El PP ha solicitado a la Comisión Europea que revise si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, promovida por el ministro Félix Bolaños, cumple con los tratados de la UE.
La modificación transfiere la instrucción de las causas penales a la Fiscalía, cuyo fiscal general es designado por el Gobierno, y restringe la acción popular.
Dolors Montserrat advierte que esta reforma podría poner en riesgo la independencia judicial y debilitar los mecanismos para investigar delitos vinculados con la corrupción.
La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha dirigido una cuestión parlamentaria a la Comisión Europea para que analice si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim), impulsada por el ministro Félix Bolaños, se ajusta a los Tratados y la legislación de la Unión Europea (UE).
La propuesta legislativa, aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros, confía la instrucción de las causas penales a la Fiscalía (con un fiscal general nombrado por el Gobierno) y limita el uso de la acción popular.
Bolaños promueve esta reforma en un contexto donde las investigaciones por corrupción afectan al Gobierno y la autonomía de la Fiscalía está cuestionada: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá comparecer el lunes en juicio, acusado de filtrar información confidencial a la Moncloa relacionada con la pareja de Ayuso.
«Diversas asociaciones de jueces y fiscales», expone Dolors Montserrat en su petición a la Comisión, «han señalado que esta reforma podría poner en peligro la independencia judicial, el principio de separación de poderes y la tutela judicial efectiva, protegidos por los artículos 2 y 19 del TUE y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales».
Asimismo, recuerda que la Comisión Europea anteriormente recomendó a España «fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal y mejorar la eficacia en la lucha contra la corrupción según el Informe sobre el Estado de derecho».
«No obstante», señala, «esta reforma podría reducir la efectividad de los mecanismos de investigación relacionados con delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión y la corrupción».
Por estas razones, insta a la Comisión a analizar si el texto inicialmente aprobado por el Consejo de Ministros (y que enfrentará dificultades en su trámite parlamentario, ya que no cuenta aún con el respaldo de Junts) es compatible con los Tratados y los valores de la UE.
Dolors Montserrat también plantea en su escrito la siguiente consulta: «¿Tiene previsto la Comisión evaluar esta norma en el próximo informe sobre el Estado de derecho y establecer un diálogo específico con el Gobierno de España para gestionar su retirada?»
«El Gobierno manipula nuevamente la ley a su conveniencia», indica el PP en un comunicado emitido este sábado, «aprobando una norma que incrementa la dependencia del Ministerio Fiscal del Ejecutivo y reduce los mecanismos de control ciudadano, debilitando la lucha contra la corrupción y el fraude».
La secretaria general del PPE también ha criticado que el Gobierno intente, a su juicio, «convertir a los fiscales en investigadores bajo una jerarquía política«.
Además, considera que limitar la acusación popular constituye un «serio error», ya que esta figura ha sido «esencial» para «destapar importantes casos de corrupción».
Al presentar el proyecto, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, argumentó el martes que la reforma acota la figura de la acusación popular para excluir a los partidos políticos, según informa Europa Press.
«Es evidente que actualmente la acusación popular es una herramienta empleada por organizaciones ultras, bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y su entorno solamente por sus ideas progresistas», sostuvo Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En cualquier caso, enfatizó que la reforma no entrará en vigor antes de 2028 y que no afectará a los procedimientos judiciales en curso, como el que involucra a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Actualmente, varias de las causas penales más relevantes han surgido o cuentan con la participación de partidos políticos, sindicatos y asociaciones en calidad de acusaciones populares.
Es el caso de las investigaciones contra Begoña Gómez o David Sánchez, en las que participan como acusadores populares el PP o Vox, además de Manos Limpias o Hazte Oír.
También el PSOE ha utilizado la figura de la acción popular para personarse como acusación en diversos casos judiciales sobre corrupción.