Pilar Sánchez Acera envió el 14 de marzo de 2024 esa captura del correo al entonces dirigente del PSM, Juan Lobato
La exasesora de Moncloa no recuerda quién le remitió la captura del correo del novio de Ayuso
La exasesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, quien actualmente ocupa el cargo de número dos entre los socialistas madrileños y asesora en el Ministerio de Transformación Digital, declaró este miércoles ante el Tribunal Supremo que no puede recordar qué periodista le proporcionó el «pantallazo» del correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, en el que se admitían dos delitos contra la Hacienda Pública. La testigo aseguró que «de ningún modo» le hizo llegar ese documento la Fiscalía.
Dicha imagen, que Sánchez Acera recibió en su teléfono el 14 de marzo de 2024 por la mañana y que inmediatamente reenviaría al entonces líder del PSM, Juan Lobato, terminó siendo exhibida ante la presidenta madrileña durante una sesión en la Asamblea de la Comunidad. Fue Lobato quien, también presente este miércoles en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos, quien mostró dicho documento en el Pleno.
En el transcurso de su declaración, Sánchez Acera afirmó que, además de no recordar quién le entregó esa imagen, tampoco pudo verificarlo debido a que cambió su teléfono móvil y no conservó los mensajes intercambiados aquella mañana con Lobato. «Recuerdo poco, porque todo esto salió a la luz ocho meses después de esos hechos», reconoció la dirigente socialista durante el contrainterrogatorio, admitiendo su falta de memoria.
La testigo señaló que nunca recibió el documento original del correo electrónico que se encuentra en las actuaciones, sino más bien una imagen con contenido equivalente. Al enviar ese «pantallazo» a Lobato, Sánchez Acera le advirtió que tuviera precaución con los datos personales que contenía del abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
«Intenté averiguarlo en varias ocasiones y no lo logré. Me informaron lo que está en los medios, pero no del origen exacto», comentó, por su parte, el propio Lobato durante su declaración como testigo. Cuando el 14 de marzo de 2024 por la mañana recibió de Sánchez Acera la imagen del correo filtrado que es el centro del juicio oral, preguntó cuál era su procedencia y sólo obtuvo respuestas generales: «Porque llegó».
Esa fue la explicación que le dio Sánchez Acera, mano derecha de Óscar López cuando este último era jefe de Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Lobato llevó el intercambio de mensajes ante un notario, ante la posibilidad de que hubiera repercusiones legales. Cuando esto se hizo público, derivó en su renuncia como líder del PSM.
Frente a los siete magistrados que deberán dictar sentencia, Lobato –actualmente senador por designación autonómica– no aportó información diferente a la facilitada durante la fase de investigación en el Alto Tribunal. En múltiples ocasiones se remitió a los datos almacenados en su teléfono, que fueron entregados al magistrado instructor. «Si aparece en el informe de la UCO derivado de mi aportación voluntaria de mi teléfono móvil, debe ser así», respondió a una pregunta formulada por Gabriel Rodríguez-Ramos, abogado de la pareja de Ayuso.
El letrado le fue leyendo los mensajes enviados el 14 de marzo, entre ellos uno donde Lobato le comunica a Sánchez Acera que, si no ha salido en ningún medio, no deseaba mostrar el correo a Ayuso en el Pleno. Añadió que, si no se requería saber de qué fuente provenía, parecía que se lo había facilitado «la Fiscalía».
La defensa del fiscal general, que representa la Abogacía del Estado, no había designado a Lobato como testigo, pero decidió interrogarle, lo cual permitió aclarar que desde La Moncloa no se le proporcionó ninguna información al entonces secretario general del PSM. «Una última pregunta, ¿sabe usted de dónde salió ese documento?», preguntó Consuelo Castro. «Intenté saberlo varias veces y no lo conseguí. Me dijeron lo que ya se ha difundido, pero no se me aclaró el origen directamente», contestó Lobato.
Las declaraciones de ambos participan en la vertiente más política de la investigación iniciada por el instructor Ángel Hurtado. Este magistrado consideró que el fiscal general había actuado bajo directrices del Gobierno y que entregó a La Moncloa el correo de la defensa de González Amador que afirmaba que «efectivamente» se habían cometido dos delitos fiscales. Sin embargo, como recordó esta mañana el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, todo eso quedó «fuera del objeto de juicio» tras un recurso presentado por el fiscal general ante la Sala Penal del Alto Tribunal.