La falta de respaldo del grupo socialista a la iniciativa del partido de Yolanda Díaz pone de manifiesto las tensiones entre los socios de Gobierno
El Pleno del Congreso rechazó este jueves admitir a trámite la proposición de ley presentada por Sumar que proponía reformar la Ley de Vivienda para impedir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan adquirir viviendas en España. Este rechazo fue posible gracias a la decisión del PSOE de abstenerse, mientras que la iniciativa contó con el respaldo de Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó. Por otro lado, PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria votaron en contra; mientras el PNV optó por una abstención siguiendo la línea del Partido Socialista.
Durante el debate sobre la iniciativa, Sumar defendió que la compra de viviendas por parte de empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión es más del doble que en la burbuja inmobiliaria de 2008. Quien impulsó y defendió la propuesta fue el portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien cuestionó la labor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, señalando que acciones como habilitar el número telefónico 047 para consultas en materia de vivienda resultan insuficientes.
En representación del PSOE, Gabriel Blanco afirmó que su bancada no se opondría a debatir cualquier medida que busque aportar soluciones al problema habitacional, pero subrayó que siempre lo harán “desde el máximo reconocimiento al trabajo que realiza el Ministerio de Vivienda”. Destacó el esfuerzo “enorme” que el Gobierno está realizando para poner fin a la crisis de vivienda e instó a Sumar a “respetar” ese trabajo, evitando contribuir a su desgaste, como intentan “quienes pretenden derribar este Gobierno”.
Críticas a la iniciativa
En el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, apuntó que la propuesta no contempla una limitación temporal ni territorial con el fin social que persigue, sino que plantea una medida indefinida, lo cual, a su juicio, “complica” entender su encaje dentro del actual marco jurídico.
Por su parte, la diputada de Junts, Marta Madrenas, afirmó que la iniciativa de Sumar “no soluciona ningún problema”, sino que representa una “restricción adicional” que terminará reduciendo la oferta, comprometiendo promociones en curso y “distorsionando aún más el mercado”.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado compre 25.000 viviendas que fondos de inversión están poniendo a la venta por debajo del precio de mercado, con el propósito de incrementar la vivienda pública bajo la modalidad de alquiler asequible. (Fuente: Congreso)
El diputado del PP, Carlos Gil, criticó que la propuesta de Sumar “empeora aún más la Ley de Vivienda”, describiéndola como una de las más “perjudiciales” que ha promovido el Gobierno. “Prohibir que las personas jurídicas puedan adquirir viviendas no es una solución, es un disparate y una iniciativa diseñada para asignar culpables”, expresó el representante ‘popular’.
Por su parte, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, argumentó que la reforma impulsada por Alberto Ibáñez conllevaría “el fin del parque inmobiliario”, ya que las cláusulas impuestas significarían “de facto” terminar con la inversión en este sector. “Tras dos años de vigencia de la Ley de Vivienda, la única modificación viable sería su completa supresión, recogida en su único artículo”, criticó.
Fondos buscan vender 25.000 viviendas
El rechazo a la propuesta de Sumar que pretende impedir que empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión compren viviendas llega en un momento en que estos últimos han iniciado la venta o recapitalización de más de 25.000 viviendas en España, valoradas en más de 5.000 millones de euros.
Esta operación representa una de las mayores reestructuraciones residenciales de la última década, incrementando la oferta en un contexto de escasez, lo que podría traducirse en una reducción de precios.