De acuerdo con los investigadores, Leire Díez pudo sobrepasar los límites legales desde la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno.
La operación llevada a cabo ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado a Leire Díez al escenario de la corrupción en el PSOE, dejando atrás su hasta ahora modesta función de fontanera en las cloacas del partido. Su detención, junto con la gravedad de los cargos que se le imputan en la causa secreta abierta en la Audiencia Nacional, la sitúan en una dimensión mayor que la de ex militante socialista que presuntamente intentó sobornar a dos fiscales para atenuar las investigaciones dirigidas contra el círculo más cercano de Pedro Sánchez. Actualmente enfrenta cinco delitos graves que demuestran que, según los investigadores, Díez pudo actuar fuera de la legalidad desde que Sánchez asumió la presidencia del Gobierno.
La investigación se encuentra abierta por supuestos delitos de tráfico de influencias, fraude, falsedad documental, malversación y prevaricación. Además de ella, la UCO ha arrestado a Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quien está siendo investigado por supuestamente facilitar el cobro de mordidas a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Ambos son indagados por la manipulación de contratos públicos y coincidieron en organismos oficiales tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.
El presidente del Gobierno eligió a Vicente Fernández para liderar la SEPI en junio de 2018, justo al asumir el cargo. Fernández se vio forzado a dimitir tras ser imputado por la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, caso del que fue absuelto recientemente. Paralelamente, Sánchez nombró a Díez como jefa de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio SA (ENUSA), entidad pública dependiente de SEPI, por lo que ambos coincidieron en los cargos otorgados por el presidente entre 2018 y 2019. La llamada fontanera de Ferraz permaneció en ENUSA de 2018 a 2021. Finalizada su etapa en esta empresa, la ex militante socialista fue consejera de la sociedad Cistec Technology entre 2021 y 2023.
Su nombramiento provocó polémica debido a su carencia de experiencia previa en el sector y al posterior interés de SEPI en dicha compañía. La investigación se centra en la relación entre Díez y Fernández para manipular contratos públicos desde sus respectivas posiciones.
La orden de arresto contra Díez fue emitida por el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, que ha abierto una pieza secreta para investigar estos hechos. La Audiencia Nacional asumió la causa tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas. Las pesquisas recayeron en el juzgado de guardia, dirigido por el magistrado Antonio Piña, encargado de supervisar las entradas y registros que efectúan agentes de la UCO. La operación continúa bajo secreto sumarial. Fuentes relacionadas con la investigación señalan que se trata de unas indagaciones centradas en el presunto amaño de contratos, siendo el principal delito bajo investigación el tráfico de influencias.
Hasta ahora, la UCO no ha llevado a cabo registros en la sede de SEPI, según confirman las mismas fuentes consultadas. Además de esta causa que motivó su detención, la ex militante socialista está siendo investigada en otra pieza por cohecho y tráfico de influencias debido a un intento de soborno a los fiscales José Grinda y Ignacio Stampa. La fontanera de Ferraz está imputada ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por presuntas maniobras para entorpecer investigaciones judiciales, según sospechas de la UCO.
Durante esta última investigación, el magistrado Arturo Zamarriego rechazó el pasado martes la solicitud de la ex militante del PSOE para anular las grabaciones que motivaron su imputación, considerando, entre otros factores, que estas no han sido sometidas a examen pericial. Zamarriego dictaminó que «no procede, por el momento, declarar la nulidad solicitada». La ex militante, que niega la autenticidad de esos audios, pidió que se declarase «la nulidad total de las grabaciones y de todo lo derivado de ellas, excluyéndolas del proceso» y que no se reprodujeran durante su declaración el 17 de noviembre pasado, petición que también fue denegada. Estas grabaciones corresponden a un encuentro con el fiscal Stampa, donde Díez se identifica como «la persona del PSOE» y «mano derecha» del ex dirigente socialista Santos Cerdán.