Vicente Fernández, quien fue colaborador directo de la ministra María Jesús Montero y fue arrestado esta semana dentro de las indagaciones por su probable vinculación en un caso de corrupción, posee un importante entramado empresarial en Andalucía.
Fernández participa en dos sociedades ubicadas en el sur de España. La primera corresponde a un bar especializado en desayunos y menús ubicado en un parque científico tecnológico. Se denomina La Bola, establecimiento en el cual figura como único administrador desde 2023, según los documentos a los que ha accedido EL ESPAÑOL.
La segunda sociedad, Goloso 25 SL, se dedica, conforme al Registro Mercantil, a «la compraventa, arrendamiento no financiero y explotación de todo tipo de bienes inmuebles, incluyendo solares, terrenos, edificios en régimen de propiedad horizontal o no, locales, viviendas, fincas rústicas y bienes similares».
En términos más simples, Goloso 25 SL se enfoca en el alquiler de viviendas por períodos breves. Se trata probablemente de pisos turísticos.
Resulta llamativo que ambas sociedades marchan ‘a toda velocidad’, especialmente en 2024. Durante ese año, según las cuentas a las que tuvo acceso este medio, Goloso 25 SL incrementó su volumen de negocio en un impresionante 254 por ciento.
Registro Mercantil
Esto significa que su facturación pasó de 34.386 euros en 2023 a 121.841 euros. El crecimiento es más que sobresaliente para una compañía que, según el Registro Mercantil, se constituyó en febrero de 2023, solo un año antes de registrar ese aumento tan significativo. Fernández asumió el cargo de administrador mancomunado desde su inicio.
¿Y qué ocurre con la otra sociedad? La Bola, el bar situado en la Isla de la Cartuja que ofrece desayunos, menús y bebidas durante los partidos, y donde los seguidores del Betis suelen realizar la ‘previa’ antes de acudir al estadio cercano, también muestra un buen desempeño.
Según los estados financieros presentados por la empresa, de la cual el colaborador cercano de Montero es único administrador, en 2023 el negocio mejoró un 29 por ciento.
Destaca especialmente el progreso en el flujo de caja ese mismo año, es decir, el efectivo que circula en el bar. Precisamente, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el local el jueves pasado, sospechando que podría estar siendo empleado para el blanqueo de dinero negro.
En consecuencia, el efectivo manejado por esta sociedad aumentó un 700% durante el último año. Pasaron de tener un saldo negativo de 9.000 euros en 2022 a contar con más de 56.000 euros en 2023.
Todo esto se da en las empresas de Fernández en Andalucía, aunque posee otros negocios. Existe además una tercera sociedad, ubicada en Madrid: Allies & Altera, que desarrolla la misma actividad que Goloso 25 SL desde abril de 2024.
Este negocio también resulta rentable para Fernández, quien además funge como administrador único. En ese único ejercicio facturó
Además, el exdirector de la SEPI cuenta con propiedades de alto valor en la Costa del Sol, Sevilla y Madrid.
Así lo señaló el PP durante la comisión de investigación del Senado a la cual Fernández acudió a testificar.
Entre esas propiedades destacan un chalé de 330 metros cuadrados en la exclusiva urbanización Puerta de Hierro de Madrid —donde residen, por ejemplo, Isabel Preysler—, dos chalés en la urbanización La Juliana de Sevilla, uno de 500 metros y otro de 1.000 metros, así como tres viviendas en Marbella, situadas cerca del mar y en una zona muy solicitada por turistas.
¿De qué manera puede acumular un patrimonio semejante un político? El PP lo valora en 10 millones de euros, suma muy elevada para un funcionario público.
Según fuentes de la Junta, en este organismo Fernández, incluso con un nivel 30, el más alto, alcanzaría aproximadamente unos 60.000 euros anuales como máximo.
A esta cantidad podría añadirse su salario como presidente de la SEPI, que asciende a 220.000 euros anuales. Desempeñó este cargo desde 2018, cuando fue nombrado por Montero, hasta 2019, cuando tuvo que abandonar debido a la judicialización del caso Aznalcóllar, del cual fue absuelto recientemente.
En ese momento, supuestamente, Cerdán lo ‘reubicó’ en Servinabar, empresa en la que se sospecha que tenía casi la mitad de participación y que está siendo investigada por adjudicación irregular de obras públicas, incluyendo la ampliación del puente del Centenario, infraestructura vital para la movilidad en la capital andaluza.