Salomé Pradas declaró su intención de trabajar por “una Justicia moderna y unas Emergencias efectivas” tras asumir la responsabilidad de las Emergencias de la Comunitat Valenciana tres meses antes de la DANA
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El president ya destituido Carlos Mazón ha pasado un año y cinco días desde la peor tragedia que recuerda la comunidad valenciana: 229 fallecidos y una serie de daños materiales que aún permanecen pendientes de reparación. Tras la dimisión de Mazón y las nuevas declaraciones de la periodista Vilaplana, el debate sobre cómo se gestionaron las emergencias continúa abierto. Con posturas enfrentadas entre el gobierno autonómico, la oposición y los colectivos profesionales, la Comunitat Valenciana enfrenta el desafío de fortalecer su capacidad de respuesta para futuras catástrofes mientras trabaja en la recuperación de las áreas afectadas. No obstante, ciertas controversias se originaron incluso antes del 29 de octubre de 2024.
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El PP de Mazón calificó a la Unidad Valenciana de Emergencias como un “exceso”
Una de las decisiones más controvertidas tomadas por el gobierno de Mazón antes del 29 de octubre, pero que cobró especial relevancia el día de la DANA, fue la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE). Este ente fue creado en febrero de 2023 por el anterior Ejecutivo socialista encabezado por Ximo Puig. Su propósito principal era mejorar la capacidad de respuesta y la eficiencia ante emergencias, trabajando en conjunto con la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE). El plan incluía intervenir en situaciones de alto riesgo, catástrofes o necesidades públicas, además de colaborar con otras comunidades autónomas y organismos nacionales.
Sin alcanzar siquiera un año de funcionamiento, la coalición entre Partido Popular y Vox suprimió la UVE como una de las primeras medidas tras las elecciones del 13 de julio de 2023, cuando Carlos Mazón asumió como president de la Generalitat. Esta decisión se tomó por vía de urgencia, ya que, según la entonces consellera de Justicia e Interior, “solo se trataba de un organismo ficticio, sin más bomberos, sin recursos materiales adicionales ni mayor eficiencia”. Elisa María Núñez (Vox) ocupó el cargo hasta julio de 2024, tres meses antes de la DANA. Al comunicar la desaparición de la UVE, Núñez afirmó que así se comenzaba “a corregir errores y excesos, en definitiva, proyectos estratégicos sin evaluación ni ajuste a un marco presupuestario serio y riguroso”.
Las críticas no tardaron en surgir tras el 29 de octubre, tanto desde la oposición como del sector profesional. Elisabeth Duval, secretaria de Comunicación de Sumar, manifestó en la red social X: “Lo público salva vidas, y desmantelarlo significa ponerlas en peligro”, mientras que la diputada socialista Luisa Sanz destacó: “Lo que se vota importa. La vida de muchas personas depende de eso”, según recogió el diario El País.
Sin embargo, el debate sobre la necesidad y el valor de la UVE trascendió la política partidista. Asociaciones profesionales como la Plataforma de Bomberas y Bomberos del País Valencià manifestaron su rechazo desde el inicio. Según Valencia Plaza, este colectivo consideró a la unidad un “capricho” y advirtió que su creación ocasionaría “un aumento de la descoordinación entre servicios debido a la duplicación generada sin justificación técnica ni operativa”. Por su parte, desde la Generalitat se sostuvo que la coordinación de emergencias ya está a cargo del 112 y que la administración autonómica no debe invadir competencias estatales, para lo cual existe la Unidad Militar de Emergencias (UME) a nivel nacional.
Sindicatos y representantes de bomberos presentaron observaciones al borrador del decreto, denunciando la falta de consenso y la ausencia de un estudio técnico que respaldara la iniciativa. La plataforma defendió, por el contrario, la creación de un Cuerpo Único de Bomberos y Bomberas, gestionado públicamente y consensuado, que unifique consorcios provinciales, ayuntamientos y bomberos forestales.
Ante las críticas, la Generalitat ha resaltado que, bajo la dirección de Mazón, se fortaleció el servicio de bomberos forestales, se comprometió a modernizar los medios materiales y se intensificó la cooperación con las diputaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La conselleria de Emergencias queda vacante tres meses antes de la DANA
La ruptura entre el partido de ultraderecha y el PP de Mazón en la Generalitat Valenciana ocurrió de manera abrupta tres meses antes de la catástrofe, el 11 de julio de 2024, sin haberse cumplido el primer año de la legislatura en coalición. La decisión fue impulsada desde la dirección nacional, cuando Santiago Abascal ordenó romper todos los gobiernos regionales donde Vox compartía poder con el Partido Popular. El motivo fue que Alberto Núñez Feijóo aceptó el acuerdo del Gobierno central sobre la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar la presión migratoria en Canarias.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, manifestó su intención de continuar gobernando en solitario hasta el 3 de noviembre de 2025, fecha en la que presentó su renuncia. La salida de Vox del ejecutivo valenciano se produjo de inmediato: el Partido Popular anunció los ceses de los consellers apenas una hora después del comunicado. Vicente Barrera, vicepresidente de la Generalitat (Vox), se mantuvo en desacuerdo hasta el final de una reunión que duró tres horas, una más de lo previsto. A pesar de su resistencia, el hasta entonces vicepresidente primero de la Generalitat decidió acatar la directiva nacional y abandonó el Consell.
La cartera de Justicia e Interior, que estuvo en manos de Vox hasta tres meses antes de la DANA, pasó a Salomé Pradas, quien hasta entonces fue consellera de Medio Ambiente. Pradas expresó el 12 de julio de 2024 estar “contenta” por el “regalo” que le otorgó el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, con esta designación. En ese momento, anunció que se enfocaría en una “Justicia moderna y unas Emergencias efectivas”.
Reducción del gasto público
Otra controversia previa a la DANA fue el plan de ajuste del gasto público anunciado por el gobierno valenciano. Este plan daba prioridad al gasto social y recortaba aquello que el Consell consideraba “gasto innecesario”, además de reducir impuestos a los sectores más acomodados y eximir a Iberdrola del pago de la ecotasa de 14 millones relacionada con la gestión de la central nuclear de Cofrentes, según informó eldiario.es.
Este contexto se dio en medio de una etapa económica favorable y tras la declaración de Carlos Mazón a medios digitales en la que indicó que la falta de aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario por parte del Gobierno central obligaba a la Generalitat a tomar estas medidas para “seguir pagando en términos razonables”. El ya expresident afirmó: “No permitiremos que los valencianos tengan peores derechos sociales que el resto”.