Un juez ha ordenado su detención tras no haber recibido notificación de una citación, aunque no se sabe a cuál de las causas pendientes corresponde. Quiles sostiene que se trata de «una persecución» por parte del «Gobierno».
Este martes, la Policía Nacional está buscando al activista de derechas y agitador Vito Quiles por orden judicial, relacionada con alguna de las causas abiertas que tiene, según ha informado él mismo en su cuenta de Twitter: «Un juez ha dictado mi detención tras una serie de denuncias masivas realizadas por el entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno usa la justicia para perseguir a sus opositores sin justificación, y sin embargo luego se victimiza ante la corrupción que se les juzga. No dará ni un paso atrás», escribió.
Los efectivos, que se personaron en la sede del canal de Youtube en el que Quiles colabora, EdaTV, no lograron localizarlo, mientras que el despacho del abogado que le representa, Juan Gonzalo Ospina, adelantó a EL MUNDO que Quiles se presentará mañana junto a Ospina en la comisaría madrileña más próxima a su residencia.
Respecto a Quiles, quien ejerce como supuesto periodista y se ha visto involucrado en diversos episodios con numerosas figuras públicas, como la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o la opinadora y activista de izquierdas Sarah Santaolalla, pesa un conjunto importante de procedimientos judiciales.
Desde el despacho de Ospina, consultado por EL MUNDO, se considera que «alguna notificación vinculada a una de estas causas quizá no le haya llegado formalmente», y que el juez responsable ha emitido una orden de detención por no comparecer. Se desconoce a cuál procedimiento judicial corresponde esta orden. «Sólo lo sabremos mañana, cuando comparezca, ya que hasta entonces no nos informarán a qué causa pertenece«.
Aunque reside en Madrid, está empadronado en Alicante, su lugar de origen. Sus abogados argumentan que es común que las notificaciones judiciales «no le sean entregadas», precisamente por esa razón.
Quiles está imputado, por ejemplo, por el presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que protestaba en 2024 contra Isabel Díaz Ayuso. También enfrenta cargos por revelación de secretos relacionados con Beatriz Corredor, exministra y actual presidenta de Red Eléctrica Española, tras el apagón de 2025.
Además, se le acusa de injurias y calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez. La Justicia, sin embargo, ha archivado denuncias presentadas por Begoña Gómez y Sarah Santaolalla. En mayo, el Congreso de los Diputados le retiró su acreditación por tres meses debido a que grabó al expresidente Zapatero dentro del edificio, en una zona donde las cámaras están prohibidas, así como por una serie de altercados.