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Entre las normativas que autorizan a los estadounidenses a portar y emplear armas de fuego, destaca una basada en un principio originado en el siglo XVII que sigue vigente en ese país: que el hogar es el "castillo" inviolable de cada persona.
Este principio es el que invoca la defensa de Curt Andersen, un hombre de 62 años acusado por la muerte de María Florinda Ríos Pérez, una migrante guatemalteca de 32 años.
El 5 de noviembre pasado, esta madre de cuatro hijos recibió un disparo en la puerta de la residencia de Andersen en Indiana, a la que llegó por equivocación, creyendo que era el domicilio donde debía realizar servicios de limpieza doméstica.
Indiana posee una de las legislaciones más laxas de EE.UU. sobre el uso de la fuerza letal en legítima defensa, basada en una antigua teoría jurídica inglesa denominada "doctrina del castillo".
Mientras la fiscalía anunció haber presentado cargos por homicidio involuntario contra Andersen, su defensa anticipó que recurrirá a la legítima defensa con base en la normativa estatal que se inspira en la "doctrina del castillo".
"La muerte de María Florinda Ríos Pérez de Velásquez es una tragedia profunda que afecta a todos los involucrados. Aunque nos desanima que la fiscalía del condado de Boone haya optado por presentar cargos penales contra Curt Andersen, confiamos en poder demostrar ante el tribunal que sus acciones estaban justificadas plenamente bajo la ‘doctrina del castillo’ contemplada en la ley de defensa propia de Indiana", afirmó el abogado Guy Relford en un comunicado.
Sin embargo, para evitar la condena, deberá demostrar que no se excedieron los límites de ese derecho.
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La adopción de la "doctrina del castillo"
Durante varias décadas, las leyes estatales en EE.UU. han adoptado una postura más permisiva respecto al uso letal de la fuerza cuando se actúa en defensa propia, según explica a BBC Mundo Caroline Light, profesora de la Universidad de Harvard.
"Indiana es sin duda uno de los estados con mayor permisividad en materia de legítima defensa letal. En 2006, aprobó el Código de Indiana 35-41-3-2, ‘Uso de la fuerza para proteger personas o propiedades’, comúnmente conocido como ley Stand Your Ground (defiende tu territorio)", señala esta especialista.
Anteriormente, la norma general que regía establecía la ‘obligación de retirada’, que requería que, antes de emplear fuerza letal, la persona que se sintiera amenazada intentara alejarse siempre que fuera posible de forma segura.
No obstante, desde la década de 1980, la legislación empezó a girar hacia la ‘doctrina del castillo’, que exime a quien se encuentra dentro de su propiedad de la obligación de retirarse, incluso si existen alternativas para evitar el peligro externo.
Este principio proviene del derecho consuetudinario inglés de 1620, que establece que ‘la casa de una persona es su castillo’ y que nadie debería sentirse inseguro dentro de su hogar.
"Actualmente, 38 estados han adoptado alguna versión de la ley de defensa propia", detalla Light, autora de Stand Your Ground: A History of America’s Love Affair with Lethal Self-Defense (Defiende tu territorio: historia del apego de Estados Unidos a la autodefensa letal).
Sin embargo, incluso en este estado con fuerte tradición conservadora, apelar a la ‘doctrina del castillo’ requiere demostrar que se actuó bajo ciertas condiciones específicas.
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Cuatro requisitos para legítima defensa
En Indiana y otros estados, no puede alegar legítima defensa quien sea agresor o haya provocado la violencia.
Por el contrario, la normativa establece que quien se ampara en esta figura debe demostrar cuatro criterios:
- Que actuó en defensa propia y no fue quien inició la confrontación.
- Que tuvo razones fundamentadas para creer que estaba siendo amenazado.
- Que la amenaza implicaba un daño físico grave e inminente.
- Que la fuerza utilizada fue equivalente a la amenaza recibida.
Indiana también requiere que el acusado pruebe que estaba en un lugar donde tiene derecho legal de dominio, como su casa, automóvil o área laboral.
Expertos explican que, en un proceso, debe evaluarse si la percepción de amenaza del acusado fue razonable, si el supuesto agresor portaba o podría ocultar un arma, además de considerar si su complexión física representaba una amenaza o si la amenaza concreta era causar daño serio.
La demostración de un daño inminente significa probar que existía un riesgo inmediato de sufrir un daño corporal grave. La proporcionalidad se establece mostrando que la reacción fue adecuada ante la amenaza. Por ejemplo, si alguien agrede solo con los puños, no se justifica una respuesta con arma letal.
"La ley Stand Your Ground en Indiana autoriza a usar fuerza letal si la persona ‘cree razonablemente’ que es necesaria para impedir lesiones graves o una ‘entrada ilegal’ en su hogar", enfatiza Light.
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La imputación contra Andersen
La fiscalía de Indiana decidió presentar cargos contra Andersen, pues consideran que no actuó en legítima defensa. Andersen fue recluido en una prisión suburbanas de Indianápolis sin derecho a fianza.
"Sostenemos que la ley de defensa propia no es aplicable en este caso", afirmó el fiscal Kent T. Eastwood, argumentando que Andersen "no tenía una creencia razonable" de que el uso de fuerza letal "fuera necesario, según todos los hechos conocidos en ese momento".
Yoshie Andersen, esposa del acusado, dijo a los investigadores que esa mañana intentó abrir la puerta principal, pero su esposo la detuvo porque temía que las personas fuera de la vivienda pudieran estar armadas, reportó el diario The New York Times citando documentos de la acusación.
Para la familia de Ríos Pérez, el abogado Alex Limontes calificó la imputación contra Andersen como un paso fundamental hacia la responsabilidad, la verdad y la justicia que la familia merece.
La confusión aparentemente ocurrió porque la mujer intentó usar una llave que le facilitaron para acceder al domicilio donde trabajaría en la limpieza, pero no era ese el lugar correcto, sino la casa de Andersen. Al intentarlo, se produjo un disparo que atravesó la puerta y alcanzó a la mujer.
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El abogado Guy Relford anunció que apelará a la legítima defensa de su cliente sustentada en la "doctrina del castillo" contemplada en la ley de Indiana.
"Contrariamente a lo expresado por el fiscal, y sin entrar en detalles del caso, creemos que Andersen tenía razones suficientes para considerar que sus acciones eran necesarias y plenamente justificadas en ese instante", afirmó.
"Además, consideramos que se juzga injustamente a Andersen basándose en hechos que él no podía conocer mientras sucedían esos acontecimientos. La ley impide que una condena penal se fundamente en una valoración retrospectiva. Las acciones de Andersen deben estudiarse bajo las circunstancias tal como él las percibió en ese momento".
En caso de que se compruebe el uso legítimo de la fuerza en defensa propia, la legislación de Indiana también ampara al acusado evitando que pueda ser demandado civilmente por familiares de la persona fallecida que busquen compensación.