Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso fueron arrestados por la Guardia Civil, señalados de comercializar sus influencias por dinero, vehículos y propiedades con diversas empresas.
La Audiencia Nacional se encuentra investigando una trama de corrupción con conexiones en múltiples administraciones públicas y compañías vinculadas a energías renovables como Forestalia y Sumelzo.
Parte de los fondos presuntamente obtenidos se habría blanqueado mediante el bar La Bola, propiedad de Fernández, que experimentó un aumento significativo en su facturación y liquidez durante 2023.
Se efectuaron 19 registros en domicilios y oficinas empresariales, confiscándose documentos y dispositivos electrónicos; los arrestados deberán presentarse ante el juez de la Audiencia Nacional.
Vicente Fernández, antiguo presidente de la SEPI; Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, comercializaban sus influencias a cambio de pagos en efectivo, vehículos y bienes inmuebles.
Los tres fueron detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro de una causa que permanece bajo secreto judicial.
Fuentes cercanas al caso comunicaron a EL ESPAÑOL que la Audiencia Nacional indaga las presuntas conductas corruptas de estos individuos a través de una red de contactos en el Gobierno de Pedro Sánchez y en varias instituciones públicas autonómicas y locales.
En lo que respecta al exmandatario de la SEPI, cercano a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la UCO sospecha que recibió sobornos en efectivo y múltiples obsequios consistentes en propiedades, varias situadas en Marbella.
Mientras tanto, la fontanera del PSOE habría cobrado en especie, incluyendo dos vehículos que, presuntamente, fueron pagados por compañías que contrataban los servicios de la red.
Antxon Alonso, socio de Cerdán en la pequeña empresa constructora Servinabar, de la que el político posee el 45%, utilizaba esta firma para recibir parte de los sobornos y otras sociedades para enmascarar las comisiones pactadas.
Entre estas empresas se encuentra Next Generation Caliope Innova SL, vinculada a sectores de energías renovables y relacionada con las compañías aragonesas Forestalia y Sumelzo, que habrían pagado a cambio de influencias para favorecer sus intereses.
Esta entidad cuenta con un activo superior a dos millones de euros, aunque en los últimos años no ha registrado ingresos por facturación.
Los trámites para Forestalia y Sumelzo, según EL ESPAÑOL, incluían contactos con el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).
Asimismo, este medio comprobó que Antxon Alonso actuó como intermediario para estas dos empresas, y otras, en gobiernos autonómicos y municipales del PSOE, PNV, EH Bildu y Geroa Bai.
Cabe recordar que Antxon Alonso fue el organizador del encuentro entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi en un caserío vasco días previos a la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El jueves, la UCO continuó con registros en viviendas y sedes corporativas, incluyendo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Mercasa, Enusa y la mencionada Forestalia.
La Guardia Civil indaga, en el caso de la SEPI y sus empresas participadas, posibles irregularidades en varios contratos públicos con indicios de corrupción.
Hasta el momento, se han llevado a cabo 19 registros durante miércoles y jueves, donde se han confiscado documentos y dispositivos electrónicos y móviles.
Este sábado a las diez de la mañana, los tres detenidos deberán comparecer ante el juez titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña.
Según las sospechas de la UCO, la red utilizaba el bar La Bola, situado en Sevilla, para blanquear gran parte del dinero obtenido gracias a sus actividades con empresas.
Este local, propiedad de Vicente Fernández, presentó un notable incremento en sus cuentas durante 2023, con un aumento del 29% en facturación, alcanzando casi 387.000 euros.
Uno de los aspectos más destacados es que el flujo de caja libre creció un 700%, pasando de 9.000 euros en 2022 a 56.000 euros en 2023, último ejercicio disponible en el Registro Mercantil.
A la espera del levantamiento del secreto de las diligencias, las empresas involucradas se han abstenido de comentar el tipo de información que la Guardia Civil les solicitó.
Forestalia emitió un comunicado a última hora del jueves en el que asegura mantener «plena colaboración» con las autoridades y que sus actividades profesionales se desarrollan con «total normalidad».
La empresa aragonesa de la familia Samper es señalada por haber contratado, junto con la familia Sumelzo, a Antxon Alonso para influir en el Miteco, gobiernos regionales y ayuntamientos con el fin de promover una autopista eléctrica de 270 kilómetros entre Navarra y el País Vasco.
Como documentó este diario, el socio de Cerdán consiguió convocar el 6 de noviembre de 2023 una reunión en el Palacio de Navarra con el vicepresidente Félix Taberna, el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y ejecutivos de esta empresa de renovables Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor.
El propósito del encuentro, en el que también participó el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, era agilizar la obtención de permisos para la implementación del proyecto de Forestalia.
Alonso también utilizó su influencia para intentar persuadir a los alcaldes contrarios y a sus comunidades. Fuentes cercanas detallan que el socio de Cerdán, supuestamente, negociaba con ellos y guiaba el monto de compensaciones destinadas a silenciar las críticas.
Curiosamente, Antxon Alonso contrató mediante Servinabar en 2021 al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien fue absuelto la semana pasada en el caso Aznalcóllar, donde enfrentó cargos por presunto tráfico de influencias y prevaricación, entre otros.
Debido a este caso, Fernández tuvo que renunciar al cargo en la SEPI en 2019, apenas un año después de su nombramiento, a pesar de ser uno de los colaboradores más cercanos de María Jesús Montero.
El puesto permaneció vacante durante dos años, ya que la vicepresidenta confiaba en reincorporarlo si la causa se archivaba rápidamente para él.
Durante ese período, Fernández conoció a Leire Díez. La llamada fontanera de Ferraz ejerció como responsable de comunicación en Enusa, la Empresa Nacional del Uranio, integrada en el entorno de la sociedad pública.
Posteriormente, Díez se trasladó a Correos, desde donde emprendió una campaña encubierta para intentar restaurar la reputación de Fernández frente a las acusaciones del caso Aznalcóllar.
Díez visitó numerosos medios de comunicación, incluyendo EL ESPAÑOL, en busca de publicar reportajes favorables hacia Fernández.