La Policía ha arrestado a Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI y colaborador cercano de María Jesús Montero, junto a Leire Díez en el marco de una investigación llevada a cabo por la Audiencia Nacional.
La captura de Fernández intensifica la presión política sobre María Jesús Montero y ejerce un mayor escrutinio judicial sobre Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, debido a sus vínculos profesionales y empresariales.
Tras su etapa en la SEPI, Fernández trabajó en Servinabar, una compañía navarra relacionada con Santos Cerdán, percibiendo más de 100.000 euros por su labor como especialista en adjudicaciones públicas.
Ambos arrestados enfrentan acusaciones por posibles delitos que incluyen fraude, falsificación documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
Los escándalos continúan sacudiendo al Gobierno sin pausa, desgastando progresivamente tanto al Ejecutivo como al PSOE.
Este miércoles, la crisis alcanzó directamente a María Jesús Montero, cuando la Policía detuvo a uno de sus colaboradores más cercanos, Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI.
El caso golpea directamente los fundamentos que Pedro Sánchez ha utilizado para sostener la estructura del partido y del Ejecutivo, con un apoyo clave en Andalucía, Navarra y el País Vasco.
Vicente Fernández representa el vínculo entre la vicepresidenta primera y segunda al mando del PSOE, y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE liberado recientemente tras pasar tiempo en prisión.
Mientras los socialistas intentaban lidiar con denuncias de acoso sexual, la Guardia Civil sorprendió con la detención de Leire Díez y Vicente Fernández, en un caso nuevo por el cual investiga el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional.
Dado que la causa se mantiene bajo secreto judicial, no se conocen los detalles exactos de los hechos que motivaron las detenciones ni las fechas precisas, pero todo indica que se trata de un nuevo caso vinculado a un colaborador cercano que termina procesado.
Leire Díez, apodada la «fontanera» del PSOE, está ya imputada por presuntas amenazas a fiscales en otra investigación.
En el partido y en el Gobierno hay preocupación sobre sus posibles declaraciones, ya que ha demostrado cierta inclinación a jactarse de sus actividades.
Vicente Fernández dirigió la Sociedad Española de Participaciones Empresariales desde junio de 2018 hasta octubre de 2019.
La relevancia de esta detención radica en que Fernández fue la mano derecha de María Jesús Montero cuando ella era consejera de Hacienda y él, interventor general de la Junta de Andalucía.
Por lo tanto, su arresto estrecha el cerco político alrededor de Montero, que ya estaba debilitada por el escándalo mal gestionado de Paco Salazar.
En 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder, Montero fue nombrada ministra de Hacienda, ministerio que supervisa la SEPI, donde colocó a Vicente Fernández como presidente por su confianza absoluta.
El puesto en la SEPI es uno de los más delicados de la Administración central, ya que esta entidad supervisa todas las empresas con participación estatal, incluyendo Correos, Navantia, Agencia EFE, Tragsa, Mercasa y Hunosa, entre muchas otras. En total, más de cien compañías en las que el Estado posee participación, aunque sea minoritaria.
En 2023, el grupo SEPI registró un volumen de negocios de 5.908 millones de euros y un valor contable superior a 15.700 millones de euros, lo que subraya la relevancia de que su presidente sea un cargo de total confianza para la ministra de Hacienda.
En el caso de Fernández, esa relación con la actual vicepresidenta estaba claramente reconocida. Cuando en octubre de 2019 se le imputó en el caso Aznalcóllar, Montero decidió dejar vacante su puesto.
Logró que un vicepresidente asumiera el mando en la SEPI a la espera de la resolución judicial que exonerara a su colaborador. Por esa razón, no designó a un sucesor definitivo hasta febrero de 2021, cuando Fernández fue formalmente procesado.
El proceso Aznalcóllar concluyó este lunes con la absolución de Fernández, pero apenas dos días después fue detenido por otro caso que investiga la Audiencia Nacional.
Fernández en Servinabar
En este contexto se evidencia la conexión entre María Jesús Montero, Santos Cerdán y Vicente Fernández.
El expresidente de la SEPI entró a trabajar en Servinabar, una empresa navarra vinculada a Cerdán y a Antxon Alonso, que habría financiado gastos de Cerdán y supuesto beneficiaria de adjudicaciones públicas.
Para formalizar la contratación, Fernández solicitó autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses, debido a que aún estaba vigente el periodo de incompatibilidad de dos años tras abandonar un cargo público.
Estuvo contratado en Servinabar desde mayo de 2021 hasta febrero de 2023, es decir, poco después de que Montero asumiera la dirección de las empresas públicas.
Durante esos casi dos años, cobró más de 100.000 euros como especialista en adjudicaciones públicas, frente a los casi 300.000 euros anuales que percibía en la SEPI.
Este hecho intensifica la presión judicial sobre Santos Cerdán, quien salió hace tres semanas de prisión tras cumplir casi cinco meses por el caso Koldo.
Asimismo, Vicente Fernández estableció una relación amistosa con Leire Díez, cuando ella ejercía como jefa de Comunicación en ENUSA, empresa pública del sector nuclear vinculada a la SEPI.
La llamada fontanera ayudó intentando publicar en distintos medios (incluido EL ESPAÑOL) noticias favorables a Fernández durante el proceso de Aznalcóllar, en un plan orquestado por María Jesús Montero para que su colaborador fuera exonerado y pudiera regresar a la SEPI.
Por otro lado, diversas fuentes sostienen que Leire Díez colaboraba con Santos Cerdán mientras él estaba al frente de la Organización del PSOE, recopilando información comprometida.
En definitiva, Leire Díez y Vicente Fernández trabajaban simultáneamente para Cerdán, desempeñando roles y funciones distintas. Desde entonces, mantienen una relación de amistad y cooperación.
Este miércoles fueron detenidos simultáneamente por la UCO bajo sospechas de fraude, falsificación documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.