Rivas-Vaciamadrid se posiciona como la primera localidad en España en obtener una resolución judicial que impide a un ladrón reincidente entrar o residir dentro del municipio.
El Ayuntamiento ha implementado un protocolo mediante el cual los vecinos pueden autorizar al consistorio para que los represente judicialmente y solicite medidas cautelares, como la orden de alejamiento.
Esta iniciativa innovadora surge tras un aumento del 95,6% en los robos con fuerza en viviendas, con el fin de proteger a la comunidad frente a delincuentes habituales.
Ya se han emitido sentencias que respaldan este sistema, incluyendo la prisión provisional sin fianza y la mencionada orden de alejamiento, calificadas como proporcionales y necesarias para prevenir nuevos delitos.
En ciertas ocasiones, los delincuentes suelen actuar repetidamente en una misma zona, aprovechándose de que la legislación relativa a hurtos les permite continuar operando con escasas consecuencias.
Rivas-Vaciamadrid, población de 100.000 habitantes situada a 16 kilómetros de Madrid, donde los robos a domicilios se han duplicado en los últimos seis meses, era uno de esos casos. Pero esto ha cambiado.
El Ayuntamiento, liderado por Izquierda Unida en coalición con el PSOE, se ha convertido en pionero en España al promover órdenes de alejamiento contra ladrones reincidentes, obligándolos a abandonar el municipio para proteger a los residentes.
Todo empezó en septiembre, cuando el informe de criminalidad del Gobierno de Pedro Sánchez reveló un aumento del 95,6% en los robos con fuerza en viviendas durante el segundo trimestre de 2025.
La situación exigía respuestas firmes, y la alcaldesa, Aída Castillejo, optó por aplicar sistemáticamente una herramienta judicial poco utilizada en estos ámbitos: la prohibición de entrar o vivir en el término municipal a delincuentes reincidentes en robos.
Existían antecedentes en otros municipios como Lloret de Mar (Gerona), donde se han impuesto órdenes de alejamiento respecto al núcleo urbano. No obstante, con una diferencia esencial: allí fue el juez quien impulsó la medida; en Rivas, el propio Ayuntamiento promueve la solicitud mediante sus servicios jurídicos.
El consistorio entiende que, como institución, no puede actuar como acusación particular. Por eso, instauró un mecanismo que permite al Ayuntamiento asumir los costes y gestionar todo el proceso judicial en nombre de la víctima, desde la denuncia hasta la petición al juez de medidas cautelares.
Protocolo exprés
El procedimiento es sencillo y hasta ahora único en España.
La víctima de un robo se dirige a la Guardia Civil para interponer la denuncia. Allí, recibe un formulario municipal para permitir que el Ayuntamiento se persone en el proceso.
Con esta autorización, los servicios jurídicos del consistorio acompañan al denunciante, presentan escritos, solicitan medidas y participan en todo el procedimiento.
Entre las medidas que se solicitan ya de forma habitual está la orden de alejamiento respecto al municipio, para impedir que el delincuente vuelva a actuar en la zona.
Desde su implementación, este periódico ha tenido la oportunidad de evaluar el funcionamiento del sistema y ha accedido de forma exclusiva a dos sentencias pioneras que respaldan este modelo. Una resolvió prisión provisional sin fianza y la otra, la orden de alejamiento mencionada.
En el primer caso, el juzgado ordenó prisión provisional sin fianza para un investigado por robo con fuerza en vivienda habitada. Las evidencias eran contundentes: huellas dactilares, grabaciones de vídeo y el testimonio de la víctima.
El juez señaló un riesgo muy alto de reincidencia: el detenido posee 27 antecedentes policiales, varios procedimientos judiciales en curso por delitos similares y no cuenta con medios de vida legítimos conocidos aparte del delito.
El auto también considera un riesgo de fuga y determina que la prisión es la medida más apropiada para proteger a las víctimas y garantizar el desarrollo del proceso.
El segundo caso representa un hito: el juzgado decidió prohibir al investigado entrar y residir en Rivas-Vaciamadrid mientras dura la instrucción. Es una orden de alejamiento poco común en delitos contra el patrimonio.
El juez resalta la «reiteración delictiva» del acusado, involucrado en varios robos en la zona que han provocado alarma entre los residentes. Considera la medida «proporcional y necesaria» para evitar nuevos delitos y mantener la tranquilidad en el municipio.
Si el acusado viola la prohibición, el juez advierte que podrá aplicar medidas más severas, incluyendo nuevas cautelares estrictas.
El Ayuntamiento afirma que el modelo empieza a dar resultados y espera que sirva de referencia para otros municipios con problemas similares. El objetivo, indican, es reducir el índice de delincuencia reincidente y aumentar la seguridad de los vecinos.