La presidenta del Congreso defiende la necesidad de «ajustar» la Constitución a la «variada realidad territorial», mientras el jefe del Ejecutivo solicita «paciencia» para restaurar la relación con Junts
Desde hace años, el Día de la Constitución se ha convertido en una oportunidad para que los partidos políticos se lancen críticas mutuamente a quemarropa. Lejos de propiciar un mínimo de diálogo y consenso, esta fecha es ya el momento elegido para demostrar que la polarización y el conflicto constituyen el principal mal que afecta a la democracia española. Y si se presenta la oportunidad de ampliar la fractura con el adversario contratando apoyos que actúan según el mejor postor, mucho mejor. El evento de ayer fue un ejemplo de confrontación caótica y sin límites. Todos contra todos: Sánchez, Feijóo, Ayuso, Díaz e incluso quienes no estaban presentes, como Abascal.
La percepción de que Sánchez está presionado por casos de corrupción y abuso, que su Ejecutivo está fragmentado y que ha perdido la mayoría parlamentaria que le entregó la investidura y lo ha sostenido hasta ahora, son factores fundamentales que explican su táctica. Especialmente el último. Así, apostando por solucionarlo, se eliminarían los obstáculos que hoy le impiden al presidente afirmar con credibilidad que resistirá hasta 2027 y cumplirá la legislatura completa.
La estrategia para reincorporar los siete votos de Junts, que hace dos años le abrieron nuevamente las puertas de La Moncloa, se activó la semana pasada con Sánchez asumiendo públicamente sus incumplimientos con los de Puigdemont y autorizando en el Consejo de Ministros un decreto con medidas en favor de la formación independentista.
Ayer, la sesión en el Congreso con motivo del aniversario constitucional se transformó en una nueva ocasión para que Sánchez enviara señales a Junts, llegando incluso a respaldar la solicitud de ruptura con los populares lanzada por Puigdemont, quien calificó al PP de «heredero del franquismo». Además, en esta ocasión, el presidente contó con el respaldo de la tercera autoridad del Estado, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
«Nuestra Constitución puede incorporar nuevos derechos, nuevas libertades (…) Es posible adecuarla a la variada realidad territorial de nuestro país y convertirla en un texto del siglo XXI. Esto nos recuerda, además, que las leyes son nuestras, de la ciudadanía; que surgen de la voluntad popular y sus necesidades; que se adaptan y transforman a medida que avanza la sociedad a la que representan».
Las palabras de la presidenta del Congreso en su discurso institucional sugieren la posibilidad de abrir la puerta a introducir en la Constitución modificaciones que reconozcan el principio de plurinacionalidad, la existencia de naciones dentro del Estado como propone el PNV o incluso, según interpretaron en la oposición, la aceptación del derecho a decidir —por medio de un referéndum de autodeterminación— que reclama Junts. En definitiva, el objetivo es sumar fuerzas junto a Sánchez para restablecer vínculos con Puigdemont, alimentando la idea, impulsada por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor del Gobierno hasta hace poco, con Waterloo, de que es indispensable el «reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña».
Por ahora, nada indica que la formación de Puigdemont se flexibilice ante estos planteamientos que, de momento, son meras declaraciones, dado que introducir modificaciones de tal magnitud en la Carta Magna requeriría mayorías reforzadas que este Gobierno no puede reunir. Sería distinto plantear estas iniciativas por vías paralelas, con la aprobación del TC, como ocurrió con la Ley de Amnistía.
Junts comunicó su ruptura con Sánchez a finales de octubre y a la mano que el presidente les extendió la semana pasada respondieron con un tajante: «Estamos donde estábamos». Es decir, manteniéndose en el no.
Esto quedó patente al rechazar en la primera votación la senda de estabilidad presupuestaria, paso indispensable para diseñar y tramitar el proyecto de cuentas del Estado. Nada indica que en la próxima votación, en segunda instancia, faciliten su aprobación.
Por ahora, con algunas concesiones y gestos, Pedro Sánchez intenta revertir una realidad que parece inamovible. El presidente asegura que empleará todos los mecanismos a su alcance y pide «paciencia», pero también insiste en que, ocurra lo que ocurra, mantendrá la presidencia y completará la legislatura. Con o sin apoyo en el Congreso; con o sin Presupuestos. Sostiene que su estrategia consiste en continuar gobernando para culminar la ejecución de los fondos europeos y consolidar la «normalización» en Cataluña.
Además, afirma estar convencido de poder impulsar votaciones en el Parlamento, lo que únicamente será posible si consigue el respaldo de los siete diputados de Puigdemont. Por ello, todo apunta a que las propuestas que el Ejecutivo presente a la Cámara se adecuarán cuidadosamente para satisfacer a Junts, sin incomodar a los socios situados a la izquierda del PSOE. Una tarea de equilibrio complicada, especialmente considerando, como admitió ayer el propio presidente, que no hay contactos con la formación independentista.
La posibilidad más clara de restablecer las relaciones con Junts la expresó ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para quien la clave radica en el regreso de Puigdemont a España, algo que el Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional avalice la próxima primavera. En ese escenario, sí existirían opciones para aprobar unos Presupuestos, los primeros y últimos de una legislatura que podría llegar a término. Por tanto, la primavera se convierte en una fecha fundamental para Sánchez. Hasta entonces, y pese al esfuerzo de todas las instancias de La Moncloa, la probabilidad de que Junts cambie su postura es muy baja.