La mujer, que anticipa que solo responderá a las preguntas de su abogado y ni siquiera al juez ni al fiscal, buscaba que su declaración se difundiera «entre todos los periodistas interesados en la noticia».
«Cualquier procedimiento judicial debe ser resuelto ante los tribunales y no a través de los medios de comunicación. El ámbito judicial es el único espacio legítimo para resolver los hechos objeto del proceso. El menor no puede convertirse, ni por acción ni por omisión, en un actor involuntario de una disputa mediática, como ha ocurrido en este caso durante varios años».
Estas son las palabras dirigidas por la juez al abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, quien había solicitado, en una petición poco común en España, que la declaración de la mujer granadina este jueves, en la instrucción contra ella por haber sustraído a su hijo pequeño durante la primera mitad de este año, fuera grabada y distribuida a la prensa.
La magistrada de Instrucción 4 de Granada responde así a Aránguez, rechazando esta opción y limitándola al máximo, al ordenar que no se entregue a las partes el vídeo de la declaración de Rivas, y que abogados y fiscales solo puedan acceder a ella dentro de la sede judicial.
La razón, según la magistrada, es que exponer la controversia entorno al menor, actualmente de 11 años, «constituye una grave amenaza para su salud y desarrollo integral, pudiendo causarle un daño psicológico irreversible, debiendo evitarse dicho perjuicio y la victimización secundaria derivada del proceso judicial».
De este modo, la juez no solo rechaza la petición de Aránguez, sino que refuta sus argumentos para proteger al hijo menor de Rivas y Francesco Arcuri, «especialmente cuando, como sucede en este caso», continúa la magistrada, «existen antecedentes donde el hijo común menor de las partes ha sido objeto de una marcada sobreexposición mediática, situación que, como es sabido, ya ocurrió durante la ejecución de la medida dictada por el Juzgado de Familia de esta ciudad hace pocos meses».
La juez hace referencia a la exposición del hijo de Rivas el pasado mes de julio, cuando la madre y su asesora, Francisca Granados, dejaron al niño frente al Punto de Encuentro Familiar de Granada, a merced de cámaras, periodistas e incluso curiosos, en un momento en que fue imposible entregarlo al padre, tal como ordenaba la Justicia italiana, encargada de custodiar el caso desde hace ocho años.
La petición resulta aún más insólita porque el propio Aránguez, en su requerimiento al juzgado, advierte que Rivas «sólo responderá a las preguntas de este Letrado [refiriéndose a sí mismo], y no contestará ni al Ilmo. representante del Ministerio Público [es decir, al fiscal], ni al letrado de la acusación particular [abogado de Arcuri], ni a Su Señoría». Esto implica que Rivas pretendía, según esta versión, que su declaración, sin aceptar preguntas de nadie más que de su abogado, se hiciera accesible «a todos los periodistas interesados en cubrir esta noticia».
Rivas está imputada por sustraer por segunda ocasión a su hijo menor del padre, Francesco Arcuri. El niño llegó a Granada el 19 de diciembre de 2024 tras la autorización del juzgado civil italiano, que desde hace años escucha al menor manifestar supuestas influencias de su madre contra su padre, permitiéndole viajar solo durante las Navidades, con retorno previsto para el 2 de enero, y con la obligación de comunicarse diariamente con su padre y ocasionalmente con la mediadora judicial asignada.
Ninguna de estas condiciones se cumplió hasta que Arcuri logró recuperarlo el 25 de julio pasado, cuando la Audiencia Provincial de Granada ya había confirmado, pocas horas antes, la imputación de Rivas por sustracción. La mujer fue condenada previamente a dos años y medio de prisión por retener a sus hijos en España en 2016/2017, pero fue indultada posteriormente por el Gobierno de Pedro Sánchez, bajo la condición de no incurrir en el mismo delito durante los siguientes cuatro años.
Si resulta nuevamente condenada, Rivas deberá cumplir también la primera pena, que le fue perdonada por el Ejecutivo.