El Parlamento Europeo aprobará la transferencia de 946,15 millones de euros procedentes del Fondo de Solidaridad de la UE para la reconstrucción de Valencia tras las graves inundaciones provocadas por la dana.
El desastre ocasionó daños directos estimados en 18.080 millones de euros, afectó a 2.600 viviendas, superó los 500 km² y provocó al menos 229 pérdidas humanas en la Comunidad Valenciana.
La financiación europea equivale a cerca del 81% del Fondo de Solidaridad previsto para 2025, constituyendo la mayor inversión histórica de este mecanismo europeo.
Distintos líderes europeos han criticado la gestión y lentitud del Gobierno central en la solicitud y administración de estos recursos, demandando mayor coordinación y rapidez para brindar asistencia a los afectados.
El Pleno del Parlamento Europeo aprobará el jueves que viene la transferencia de 946,15 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE destinados a la reconstrucción de Valencia tras la tragedia ocasionada por la dana.
Según la Comisión Europea, los «daños directos totales» causados por esta catástrofe alcanzan los 18.080 millones de euros.
Mientras tanto, el PP y Vox negocian una nueva investidura tras la renuncia de Carlos Mazón hace una semana, y su sucesor recibirá una nueva asignación de ayudas que representa casi el 81% del Fondo de Solidaridad (EUSF) planificado para 2025, la mayor inversión histórica del mecanismo de ayuda de la Unión Europea.
El informe fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Presupuestos de la Eurocámara, promovido por la diputada Sandra Gómez, exvicealcaldesa de Valencia.
El documento destaca que «entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, una tormenta con lluvias intensas azotó toda la Comunidad Valenciana, causándole graves inundaciones».
Según la información recopilada en Bruselas, «el desastre impactó a 2.600 viviendas y a una zona de más de 500 kilómetros cuadrados«. La UE señala que «miles de hogares se quedaron sin electricidad, agua potable ni servicio telefónico, además de sufrir daños significativos en infraestructuras y bienes públicos«.
Además, «más de 170 centros educativos y más de 50 instalaciones sanitarias resultaron afectados, y las inundaciones causaron al menos 229 fallecimientos«.
Esteban González Pons, líder de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, celebra la aprobación del fondo para su región, afirmando que «las instituciones europeas dan un nuevo ejemplo de política eficaz para apoyar a los afectados por una de las tragedias más graves en la historia reciente del país».
El dirigente popular señala que desbloquear este fondo con rapidez era «un compromiso» que asumió con las asociaciones de víctimas durante la reunión que mantuvo con ellas el 14 de mayo en Bruselas.
También destaca que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió el compromiso de agilizar esta ayuda durante su encuentro con las víctimas en mayo.
Cabe señalar que la iniciativa provino de la Comisión, que en el texto sometido a votación en la Eurocámara subraya que los 18.080 millones en daños directos «superan el umbral de ‘catástrofe natural grave’ para España, fijado en el 0,6% del PIB», alcanzando en este caso más del 1% del PIB.
Críticas al Gobierno central
Durante las negociaciones para la sucesión de Mazón en Valencia, González Pons marcó diferencias institucionales claras: «A diferencia del Gobierno regional y la Unión Europea, el Gobierno de España no está movilizando fondos suficientes, en un claro ejercicio de oportunismo político».
Por su parte, la eurodiputada Isabel Benjumea, portavoz adjunta del Grupo Popular Europeo en la Comisión de Presupuestos y ponente del informe de ayuda a Valencia, valoró el compromiso de la Unión: «La respuesta de las instituciones europeas ha sido efectiva y contundente, cumpliendo con la inversión histórica prometida».
No obstante, criticó duramente la gestión del Gobierno central. Benjumea denunció que el Ejecutivo de Sánchez «presentó la solicitud para activar este fondo justo en el límite del plazo, tras mentir sobre que ya la habían tramitado«.
De hecho, la alcaldesa María José Catalá reveló una semana antes que las ayudas aún no se habían solicitado, pese a que Hacienda mantenía que sí.
También apuntó que el Gobierno pidió inicialmente 4.300 millones de euros “consciente de que el presupuesto del fondo no permitiría alcanzar ni el 30% de esa cifra«, generando «grandes titulares» con escaso contenido político.
Otro problema relevante señalado por Benjumea es el desaprovechamiento de los fondos Next Generation.
La eurodiputada remarca que «la Comisión Europea ha reiterado en numerosas ocasiones que ofrece todas las facilidades al Gobierno español para redireccionar los fondos de recuperación europeos que aún permanecen sin ejecutar».
Sin embargo, «tras un año, el Gobierno sólo ha solicitado 1.240 millones de estos fondos, es decir, apenas el 1% de los recursos pendientes por ejecutar«.
Benjumea subraya la urgencia de la situación: «Resulta incomprensible que no se utilicen estos fondos bloqueados, cuando restan sólo 10 meses para que concluya el programa». El margen temporal se reduce mientras persisten los retrasos administrativos.
Finalmente, Benjumea hace un llamado directo al Gobierno: «Se espera que el Ejecutivo de Sánchez esté a la altura, gestionando esta histórica ayuda europea en coordinación con el Gobierno autonómico y los ayuntamientos para que llegue con rapidez a los afectados».
La eurodiputada popular insta a Sánchez a «dejar de lado los tacticismos políticos y priorizar a las víctimas» en el proceso de reconstrucción.