El Ejecutivo considera que el proceso no ha finalizado y confía en que, tras los recursos correspondientes, se pueda revertir la condena dictada por el Tribunal Supremo.
El Gobierno no considera el asunto cerrado. A pesar del fallo del Tribunal Supremo que condena a Álvaro García Ortiz, desde el Ejecutivo creen que aún queda un recorrido por delante y apuntan a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional que anule la condena de la Sala Segunda. En este escenario, Pedro Sánchez deposita ahora su confianza.
Por el momento, el Ministerio de Justicia ha iniciado el procedimiento para designar un nuevo fiscal, algo que se espera ocurra en los «próximos días», sin una fecha concreta por ahora, ya que el plan es permitir que sea el propio García Ortiz quien haga pública su salida.
El fiscal general puede ser cesado por petición propia, incompatibilidad, incapacidad, incumplimiento grave de sus funciones o cuando finaliza el Gobierno que lo propuso. La condena que lo inhabilita se encuentra dentro de estas circunstancias, aunque la sentencia aún no se ha publicado y, en consecuencia, no es definitiva. No obstante, resulta lógico que La Moncloa no quiera prolongar demasiado el estado de interinidad.
El Consejo de Ministros podría elegir al sucesor o sucesora de García Ortiz este mismo martes. Esto dependerá de distintos factores, pero fuentes gubernamentales aclaran que, dado que el Ejecutivo ha defendido y sigue sosteniendo, como afirmó Sánchez este domingo desde Johannesburgo, su «inocencia», pretenden «respetar sus tiempos», es decir, acordar la forma de su salida, lo que podría implicar acelerar o retrasar el proceso.
En cualquier caso, la sentencia, aún desconocida, no modifica la postura de Sánchez, quien mantiene un respaldo total desde hace más de un año, incluso tras el dictamen judicial. «Confío en la inocencia del fiscal«, reitera.
Además, en el Gobierno consideran que el procedimiento no ha concluido. Primero, porque la sentencia todavía no se ha hecho pública; segundo, porque, tal y como anunció el ministro de Justicia, Félix Bolaños, existen «recursos para resolver las discrepancias con una decisión judicial».
La estrategia del Ejecutivo se centra en que el Tribunal Constitucional, que cuenta con mayoría progresista, pueda revocar el fallo. «Existen otras instancias [judiciales] donde creo que se deberán resolver ciertos aspectos de esta sentencia cuando se conozca, que podrían generar controversia», comentó Sánchez en una rueda de prensa tras asistir a la Cumbre del G20. En España, esa instancia sería el Tribunal Constitucional, al que García Ortiz podría acudir en amparo si considera que el fallo del Supremo vulnera sus derechos. Para ello, dispone de un plazo de 30 días desde que la sentencia del Supremo sea definitiva y en su recurso, más allá de indicar el derecho fundamental afectado, debería argumentar la relevancia constitucional de dicha vulneración. También sería posible presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
No obstante, aunque se interponga ese recurso, una vez que la sentencia sea redactada y publicada, adquiere firmeza y debe cumplirse. En consecuencia, García Ortiz dejará de ser fiscal general y por ello el Ministerio de Justicia ya ha comenzado el procedimiento para el nombramiento de un nuevo titular.
El presidente evita ofrecer pistas y sólo señala que su Gobierno «siempre ha propuesto a personas, como en el caso de García Ortiz, con una sólida trayectoria en el ámbito jurídico«. De hecho, la ley exige que el candidato sea un jurista español de reconocido prestigio y con más de 15 años de ejercicio. Desde que Sánchez está al frente del Ejecutivo, han sido tres los fiscales generales: María José Segarra, Dolores Delgado —quien pasó del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General— y Álvaro García Ortiz.
Frente a las declaraciones más combativas de algunos miembros del Ejecutivo, que han atacado a los jueces y puesto en duda su imparcialidad —llegando a mencionar un «golpe judicial»— Sánchez ajusta el tono, pero mantiene la discrepancia. «En una democracia es posible discrepar acerca del enfoque de esta sentencia», asegura. «Respetamos, aunque no compartimos», añade.
El día que se hizo público el fallo, el propio presidente convocó a defender la democracia frente a «abusos de poder» y contra quienes «se creen con la prerrogativa de tutelarla o amenazarla». En Johannesburgo evitó mencionar explícitamente intenciones políticas de los jueces, pero recordó el episodio de 2018, cuando salió a la luz un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que hablaba de «controlar» la Sala Segunda del Supremo «desde detrás». Sánchez agradece a García Ortiz su «labor muy positiva al frente de la Fiscalía» y considera que no debe dejar el cargo por supuestas faltas, sino por otras circunstancias sobre las que no entra.