La Audiencia Nacional ha decidido liberar a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, quienes se encuentran bajo investigación por su posible participación en una red de comisiones ilegales.
Se les han impuesto medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio español y comparecencias bimensuales ante la Justicia.
La causa abarca delitos como malversación, tráfico de influencias, participación en organización criminal y prevaricación, vinculando a los investigados con la obtención de contratos públicos y la influencia en distintos ministerios.
La asociación Hazte Oír ha solicitado incorporarse como acusación popular en el proceso, que permanece bajo secreto de sumario.
El magistrado Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, ha otorgado la libertad a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE; a Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y al empresario constructor Antxon Alonso.
Los tres fueron detenidos el miércoles pasado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, el sábado, fueron puestos a disposición judicial en la Audiencia Nacional, entidad que investiga su presunta participación en una red corrupta dedicada a cobrar sobornos de empresas a cambio de influencias determinadas.
Ni Leire Díez ni Antxon Alonso prestaron declaración. Durante la vistilla, la Fiscalía Anticorrupción, representada por Elisa Lamelas Oliván, no solicitó prisión provisional para ellos.
Solo se establecieron medidas cautelares, que comprenden la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante la Justicia dos veces al mes (los días 1 y 15). Por tanto, al no haber esta petición de la Fiscalía Anticorrupción, el juez no pudo decretar prisión preventiva.
La investigación, que ha incluido numerosos registros en entidades públicas y empresas privadas, permanece bajo secreto de sumario.
Los posibles delitos que se examinan son malversación, tráfico de influencias, participación en organización criminal y prevaricación.
Aunque el proceso judicial continúa bajo reserva, la asociación Hazte Oír ha solicitado su incorporación como acusación popular.
Antxon Alonso es propietario de la pequeña constructora Servinabar 2000 SL. Como informó EL ESPAÑOL, junto a su amigo Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE— ejerció influencia en el Ministerio para la Transición Ecológica a favor de la compañía privada Forestalia y otras empresas de energías renovables que abonaban pagos a ambos.
Además, durante el registro de las oficinas de Servinabar 2000 y el domicilio del dueño, la UCO encontró un contrato firmado por Cerdán en cada una de sus seis páginas, mediante el cual el político adquiría el 45 % de la constructora por apenas 6.000 euros.
A pesar de su tamaño reducido, la empresa de Antxon Alonso obtuvo contratos millonarios, entre ellos la reforma de los túneles de Belate (Navarra) y la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla.
En ambos proyectos, Servinabar 2000 participó en una UTE (unión temporal de empresas) junto con Acciona. Según un informe de la UCO, Cerdán habría gestionado pagos ilícitos realizados por esta constructora a él, al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a su principal asesor, Koldo García.
Por otro lado, Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, ya estaba siendo investigada por un Juzgado madrileño –tras la denuncia de Hazte Oír– por hechos diferentes a los actuales.
¿Cuáles? Por sus maniobras para obtener información de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO con el fin de entorpecer sus investigaciones.
Para ello, ella ofreció beneficios judiciales a sus interlocutores y se presentó como representante del PSOE y como «mano derecha» de Santos Cerdán.
Por su parte, Vicente Fernández era una persona de máxima confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tras dejar la SEPI, en 2021 fue contratado precisamente por Servinabar 2000.
El ‘caso Aznalcóllar’
El ingreso de Fernández en Servinabar ocurrió después de que fuera imputado en el caso Aznalcóllar, una investigación judicial relacionada con la concesión de una mina. Hace menos de una semana fue absuelto.
Su contratación tuvo lugar en 2021, tras frustrarse el plan de la ministra Montero para que la causa fuera archivada rápidamente y Fernández pudiera reincorporarse a su cargo. No ocurrió así: fue juzgado, y la absolución se confirmó la semana pasada.
Vicente Fernández mantenía una relación cercana con la actual ministra Montero, quien ahora se distancia de él. Fue la ministra de Hacienda quien respaldó personalmente su nombramiento en SEPI, tras coincidir ambos en la Junta de Andalucía.
Durante su testimonio en el Senado, en la llamada comisión Koldo, el PP interrogó a Fernández sobre el caso Aznalcóllar y acerca de las presuntas maniobras de Leire Díez para sabotear esta investigación.
«¿No explicará usted por qué Leire Díez contactó con periodistas para fomentar una opinión favorable al cierre judicial del caso Aznalcóllar? ¿O por qué elaboró un completo argumentario contra Emerita Resources, la empresa que demandó a la Junta de Andalucía?», preguntó un senador del Partido Popular.
EL ESPAÑOL intentó contactar con Emerita Resources, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Este diario puede confirmar que Leire Díez visitó varios medios de comunicación —entre ellos, este periódico— intentando que se difundieran informes favorables hacia Fernández.