Vicente Fernández, exdirector de la SEPI y aliado cercano a María Jesús Montero, ha sido arrestado junto a Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, por mandato de la Audiencia Nacional.
Últimamente, Fernández fue absuelto en el caso Aznalcóllar después de años de disputas legales y sucesivas reaperturas de la causa promovidas por la jueza Mercedes Alaya.
Tras abandonar la SEPI, Fernández pasó a formar parte de la constructora Servinabar 2000 SL, ligada a Santos Cerdán y bajo la lupa de la UCO.
Desde su cargo en la sociedad pública Enusa, Leire Díez intentó defender públicamente a Fernández y facilitar el cierre del caso Aznalcóllar.
A Vicente Fernández (Málaga, 1973), quien presidió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el respaldo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la calma y satisfacción apenas le duraron una semana.
Un magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado su detención junto a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, cinco días después de que la Audiencia de Sevilla lo absolviera, junto a otros 15 empleados de la Junta, por supuestas irregularidades en el concurso de la mina de Aznalcóllar.
La denuncia fue presentada en 2015 mientras Fernández ejercía como secretario general de Innovación, Industria y Energía en la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Fuentes del PSOE andaluz, impactadas por su detención, comentan a EL ESPAÑOL que «fue otra víctima más de la jueza Mercedes Alaya«.
Alaya reabrió el caso en dos ocasiones sin considerar el criterio de la Fiscalía, que solicitó el archivo en siete oportunidades, ni el informe de la UCO, que no detectó irregularidades tras examinar casi 125.000 correos electrónicos de los ex altos cargos ya absueltos.
La propia Leire Díez, antes de hacerse conocida a nivel nacional, asistió a las primeras sesiones del juicio. Esto fue antes de que salieran a la luz sus maniobras para obtener información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.
Vicente Fernández es menos conocido debido a su perfil más técnico. No obstante, posee una amplia trayectoria en los gobiernos andaluces.
Ingresó mediante oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en 1999, siendo número uno de su promoción a los 26 años, y dirigió asesorías jurídicas en diversas consejerías de la Junta durante los gobiernos socialistas hasta 2018.
También desempeñó el cargo de secretario en los consejos de administración de la Empresa Pública de Gestión de Activos; la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, y Cartuja 93.
En 2018 ascendió a nivel nacional gracias a Montero, quien le otorgó la presidencia de la SEPI. Sin embargo, su mandato duró solo 15 meses, ya que en octubre de 2019 la imputación en Aznalcóllar lo obligó a dimitir.
Su vínculo con Montero se estrechó cuando en 2016 Vicente Fernández comenzó a colaborar con ella como interventor general de la Junta de Andalucía hasta junio de 2018, periodo en que Montero dirigía la Consejería de Hacienda bajo el último gobierno socialista de Susana Díaz.
Fue allí donde conoció a Leire Díez. De hecho, ella participó activamente en el intento de María Jesús Montero por reincorporarlo a la SEPI tras su desimputación, como informó este periódico en mayo pasado.
Después se abrió un periodo de un año y medio con la presidencia vacante, que fue ocupada interinamente por el vicepresidente Bartolomé Lora con el fin de facilitar el regreso de Fernández al cargo.
Durante ese tiempo, Leire Díez maniobró para promover su rehabilitación pública y profesional. Asimismo, buscó que se archivara la causa o se declarara su nulidad.
Para lograrlo, no dudó en dialogar con periodistas y medios a fin de generar una opinión favorable al cierre del caso. Este trabajo lo realizó mientras ejercía como directora de comunicación de la sociedad pública Enusa, participada por la SEPI.
Fichado por Servinabar
Sin embargo, tras el fracaso de su estrategia, Vicente Fernández fue contratado por la constructora Servinabar 2000 SL, vinculada a Santos Cerdán y relacionada con adjudicaciones bajo investigación por la UCO.
La empresa de Antxon Alonso —antiguo socio de Koldo García— y Cerdán le incorporó en mayo de 2021, manteniéndolo bajo contrato durante un año y medio.
Según el portal de Transparencia, Fernández solicitó autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar en la constructora navarra investigada y en el despacho Martínez Escribano Abogados y Economistas el 19 de mayo de 2021; precisamente el bufete que le representó en la causa de Aznalcóllar.
Por ello, fue citado en julio pasado a declarar en la comisión de investigación del Senado sobre la trama, donde se acogió a su derecho a no declarar.
En junio, María Jesús Montero afirmó no saber «ni dónde trabajaba» Fernández, quien había dejado el Ministerio «hace cinco o seis años», después de convertirse en «una víctima» de la jueza Alaya.