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- Autor, Atahualpa Amerise
- Título del autor, BBC News Mundo
- 9 diciembre 2025, 21:38 GMTActualizado 1 hora
¿Corrupto y enemigo de la patria o víctima de un régimen en crisis económica?
Es la interrogante que muchos cubanos plantean tras hacerse pública la condena a Alejandro Gil, exministro de Economía (2018-2024) quien encabezó la fallida gran reforma reciente destinada a sacar adelante al país.
Gil, de 61 años, recibió este lunes una sentencia de cadena perpetua por cargos de espionaje, cohecho y «actos en perjuicio de la actividad económica», entre otros cargos.
El Tribunal Supremo Popular de La Habana también le impuso 20 años adicionales de cárcel y ordenó la incautación de sus bienes.
El veredicto, que no detalla los delitos específicos imputados ni la evidencia que sustentó la condena, finaliza un juicio pleno de secretismo que deja múltiples incógnitas sin resolver.
Destaca la severidad excepcional de la pena contra Gil, quien fue el responsable principal de la economía cubana y una figura clave del gobierno de Miguel Díaz-Canel hasta perder su posición hace casi dos años.
¿Traidor o cabeza de turco?
El proceso judicial contra Gil se inició el 31 de octubre, más de un año después de que en febrero de 2024 el presidente Díaz-Canel lo relevara de su cargo como ministro de Economía y Planificación.
El procedimiento se desarrolló con rapidez y en estricto secreto, sin participación del público ni medios independientes en las audiencias donde se presentaron pruebas, se escucharon testimonios y se expusieron alegatos.
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Después de dos audiencias privadas en noviembre, en las que Gil compareció para declarar, el Tribunal Supremo Popular emitió un fallo doble.
Por un lado, fue sentenciado a cadena perpetua por espionaje, daños a la actividad económica o contratación, cohecho, sustracción y deterioro de documentos oficiales, violación de sellos estatales y reiterada infracción de leyes para la protección de documentos clasificados.
Por otro lado, recibió una condena de 20 años por cohecho continuado, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal.
Además, se impuso la confiscación de sus bienes, la inhabilitación para ocupar puestos relacionados con la administración de recursos y la suspensión de derechos civiles.
El fallo sostiene que «mediante un actuar corrupto y simulador», el exministro «se aprovechó de las atribuciones derivadas de sus funciones para obtener beneficios particulares, recibiendo pagos de empresas extranjeras y sobornando a otros funcionarios para legitimar la adquisición de bienes».
También indica que «engañó a la dirección nacional y al pueblo representado, ocasionando así perjuicios a la economía», además de facilitar información clasificada «a servicios enemigos», sin ofrecer más detalles.
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Según la condena, sus actos configuran «traición a la Patria», considerado «el delito más grave», además de una «pérdida ética, moral y política».
Sin embargo, ni la corte suprema ni las autoridades cubanas han aclarado qué beneficios personales obtuvo Gil, qué empresas extranjeras estuvieron involucradas, a quién se sobornó, qué datos clasificados fueron manejados o a qué «enemigo» del Estado cubano se facilitó dicha información.
Esa falta de claridad ha llevado a expertos, familiares del condenado y usuarios en redes sociales a sugerir que la severa condena esconde causas internas del régimen o que simplemente se utiliza a Gil como chivo expiatorio para cargar la responsabilidad de la crisis económica actual.
«Resulta incomprensible que se prive al pueblo del derecho fundamental a conocer las particularidades de un juicio basado en delitos económicos, corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias, entre otros», denunció María Victoria Gil, jurista residente en España y hermana de Alejandro Gil, en diálogo con Martí Noticias, medio con sede en Miami.
Alejandro Gil y la economía cubana
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Nacido en 1964, Alejandro Gil pertenece a la generación que no experimentó directamente la Revolución de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder, a la que también pertenece el presidente Díaz-Canel.
Con formación como ingeniero en Explotación del Transporte, Gil desarrolló una trayectoria ascendente dentro de las instancias decisorias del gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único partido legal), llegando a ser nombrado ministro de Economía y Planificación en 2018.
En ese momento era considerado mano derecha del presidente y asumió la responsabilidad de recuperar una economía en crisis constante, agravada desde 2020 por la pandemia y el endurecimiento de sanciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos.
Gil fue el principal impulsor de la Tarea Ordenamiento, una reforma estructural de la economía cubana iniciada el 1 de enero de 2021 con la unificación monetaria y cambiaria que eliminó el peso convertible (CUC), finalizando un sistema de doble moneda vigente desde 1994.
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Simultáneamente, se estableció una tasa fija de cambio entre el peso cubano (CUP) y el dólar, se incrementaron salarios y pensiones y se eliminaron o redujeron ciertos subsidios estatales considerados excesivos, con el objetivo de equilibrar costos y precios.
Esta medida provocó una dolarización de facto en la economía nacional, donde el valor del peso cubano cayó casi un 95% en menos de cinco años, pasando de un tipo de cambio oficial de 24 CUP por dólar a más de 440 CUP en el mercado informal.
Aunque no se puede afirmar con certeza cuánto de esta situación es atribuible a las políticas de Gil—ya que la economía estaba en declive antes de la reforma—lo claro es que la crisis se ha profundizado hasta un nivel crítico.
Entre 2019 y 2024, el PIB se contrajo un 12% según cifras oficiales, aunque analistas estiman que la caída real es aún mayor, y se pronostica un nuevo descenso para este año.
Las finanzas públicas están prácticamente quebradas, con una deuda externa estimada en más de 40.000 millones de dólares, lo que dificulta la entrada de inversiones extranjeras y nuevos créditos, incluso por parte de aliados recientes como Rusia, China o Irán.
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Esta situación se combina con una inflación persistente, la reducción de ingresos fiscales y una escasez creciente de combustibles.
En este marco se produjo el mayor éxodo migratorio en la historia de Cuba, ya que entre 2021 y 2024 la población pasó de más de 11 millones a 9,7 millones, según datos oficiales; no obstante, un estudio reciente del demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos sitúa la cifra actual cercana a los 8 millones.
Los cubanos que permanecen en el país enfrentan serias dificultades para acceder a alimentos, cortes eléctricos prolongados —en muchos casos sin electricidad durante gran parte del día— y una epidemia de virus transmitidos por mosquitos que el sistema sanitario, deteriorado y escaso en recursos, no logra controlar.