Santos Cerdán y Leire Díez extorsionaban a compañías del Ibex 35 exigiendo un millón de euros para evitar la difusión de noticias perjudiciales.
Ambos afirmaban actuar en representación del Gobierno y convocaban a directivos en un piso de Madrid para negociar el pago, advirtiendo sobre consecuencias negativas en caso de rechazo.
Las coacciones incluían la divulgación de dossieres adversos y la presentación de querellas falsas, frecuentemente basadas en audios del excomisario Villarejo.
Vicente Fernández Guerrero, expresidente de SEPI, sería el organizador principal de la red, que también ejercía presión para favorecer a empresas renovables frente a organismos públicos.
Santos Cerdán y Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, extorsionaban a firmas del Ibex 35, exigiendo un millón de euros para evitar la publicación de informaciones negativas. Afirmaban actuar en nombre del Gobierno.
Así lo describen testigos presenciales consultados por EL ESPAÑOL. Indican que las demandas de Cerdán y Díez se realizaban en reuniones llevadas a cabo en un piso utilizado como lugar reservado, ubicado en el número 36 de la calle Diego de León (Madrid).
Este inmueble estaba bajo alquiler de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de SEPI y detenido recientemente junto a la ‘fontanera’ y Antxon Alonso.
El entonces secretario de Organización del PSOE y Leire Díez elaboraron un plan detallado para conseguir que las empresas pagaran la suma exigida.
La operativa se iniciaba con una llamada de Díez, quien se presentaba como representante del Gobierno para alertar a las compañías sobre posibles publicaciones negativas.
Conseguida la atención de los interlocutores, la ‘fontanera’ del PSOE fijaba una cita con ellos en el piso discreto de la trama.
Durante la reunión, Leire Díez manifestaba que desde Moncloa había inquietud por las consecuencias que las informaciones recogidas podrían causar a la reputación de las firmas.
El motivo de esa preocupación gubernamental radicaba en que las compañías eran «sistémicas», implicando que una crisis reputacional podría afectar directamente a la economía española y al empleo.
Para sustentar sus argumentos, presentaba dossieres con noticias desfavorables contra la empresa, muchos basados en audios del excomisario Villarejo que Díez recopilaba junto al empresario Javier Pérez Dolset.
A cambio de su intervención para frenar estas publicaciones, solicitaban un millón de euros como «provisión de fondos», según relatan las fuentes.
Si existía resistencia por parte de las empresas, se iniciaban negociaciones que concluían con una llamada o visita de Santos Cerdán, con el fin de persuadirlas, según testimonios.
En caso de rechazo, algo común, Leire Díez amenazaba a las compañías del Ibex 35 con represalias, enfatizando la imposibilidad de detener las noticias negativas.
Además, EL ESPAÑOL ha confirmado que incluso se amenazaba con presentar querellas falsas contra ellas.
Para poner en marcha estas acciones, Cerdán y Díez convencían a terceros para que interpusieran demandas basadas en acusaciones falsas sobre delitos supuestamente cometidos por las firmas o sus directivos.
También, si las empresas dudaban o se negaban, amenazaban con hacer públicos dossieres y noticias contrarias a sus intereses.
Aunque Vicente Fernández no participaba en estas citas, varias fuentes lo sitúan como el responsable principal de las operaciones desarrolladas por Leire Díez, Cerdán y su colaborador Antxon Alonso.
Como ha revelado EL ESPAÑOL este viernes, el expresidente de SEPI, la ‘fontanera’ y el socio de Cerdán intercambiaban sus influencias por dinero, vehículos y bienes inmuebles.
Estos servicios se asemejaban a una modalidad de lobby ilícito, lo que provocó choques con integrantes de la consultora Acento, fundada por el exministro José Blanco y el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando.
Asimismo, Vicente Fernández y Antxon Alonso ejercieron presiones sobre gobiernos autonómicos y municipales del PSOE, PNV, Bildu y Geroa Bai para beneficiar a la empresa de renovables Forestalia y otros clientes.
Origen: el registro a Servinabar
Este sábado, el expresidente de SEPI, la ‘fontanera’ y el socio de Cerdán serán puestos a disposición judicial tras ser detenidos entre miércoles y jueves.
Los arrestados tendrán la ocasión de declarar ante el juez Antonio Piña en el Juzgado Central nº6 de la Audiencia Nacional.
Será entonces cuando el magistrado decida si los libera o dicta prisión provisional.
El viernes se realizaron nuevos registros vinculados al caso y la UCO incautó expedientes sobre «contratos y subvenciones» en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.
Con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, los agentes inspeccionaron varias direcciones generales.
Entre ellas, la de Patrimonio del Estado, dependiente de Hacienda. También se presentaron en el Tribunal de Recursos Contractuales.
La UCO visitó además las dependencias de Correos y Cofivacasa, ambos vinculados a SEPI.
La mayoría de la información y documentación que motivó esta investigación fue incautada por la UCO durante los registros realizados en la sede de Servinabar y en el domicilio de Antxon Alonso en junio pasado.
Gracias a estos datos, la Guardia Civil elaboró un informe con el que la Fiscalía Anticorrupción interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional el miércoles pasado.