculada a Cerdán, según la investigación.
De acuerdo con los investigadores, Servinabar habría gestionado el pago de comisiones por parte de Acciona a cambio de la adjudicación de contratos del Ministerio de Transportes.
Desde agosto de 2018, García Alconchel es el director de la constructora para la zona sur de España y África. Anteriormente, ocupó durante cuatro años y medio la responsabilidad de Acciona en contratos internacionales en África.
El 27 de noviembre de 2018, firmó un MOU (memorando de entendimiento) con Servinabar, por el que la empresa de Alonso debía encargarse de trabajos relacionados con riesgos laborales en la remodelación del Puente del Centenario en Sevilla, obra en la que la UCO sospecha que se produjeron comisiones ilegales.
Ante el instructor, Alconchel declaró que firmó el MOU siguiendo instrucciones de Pelegrini, quien le informó que Servinabar ya colaboraba con Acciona en otros proyectos desde 2015. «Si una empresa está en los registros de Acciona, significa que ha superado todos los filtros», señaló.
Sin embargo, aclaró que Servinabar no llevó a cabo esos trabajos, por los cuales se había acordado un pago equivalente al 2% del contrato, pues la vigencia del MOU era de dos años y la adjudicación se retrasó considerablemente.
El contrato del Puente del Centenario en Sevilla «se demoró tanto que Acciona contrató a otras empresas y Servinabar no participó ni fue necesaria para la ejecución. El MOU nunca llegó a concretarse», explicó.
No obstante, Servinabar participó en una obra de emergencia de menor escala, el acceso al puerto de Sevilla, proporcionando la contratación de un trabajador, Antonio Muñoz, como supervisor de seguridad, según afirmó García Alconchel.
Muñoz es cuñado de Cerdán, a quien el directivo de Acciona manifestó no conocer. Tampoco ha mantenido relación con Ábalos ni con Koldo García.
«Sin infraestructura en Andalucía»
El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, preguntó sobre un mensaje en el que Antxon Alonso le agradecía algo relacionado con Muñoz. «Ese día fue necesario trasladar a ese trabajador a la oficina porque Servinabar no contaba con infraestructura en Sevilla. Hubo que recogerlo donde se encontraba y llevarlo a las oficinas«.
El juez intervino mostrando su sorpresa ante el hecho de que, para asumir los trabajos de seguridad e higiene laboral, Acciona recurriera «a una pequeña empresa sin presencia en Andalucía, incapaz incluso de trasladar a un trabajador. Contratan a una compañía sin capacidad para realizar ese traslado«. El directivo explicó que él no intervino en el inicio de la colaboración entre Acciona y Servinabar, ya que esa relación le fue presentada como dada.
Indicó que los MOU de Acciona son documentos estándar y que el 2% para riesgos laborales corresponde a un porcentaje ajustado al precio de mercado.
«En ningún momento dentro de la empresa alguien me comentó que Servinabar pudiera tener algún tipo de influencia sobre funcionarios o políticos«, afirmó.
García Alconchel firmó un segundo MOU con Servinabar para un proyecto en el puerto de Kenitra (Marruecos). En relación con esta obra, Ábalos y Koldo García viajaron en enero de 2019 a Marruecos acompañados por Santos Cerdán, quien no tenía responsabilidades gubernamentales.
El directivo de Acciona señaló que también firmó este acuerdo por indicaciones de Pelegrini, «quien me comunicó que Servinabar aportaría contactos y podría ayudar a mejorar la financiación«. Sin embargo, este proyecto no llegó a concretarse.