El mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, finalizará en 10 días sin que PSOE y PP hayan comenzado las negociaciones para su sustitución.
La ausencia de consenso entre los principales partidos retrasa este proceso, a pesar de la advertencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos debido a incumplimientos anteriores en las renovaciones institucionales.
El Senado debe poner en marcha la selección de candidatos, aunque el periodo para recibir propuestas podría prolongarse y no existe acuerdo político para lograr la mayoría cualificada exigida.
Este bloqueo favorece al PP, que podría optar por aguardar a las próximas elecciones para intentar conseguir la mayoría y modificar el equilibrio ideológico del Tribunal Constitucional.
Cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, deberían ser relevados dentro de 10 días por nuevos integrantes. Sin embargo, esto no sucederá.
En un retraso más en la renovación institucional, PSOE y PP no cumplirán con el plazo para elegir a los sucesores de Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías.
Con la anticipación que marca la ley, Conde-Pumpido solicitó al Senado el pasado agosto, responsable en esta ocasión de la renovación, que iniciara el proceso para designar a los nuevos magistrados.
Hasta ahora, la Cámara Alta no ha tomado acción alguna, pese a que, a diferencia de anteriores procesos, ya se conoce que España corre el riesgo de recibir otro revés del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no cumplir con las renovaciones institucionales.
El TEDH sancionó al Estado español en junio de 2023 por no aplicar el procedimiento legalmente establecido para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la fase previa a la votación parlamentaria. El cambio del CGPJ acumulaba entonces casi cinco años de demora, y la renovación está prevista para julio de 2024.
Fuentes del Senado informaron que esta semana la Mesa se dirigirá a las Asambleas autonómicas para solicitar candidatos al TC. Cada asamblea puede proponer hasta dos aspirantes, que deben ser jueces o fiscales, profesores universitarios, funcionarios públicos o abogados, todos con reconocida competencia jurídica y más de quince años de práctica profesional.
El plazo para presentar propuestas será, inicialmente, de dos meses, aunque en ocasiones anteriores se ha extendido. Esto implica que, desde el comienzo, la renovación no se realizará a tiempo.
Peor aún: no hay claridad sobre cuándo ocurrirá, ya que hasta ahora no se observa voluntad de diálogo entre PSOE y PP, quienes deben necesariamente llegar a un acuerdo, dado que el nombramiento de los magistrados del TC requiere una mayoría cualificada de tres quintos, es decir, 160 votos.
Actualmente, el PP cuenta en el Senado con 145 escaños de un total de 266. Esa cifra podría subir a 149 si se suman los tres de Vox y uno de UPN.
Representantes tanto del Gobierno como del PP reconocen que no existe conversación alguna. Según fuentes oficiales, el PP «no está dispuesto a negociar nada durante esta legislatura».
Se añade que el partido de Feijóo «espera» alcanzar los 160 votos necesarios —por sí solo o con Vox— tras las próximas elecciones generales, lo que permitiría nombrar a los cuatro magistrados y, con ello, alterar la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional.
El TC cuenta actualmente con una mayoría de siete jueces progresistas frente a cinco conservadores. Si el PP nombrase a los cuatro magistrados designados por el Senado, esa mayoría se revertiría, pasando a ser conservadora con la misma proporción de siete a cinco.
Aunque ese resultado no se materialice, optar por esperar es «la alternativa más factible para el PP», indican fuentes del Constitucional, donde se asume que la renovación sufrirá un retraso indefinido.
Se explica que un consenso en el Senado basado en el método habitual (el cuestionable ‘reparto de cromos’ donde cada fuerza explica a dos magistrados) sería criticado por Vox y además no sería bien recibido por ciertos sectores del PP, quienes argumentarían que el acuerdo favorecería a Pedro Sánchez: la mayoría progresista se mantendría, permitiéndole imponer al presidente.
Rematar la amnistía
«El PP no tiene incentivos para un acuerdo 2-2», admiten en el TC, que se prepara para concluir, con la composición actual y Conde-Pumpido al frente, la polémica aplicación de la ley de amnistía.
Tras la declaración de constitucionalidad de la ley de amnistía, marcada por la división entre sectores progresistas y conservadores, el TC tiene pendientes los recursos de amparo de los procesados por el procés a quienes el Tribunal Supremo no ha retirado la responsabilidad penal tras ser condenados (Oriol Junqueras, Jordi Turull) o estar procesados (Carles Puigdemont) por malversación de fondos públicos destinados al referéndum ilegal del 1-O.
Se prevé que el próximo enero se rechacen las peticiones de suspensión cautelar de la decisión de la Sala Penal, lo que implica que el expresidente catalán no podrá regresar a España sin riesgo de arresto antes de resolverse el fondo de su demanda.
No obstante, el TC no abordará estos recursos hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) emita su fallo sobre las cuestiones prejudiciales planteadas respecto a la amnistía del procés por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional.