El magistrado de la Audiencia Nacional examina si los sobres con dinero en efectivo entregados a líderes del PSOE, como Ábalos y Koldo García, podrían proceder de fuentes ilegales.
Los aliados parlamentarios de Pedro Sánchez alertan que retirarían su respaldo al Ejecutivo en caso de confirmarse una financiación irregular dentro del PSOE.
Entre 2017 y 2024, el PSOE gestionó más de 940.000 euros en efectivo para pagos internos, situación que ha suscitado sospechas sobre posibles blanqueos y corrupción.
Testimonios y documentos sugieren posibles irregularidades en la utilización de los fondos, mientras Junts obstaculiza el avance de proyectos legislativos en el Congreso, aumentando la tensión política.
Los aliados de Pedro Sánchez se aproximan al límite establecido por ellos mismos, que supondría la retirada de su apoyo al Ejecutivo.
La investigación del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre los pagos en efectivo emitidos por el PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García intensifica aún más las tensiones dentro del acuerdo de coalición.
La situación se complica tras la declaración de Miriam Nogueras, quien anunció este jueves que Junts planea bloquear más de 40 proposiciones de ley del Gobierno durante su trámite en el Congreso de los Diputados.
Impulsado por el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, Ismael Moreno inició una pieza separada para indagar en las discrepancias entre la contabilidad entregada por el PSOE y las sumas recibidas en sobres por Ábalos y Koldo.
Al interrogar al exgerente del PSOE Mariano Moreno, el juez Puente calificó de inexplícito que el partido sacara de sus cuentas bancarias varios cientos de miles de euros para efectuar pagos en metálico.
El juez señaló que este método facilitaba prácticas de «blanqueo»; es decir, que Ábalos y Koldo podrían haber utilizado la liquidación de gastos mediante recibos y facturas para regularizar dinero proveniente de mordidas.
En la documentación presentada al juez, el PSOE admitió haber manejado un total de 940.388 euros en efectivo entre 2017 y 2024, destinados a pagos en sobres a sus dirigentes.
Además de las declaraciones de Mariano Moreno y la empleada del PSOE Celia Rodríguez, el juez Puente remitió a la Audiencia Nacional el testimonio de la empresaria Carmen Pano, quien asegura haber entregado 90.000 euros en bolsas en la sede de Ferraz.
Por ello, el magistrado Ismael Moreno intentará aclarar si una parte de los fondos en efectivo manejados en la sede del PSOE pudo tener un origen ilícito.
Casi todos los socios del Gobierno (desde Sumar a ERC, Bildu o el PNV) habían advertido que la confirmación de una financiación ilegal en el PSOE marcaría un punto sin retorno que les obligaría a retirar su respaldo al Ejecutivo.
Las reacciones se multiplicaron tras el informe de la UCO que, el pasado junio, llevó a prisión al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
«A ERC no se le puede hacer elegir entre corruptos de bajo nivel y corruptos de alto nivel«, declaró Gabriel Rufián el 18 de junio, «si aparece un documento con el nombre ‘P. Sánchez’, la gente debe ser escuchada».
Con esta afirmación anticipó que sería inevitable convocar elecciones si se prueba que el presidente del Gobierno recibió fondos irregulares de su partido.
El portavoz de ERC reforzó este planteamiento el 21 de octubre, tras conocerse que el juez del Supremo Leopoldo Puente citó como testigos al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a una empleada de la Secretaría de Organización para interrogarles sobre los sobres entregados a Ábalos y Koldo.
«Si al final enfrentamos la ‘Gürtel’ del PSOE, pediremos al Gobierno que escuche a la ciudadanía», afirmó Rufián ante los periodistas en el Congreso.
En medio del revuelo generado por el caso Koldo, Pedro Sánchez convocó en junio varias reuniones con sus socios de Gobierno, buscando asegurar su respaldo y garantizar que no hubo financiación ilegal en el PSOE.
Tras la reunión, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, explicó que el presidente le afirmó que la corrupción está «limitada» a tres personas: Ábalos, Cerdán y Koldo.
No obstante, para manipular los contratos públicos mediante los cuales recibieron sobornos, los tres investigados requirieron la colaboración de responsables políticos y técnicos, tanto del Ministerio de Transportes como del Gobierno navarro.
El presidente del PNV, Aitor Esteban, afirmó con más contundencia ante los medios el 21 de junio: «Las imágenes de la Guardia Civil entrando en ministerios, domicilios y sedes resultan realmente impactantes».
Añadió: «Reconocemos la gravedad del momento actual y por eso es urgente que el PSOE clarifique los detalles del caso y certifique la inexistencia de financiación irregular«.
También se comprometió la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando respondió a Carlos Alsina en Onda Cero, pocas horas después del ingreso en prisión de Santos Cerdán.
«¿Qué ocurriría si hubiera financiación irregular en el PSOE?», le preguntó Alsina. Entre evasivas, Yolanda Díaz reconoció que Sumar no tendría otra opción que abandonar el Gobierno.
Manifestó con claridad la preocupación que le causan los escándalos del PSOE: «Me horroriza pensarlo«.
La pieza separada abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno podría ahora despejar las dudas que obligarían a los socios del Ejecutivo a actuar, más allá de la ruptura abrupta que protagoniza Junts en el Congreso.