El independentismo catalán denuncia una «represalia del Estado» tras la resolución de la Audiencia Nacional que mantiene a Jordi Pujol en el proceso judicial por su fortuna escondida en Andorra, pese a su frágil estado de salud.
Líderes de Junts per Catalunya y el círculo cercano a Pujol califican la decisión de «inaceptable» y la atribuyen a motivos políticos, denunciando persecución y falta de empatía por parte del sistema judicial.
El tribunal inicia el juicio con la participación telemática de Pujol desde su residencia, a pesar de los informes médicos que advierten sobre su incapacidad física y mental para defenderse.
La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de nueve años de prisión para Pujol, acusado junto a su familia de organización criminal y blanqueo de capitales por esconder grandes sumas en Andorra durante su mandato.
La resolución de la Audiencia Nacional que mantiene a Jordi Pujol en el juicio por su fortuna oculta en Andorra ha provocado consternación en sectores del independentismo y en el entorno del político catalán.
Para estos grupos, esto representa una «represalia completa» del Estado en contra del líder histórico de Convergència i Unió.
Esta idea también es respaldada por dirigentes de Junts per Catalunya. Su portavoz, Josep Rius, definió la decisión como «inaceptable» y la consideró una «persecución política» contra su legado.
«Parece existir la intención de prolongar la sospecha sobre el president Pujol durante un largo período para permitir una instrumentalización política del caso», explicó Rius.
Más contundente fue el exconseller catalán Jaume Giró, quien a través de las redes sociales expresó el lunes: «Pujol será la primera víctima de una larga lista de personas vigiladas, perseguidas y difamadas por la Operación Cataluña; la campaña más indignante de guerra del Estado desde los GAL».
Los forenses encargados de evaluar a Pujol ratificaron ese lunes su informe, afirmando que «no está en condiciones físicas ni cognitivas para asistir a un juicio» ni posee la «capacidad procesal necesaria» para «defenderse adecuadamente».
A pesar de estas advertencias, el tribunal decidió comenzar el juicio con su presencia telemática desde Barcelona.
«El Estado contra Pujol»
El entorno del expresident denuncia lo que consideran una resolución judicial movida por «razones políticas» más que jurídicas.
Fuentes cercanas a Pujol señalan que los jueces ya habían decidido continuar con su proceso antes de escuchar a los expertos forenses y que «no tenían intención de evitarle el juicio».
Esta decisión, aseguran, era una «sorpresa previsible» en un procedimiento que describen como «el Estado contra Pujol».
El médico personal de Pujol, Jaume Pradós, advirtió anteriormente que el político sufre un «trastorno cognitivo moderado-severo» y que «no está capacitado para defenderse ni argumentar dialécticamente».
Durante la vista previa, Pujol se conectó desde su vivienda y, aunque afirmó estar «a disposición del tribunal», reconoció: «Estoy dispuesto a responder lo mejor que pueda, pero no me encuentro en plena forma».
El doctor Pradós apeló al «principio de humanidad» antes de que se conociera la resolución judicial, argumentando que «la Justicia debe ser imparcial, pero no deshumanizada».
La Fiscalía Anticorrupción reclama nueve años de prisión para Jordi Pujol al considerar que su familia, el clan Pujol, operaba como una organización criminal cuando ese apellido representaba prácticamente un sinónimo de Cataluña.
Según el escrito de acusación de Anticorrupción, de más de 200 páginas, sus integrantes, «actuando en conjunto», escondieron, al menos desde 1991, una «gran cantidad de dinero» en Andorra, durante la presidencia de Pujol en la Generalitat.
Esos fondos habrían sido «producto del favorecimiento a ciertos empresarios para que resultaran adjudicatarios de diferentes concursos públicos de la Administración catalana».
El Ministerio Fiscal imputa al ex probablement honorable y a sus hijos presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.