El juez Juan Carlos Peinado ha excluido a Manos Limpias del ‘caso Begoña’ por no presentar la garantía económica requerida para poder actuar como acusación popular.
Carlos Perales, abogado de Manos Limpias, decidió retirarse del proceso alegando que la asociación utilizaba el caso con propósitos políticos en lugar de legales.
Manos Limpias se personó, junto con otras cuatro acciones populares, en el procedimiento contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Aunque la Fiscalía no detecta delito en los hechos investigados, la participación de las acciones populares resulta fundamental para el desarrollo del proceso.
Tras un año y siete meses desde el comienzo de la investigación penal por presuntos delitos de corrupción contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el instructor, Juan Carlos Peinado, ha decidido excluir del caso al denunciante que impulsó la apertura de las diligencias.
El juez ha resuelto «tener por apartado» al colectivo Manos Limpias, que presentó una denuncia el 9 de abril de 2024 basada en informaciones periodísticas.
Peinado sostiene que Manos Limpias «no ha aportado prueba documental de haber depositado la fianza requerida para ser considerado parte en el proceso». En estos casos, las acciones populares deben consignar una garantía para intervenir como partes.
La resolución judicial está fechada el 24 de junio. En esa misma fecha, el hasta entonces abogado de Manos Limpias, Carlos Perales, informó al juzgado su retirada del procedimiento tras detectar «circunstancias que impiden mantener una defensa técnica eficaz y plenamente coherente con los estándares de calidad, independencia y rigor jurídico».
Perales adjuntó a su notificación un burofax enviado a Manos Limpias el 25 de septiembre, en el que expresaba que la «utilización del proceso judicial como herramienta para fines de carácter político» que observaba se contradice con la función técnica propia de la dirección legal.
«El ejercicio de la abogacía no puede confundirse con activismo político», afirmaba.
En el burofax, Perales explicaba que «se ve en la necesidad» de presentar su renuncia a la dirección legal y representación procesal que ejercía para Manos Limpias en el caso contra Gómez. Además de ella, están siendo investigados su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez; el empresario Juan Carlos Barrabés y el exsecretario general de la Presidencia del Gobierno Francisco Martín Aguirre, hoy delegado del Gobierno en Madrid.
«Lo que comenzó como un encargo jurídico estrictamente técnico», dijo, «se ha ido transformando gradualmente en un asunto cuya exposición y tratamiento superan el ámbito legal para trasladarse al terreno de la polémica política y mediática«.
Perales manifestaba que las decisiones estratégicas en relación con el proceso penal «ya no se basan principalmente en la lógica procesal ni en la fortaleza de los argumentos jurídicos», sino que «se fundamentan en buena medida en consideraciones de oportunidad política, impacto mediático o posicionamiento ideológico«.
«Este cambio es legítimo desde la perspectiva de la propia asociación, que puede decidir orientar sus acciones hacia un ámbito reivindicativo o mediático», reconocía.
Pero, «desde el punto de vista de este despacho profesional, resulta incompatible con la práctica que rige el ejercicio de la abogacía, basada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos».
«El uso del procedimiento judicial como instrumento para obtener fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, coloca al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, debilita la confianza en la función técnica que debe cumplir», explicaba.
«La abogacía no debe confundirse con activismo político ni con estrategias de comunicación pública», concluía. «El abogado ha de actuar como operador jurídico, no como representante político o portavoz mediático».
Manos Limpias se personó en el procedimiento contra Begoña Gómez junto a otras cuatro acciones populares: Hazte Oír, Vox, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.
La participación de las acciones populares en estas diligencias es crucial, dado que la Fiscalía no aprecia delito en los hechos que Peinado ha focalizado en la investigación y ha recurrido en múltiples ocasiones.