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Viajó al centro de Bogotá con la intención de encontrar un memorial dedicado al llamado "holocausto colombiano".
Recorrió la Plaza de Bolívar, visitó la Casa del Florero y caminó por el patio interno del Palacio de Justicia.
Hace cuatro décadas, en esos espacios se desencadenó una batalla feroz seguida de torturas, ejecuciones y desapariciones que aún hoy generan inquietud en Colombia.
La llamada "Toma y Retoma del Palacio de Justicia", que tuvo lugar entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, es un episodio histórico cuya verdad completa sigue siendo desconocida.
Resulta demasiado doloroso, violento y polarizante para quienes defienden o critican el uso excesivo de la fuerza militar. Recordarlo causa pesar. Algunos optan por el olvido, mientras que otros luchan para que la memoria no se pierda.
Por ese motivo, sorprende hallar apenas una placa casi oculta dentro del Palacio que enumera algunos de los nombres de las víctimas, junto con una pequeña lámina deteriorada junto a un árbol, y dos maquetas sobre los hechos en un rincón de la Casa del Florero.
Esto parece insuficiente, si se considera que durante las "28 horas de terror" en que el Palacio fue tomado por 35 guerrilleros del M-19 y la posterior retoma militar, fallecieron al menos 100 personas entre rebeldes, juristas y civiles, además de los desaparecidos de quienes no se han hallado rastros.
Existen múltiples versiones sobre lo sucedido: informes oficiales, investigaciones, testimonios de testigos y víctimas, así como una extensa colección de libros, documentales, películas y pasajes en series.
Tampoco faltan las hipótesis más o menos fundamentadas de quienes han estudiado el acontecimiento desde diversas perspectivas académicas, políticas y artísticas.
Este es el resumen de los acontecimientos basado en reportes de la Comisión de la Verdad, organismo encargado de esclarecer hechos históricos y que denomina esta tragedia como el "holocausto" colombiano.

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El "EME" antes de la toma
El M-19 surgió en los años 70, como reacción a lo que interpretaron como un fraude en las elecciones del 19 de abril de 1970, en las que perdió el candidato de la ANAPO, el exdictador Gustavo Rojas Pinilla, agrupación política a la que pertenecieron los fundadores de la guerrilla.
A diferencia de otras guerrillas como las FARC o ELN, el "EME" tenía mayor presencia en zonas urbanas.
Recientemente se había dado a conocer por medios gracias al robo de la espada de Simón Bolívar de un museo de la capital en 1974 o el sustrato de más de 5.000 armas de una instalación del Ejército en Bogotá.
Sus acciones provocaron un odio particular entre los militares, que iniciaron una ofensiva violenta contra el grupo a comienzos de los 80.
Quizás la operación más efectiva de la guerrilla fue la toma de la embajada de República Dominicana el 27 de febrero de 1980.
Después de dos meses de negociaciones, el gobierno permitió que los guerrilleros volaran hacia Cuba con los rehenes, donde fueron liberados y recibieron asilo.

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En 1984, los acuerdos de paz entre el M-19 y el gobierno de Belisario Betancur fracasaron y la tregua adoptada por ambas partes se rompió.
Los insurgentes entendieron que Betancur incumplió y planearon tomar el Palacio más adelante, capturar a los juristas y someter al presidente a un juicio político.
Los magistrados de la Corte Suprema presentes ese día en el Palacio tenían la reputación de ser algunos de los juristas más destacados del país.
Doce de ellos perecieron durante los hechos.
La toma del M-19

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Entre las 10:30 y 11:00 horas del 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron armados por el sótano del edificio.
Eran 25 hombres y 10 mujeres, seis menos de los que inicialmente planearon.
Su ingreso halló poca resistencia.
"Escuché un ruido extraño en el sótano y pensé que tal vez eran tubos fluorescentes rotos. Vi salir corriendo a un vigilante, el único en el primer piso, con un arma en la mano, y grité: ‘¡Hermanos, entró la guerrilla!’, porque todo el mundo hablaba de eso en días previos", relató un testigo.
Dieciocho días antes, los servicios de inteligencia detectaron el plan de la guerrilla y reforzaron la seguridad del edificio, pero en la hora de la toma no había Fuerzas Armadas defendiendo el lugar.
Incluso las máquinas detectoras de armas en la entrada fueron retiradas dos días antes.
Un grupo de vigilantes y escoltas defendió el Palacio, pero en pocos minutos un sinfín de funcionarios, visitantes y empleados quedaron atrapados en el fuego cruzado, transformados en rehenes y víctimas del enfrentamiento entre el M-19 y las Fuerzas Armadas, según indica la Comisión de la Verdad.
Se calcula que había unas 300 personas dentro del Palacio al momento del asalto.
La retoma del Ejército
Desde el mediodía del 6 de noviembre hasta primeras horas de la tarde del día siguiente, cientos de soldados llevaron a cabo la retoma, calificada como exagerada y desproporcionada según informes oficiales, testimonios de rehenes y víctimas.
"A partir de la 1:00 p.m. del 6 de noviembre, la fuerza pública inició la acción ofensiva con ocho unidades blindadas y tres helicópteros. La batalla sangrienta y prolongada causó numerosas bajas en ambos bandos, dio lugar al primer incendio en el sótano y se caracterizó por el uso de armas automáticas, bombas y explosivos", relata la Comisión.

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El primer incendio se produjo en el sótano entre la 1:00 y 2:00 pm, después de la detonación de cargas explosivas por parte del M-19, la entrada de tanques y el intenso combate en la zona.
Un segundo fuego ocurrió en el auditorio contiguo a la biblioteca en el primer piso, cuando la fuerza pública ya había tomado el control.
El tercero, el más grande, se originó entre las 5:00 y 6:00 pm en el cuarto piso.
Los incendios agravaron la situación de los rehenes, atrapados entre el humo, las llamas y el calor intenso.
Además, destruyeron cientos de documentos oficiales.
Mientras tanto, la sociedad colombiana permanecía atónita ante la tremenda batalla que se libraba en el centro de Bogotá.
La "letanía" de Reyes Echandía
"La situación es crítica, estamos rodeados aquí por personal del M-19. ¡Por favor, que cesen las hostilidades de inmediato! (…) Nos encontramos en un trance de muerte".
Estas palabras fueron pronunciadas por Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, y difundidas por medios mientras los militares avanzaban con tanques, helicópteros y francotiradores apuntando al interior del edificio.
Los rehenes ubicados en el tercer y cuarto piso bajo custodia de guerrilleros del EME llamaron "letanía" a este llamado del magistrado.
En múltiples oportunidades, por medios y contactos de alto nivel, Reyes Echandía intentó comunicar directamente este mensaje al presidente, con la intención de negociar una salida con los insurgentes, pero sin éxito.

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Mientras tanto, los tanques habían ingresado al primer piso (que en Colombia equivale a la planta baja) y disparaban continuamente hacia los niveles 3º y 4º, donde se encontraban los rehenes.
Los helicópteros disparaban contra las ventanas. Las cortinas y lámparas caían, y los vidrios estallaban.
"Desde el tercer piso, los rehenes enviaban papeles con mensajes indicando que estaban allí para que el Ejército los rescatara, pero nadie les prestó atención", señala la Comisión de la Verdad.
Se recuerda el baño donde 60 personas se apiñaron mientras caían los disparos.
Durante la llamada Operación Rastrillo en la mañana del 7, cuando los militares supieron que un último grupo de guerrilleros sobrevivía en uno de los baños, "afinaron la puntería y dispararon hasta el final", según la Comisión.
Sin municiones, prendidos en batalla y sin salida, los insurgentes permitieron la salida de rehenes sobrevivientes. Entre ellos se disfrazaron Irma Franco Pineda y Clara Helena Enciso, dos de las guerrilleras que asaltaron el Palacio.
Una vez afuera, "el Ejército entró y eliminó a quienes permanecían dentro", según un testimonio recogido por la Comisión.
La Casa del Florero
La Casa del Florero, actualmente también Museo de la Independencia, está ubicada frente al actual Palacio de Justicia, cruzando la Carrera Séptima, reconstruido sobre las ruinas del anterior edificio.
Allí estableció el ejército su centro de operaciones y recibió a los rehenes que iban saliendo poco a poco en condiciones difíciles.
"La Fuerza Pública mantenía un control estricto sobre las personas que eran evacuadas del Palacio, por un lado para evitar que guerrilleros se mezclaran con los civiles y por otro, para obtener información de inteligencia que ayudara en las operaciones militares", explica la Comisión.
No todos los rehenes recibieron el mismo trato.
Algunos agradecieron el trato de las fuerzas armadas, pero para otros y sus familiares empezó un calvario que aún continúa.

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Clasificados como "especiales" por motivos de edad, raza, condición socioeconómica o por el lugar donde fueron encontrados, algunos rehenes generaron sospechas entre la fuerza pública y otros cautivos sobre su posible participación en el asalto o vínculos con los insurgentes.
"La Comisión de la Verdad tuvo acceso a testimonios desgarradores que relatan torturas y tratos inhumanos y degradantes sufridos por varios de estos 'rehenes especiales'", dice el informe.
Un caso emblemático es el de los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson Ospino, que se encontraban en el Palacio el 6 de noviembre por razones educativas y que, tras ser evacuados, fueron llevados junto a otros "especiales" y sometidos a abusos físicos y psicológicos por horas.
Algunos de los rehenes fueron posteriormente trasladados a instalaciones militares.
La Comisión también incluye el caso de siete personas identificadas como rehenes y una, Irma Franco, guerrillera, quienes salieron con vida del Palacio hacia la Casa del Florero y desaparecieron después.
Algunos restos fueron exhumados e identificados años o décadas más tarde, pero hasta la fecha se desconoce el paradero de numerosas víctimas.
Clara Helena Enciso, la otra guerrillera que salió con Franco, se presume exiliada. Es la única sobreviviente entre los 35 rebeldes.
Saldo inconcluso
Después de cuarenta años, no se cuenta con un cómputo definitivo de todas las personas fallecidas o desaparecidas durante la "Toma y Retoma".
Asimismo, se desconocen las circunstancias exactas de cada muerte y si estas ocurrieron por acción de guerrilleros, militares o en medio del fuego cruzado.
El estado de varios cadáveres calcinados y las irregularidades en el manejo de pruebas, restos y cuerpos por parte de militares y Medicina Legal dificultaron un cálculo realista del número de víctimas.
Durante mucho tiempo se creyó, por ejemplo, que el Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán había fallecido dentro del Palacio.

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No obstante, un video mostró al magistrado saliendo con vida del lugar, cojeando y apoyándose en militares, aunque finalmente su cuerpo fue hallado dentro del Palacio.
Lo más relevante para la Comisión fue que su cadáver presentó una sola herida de bala en el cráneo, causada a corta distancia.
"El abogado abandonó el Palacio bajo custodia militar con heridas no letales, por lo que su muerte no ocurrió durante la Toma ni la Retoma", concluyó la Comisión.
El informe también determinó que en al menos siete casos analizados se encontraron heridas de bala en el cráneo con características propias de disparos a contacto o a corta distancia.
Sensación de impunidad
En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar, la detención arbitraria y tortura de cuatro personas, además de otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la Fuerza Pública y Policía durante la Retoma.
La Corte ordenó al Estado esclarecer los hechos, evaluar la verdad, juzgar y sancionar a todos los culpables y determinar el paradero de los desaparecidos.
Años después, el exgeneral del ejército Jesús Armando Arias Cabrales es el miembro de mayor rango que cumple condena, sentenciado a 35 años de prisión y alojado en un apartamento dentro de un complejo militar en Bogotá por su avanzada edad.
En marzo de 2023, la Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de 40 años de cárcel contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano, el excapitán Óscar William Rodríguez y otros tres exsargentos por desaparición forzada de varios sobrevivientes.
Sin embargo, un informe reciente de la revista Cambio en Colombia señala que ninguno cumple aún la pena.
Luis Alfonso Plazas Vega, excomandante durante la Retoma, fue absuelto en 2015 tras haber sido detenido en 2007 por desapariciones forzadas.
Por su parte, el M-19 firmó la paz con el gobierno en 1990 y se desmovilizó. Actualmente, uno de sus exmiembros, Gustavo Petro, es presidente del país.

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En gran parte de la población colombiana persiste una sensación de impunidad. La responsabilidad del Estado, el gobierno de Betancur, las Fuerzas Públicas o los guerrilleros varía según las posturas políticas de quienes valoran los hechos.
La sociedad se fragmentó entre quienes defendieron la acción militar para proteger la democracia y quienes denunciaron el uso excesivo de fuerza, las desapariciones y la falta de diálogo para resguardar vidas.
El expresidente Juan Manuel Santos pidió perdón públicamente en 2015, pero con pocas condenas y la percepción de que quedan asuntos pendientes, el llamado "holocausto colombiano" sigue siendo una herida abierta.
"Lo ocurrido refleja cómo era y continúa siendo Colombia, con altos niveles de impunidad y el cuestionable actuar de la fuerza pública que años después siguió afectando al país", comentó a BBC Mundo la antropóloga Laura Vera Jaramillo, productora de un documental sobre la toma y retoma.
"Es un hecho que sólo se menciona de manera superficial en la educación escolar, que no forma parte suficiente de la memoria colectiva y que no se explica en relación con nuestro presente", añadió.
Los hechos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 exacerbó aún más las divisiones entre izquierda y derecha, que alcanzaron su peor expresión en la década de los 90 con la aparición del paramilitarismo, el aumento del conflicto armado y la violencia política.
Hipótesis sin fin
Durante años se ha especulado que el M-19 realizó el "trabajo sucio" para narcotraficantes, quemando material relacionado con una posible extradición a Estados Unidos.
Esta fue la hipótesis explotada, por ejemplo, en la serie Narcos de Netflix en 2015.
La Comisión de la Verdad señala que "existe la posibilidad de que el M-19 tuviera conexión con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia", aunque faltan pruebas concluyentes.
Sin embargo, sí hay registros de amenazas por parte de narcotraficantes hacia magistrados que trabajaban en el tratado de extradición entre Colombia y EE.UU. que estaba en desarrollo en ese momento.

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Los narcotraficantes no eran el único grupo en conflicto con los juristas. Los magistrados también habían dictado sentencias e investigado a oficiales de las Fuerzas Militares.
Numerosos expedientes, incluyendo procesos contra militares por presunta violación de derechos humanos, se quemaron en el Palacio.
El hecho de que, a pesar de tener conocimiento previo por inteligencia sobre los planes del M-19, se retirara la seguridad reforzada el día del asalto, alimenta teorías cínicas.
Lo cierto es que ninguna de las hipótesis disponibles parece ser completamente confiable.
En una entrevista hace una década con BBC Mundo, la escritora Marta Orrantia, quien escribió una novela sobre el Palacio, afirmó que "cada quien tiene su pedazo de verdad y, ni siquiera sumándolas todas, podemos obtener una versión única, porque la más importante falta: la de los muertos".
*Con reportería de Natalio Cosoy, corresponsal de BBC News Mundo en Colombia entre 2015 y 2017.
Imagen de portada: diseño de Daniel Arce-Lopez con imágenes de Getty y AP.

