El Departament de Salut ha emitido una alerta interna sobre esta práctica fraudulenta, según informa ‘La Vanguardia’
El Departament de Salut de la Generalitat ha identificado una serie de empadronamientos fraudulentos con la finalidad de conseguir la tarjeta sanitaria individual (TSI), documento que permite el acceso a los servicios públicos de salud. Según ha informado La Vanguardia, la conselleria ha remitido una circular interna a sus empleados del sistema sanitario para alertar sobre estos casos, además de proporcionar pautas sobre cómo proceder ante esta clase de fraude.
En el documento filtrado por La Vanguardia, la conselleria señala que la mayoría de estas situaciones se han detectado a raíz de que ciudadanos han recibido en su buzón tarjetas sanitarias que no correspondían a integrantes de su unidad familiar. “Posteriormente, se verificó junto con los ayuntamientos que estas correspondían a personas que se habían empadronado en la vivienda de forma fraudulenta, presuntamente presentando documentación falsa (como contratos de alquiler falsificados) al solicitar el empadronamiento”, se detalla en la circular.
En otros casos, los centros de salud han comunicado estos incidentes solicitando directrices sobre cómo actuar. En total, Salut habría detectado aproximadamente treinta casos de fraude, lo que representaría el 0,01% de las 300.000 TSI emitidas en el último año. Por el momento, estos casos suponen una minoría, pero Salut manifiesta su “preocupación por los efectos de estas prácticas, independientemente de su alcance”, según La Vanguardia.
La Generalitat teme que esto genere una “sobrecarga administrativa” para los servicios de atención primaria, “así como para los ayuntamientos”, sumándose la “angustia” de residentes y propietarios “afectados por este fraude”. Hasta ahora, esta situación no impacta a los profesionales sanitarios del sistema catalán, aunque sí afecta al personal que desempeña funciones administrativas.
Un fraude que trasciende Cataluña
No obstante, el problema podría ser más amplio de lo registrado por la conselleria. Según La Vanguardia, el ayuntamiento de Sant Cugat debió dar de baja en octubre a más de 300 personas que se empadronaron irregularmente en agosto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han efectuado varias detenciones relacionadas: el 16 de noviembre, la Guardia Civil arrestó a siete personas acusadas de pertenecer a una organización criminal en Barcelona, Castelldefels y Badalona quienes, entre otras actividades ilícitas, gestionaban empadronamientos falsos a cambio de 15.000 euros. Para ello, empleaban la falsificación de documentos e incluso la usurpación de identidad de mujeres residentes en España.
Esta irregularidad no se limita a Cataluña: en junio, la Policía Nacional desarticuló una red dedicada a estafar a personas migrantes. En esta investigación estuvo implicado un funcionario del ayuntamiento de Toledo, que facilitaba el acceso indebido a trámites administrativos y asesoraba sobre cómo simular empadronamientos fraudulentos. En Madrid, el diario El País denunció la publicación de anuncios en redes sociales y plataformas como Milanuncios que ofrecían un empadronamiento falso en la capital por entre 300 y 500 euros. Asimismo, en este mismo portal pueden encontrarse anuncios de personas extranjeras solicitando empadronarse tanto en Madrid como en Barcelona.
Conseguir un empadronamiento irregular implica la práctica ilegal de falsificar contratos de alquiler o escrituras de propiedad de inmuebles. Estas acciones constituyen un delito de falsedad documental, penado con penas privativas de libertad de dos meses a dos años.