El Gobierno de España persiste en la intención de instalar una placa de Memoria Democrática en la Real Casa de Correos, pese a la legislación regional que lo prohíbe.
La normativa regional de Madrid, impulsada por el Ejecutivo de Ayuso, exige permiso previo para colocar placas en edificios públicos.
Francisco Martín, delegado del Gobierno, sostiene que el choque judicial es inminente si Ayuso impide la instalación de la placa.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó un recurso contra la ley regional ante el Constitucional, aunque la suspensión de dicha norma fue retirada.
El Gobierno de España está decidido a llegar hasta los tribunales si Isabel Díaz Ayuso obstaculiza la colocación de una placa de Memoria Democrática en la Real Casa de Correos, debido a su función como sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) durante la dictadura franquista.
Así lo ha manifestado este lunes el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en los ‘Desayunos Madrid’ de Europa Press. En esta cita, Martín remarcó que, tras formalizar en el BOE la vinculación entre el franquismo y la sede del Ejecutivo regional, el próximo paso es la colocación de la placa que lo reconozca.
El conflicto surge porque el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, anticipándose a la oficialización por el BOE de los planes de Moncloa, aprobó hace aproximadamente un año una ley prohibiendo la instalación de cualquier distintivo en la fachada de edificios públicos sin el permiso del Ejecutivo regional.
Específicamente, la Ley 8/2024, aprobada en la Asamblea, exige el aval previo del Consejo de Gobierno para cualquier placa, insignia o evento a celebrarse en los inmuebles públicos.
Esto constituía una estrategia del Gobierno madrileño para evitar que, en caso de aprobarse la declaración de Lugar de Memoria Democrática —como finalmente ocurrió— se permitiera la instalación de «una placa» o la realización de actos en la fachada o interior del edificio.
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez presentaron el recurso contra esta ley ante el Tribunal Constitucional en abril de 2025, pero meses después, el TC levantó la suspensión de la norma impuesta por el Gobierno de Ayuso.
Actualmente, el delegado advierte de un conflicto. Mientras la ley de Memoria Democrática obliga a reconocer este lugar con una placa, la regulación aprobada por Ayuso impide su colocación.
Al preguntarle si habrá placa «si la justicia lo permite», Francisco Martín respondió que «de momento, la ley lo ordena», anticipando así un probable enfrentamiento jurídico.
«Desobedecer leyes»
En el acto, Martín criticó a Isabel Díaz Ayuso por su «costumbre de desobedecer leyes» y por proclamarse «insumisa, claramente y con orgullo». «Es un mal ejemplo para la ciudadanía a la que tanto se exige», la reprochó.
«Solo quien tiene algo que ocultar puede temer a la memoria. Lo valiente es aceptar la realidad y hacer todo lo posible para que no se repita», sostuvo, recordando a las víctimas que exigen un acto de «recuerdo y reparación».
«¿Quién puede interpretar como una agresión la instalación de una placa en un edificio donde ya existen otras dedicadas a héroes y mártires? ¿No lo fueron también quienes sufrieron torturas en ese lugar?», se cuestionó el delegado, invitando a participar en los actos del proyecto 50 años de España en Libertad y preguntando si «alguien podría ignorar el significado del fallecimiento del dictador».