El Gobierno ha dado inicio al proceso para declarar ilegal a la Fundación Francisco Franco por promover el franquismo y denigrar a las víctimas.
Esta acción se fundamenta en reportes emitidos por el Ministerio de Cultura y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, los cuales concluyen que dicha fundación no busca fines de interés general.
La Fundación Francisco Franco dispone de diez días hábiles para presentar sus alegaciones ante el Ministerio tras recibir la notificación oficial sobre el comienzo del procedimiento.
El Gobierno agiliza el proceso para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. El Ministerio de Cultura ha iniciado este viernes el trámite preliminar para solicitar su ilegalización ante la Justicia debido a la «apología del franquismo y humillación a las víctimas» y se ha notificado a la entidad este expediente, así como la apertura del plazo para presentar alegaciones.
El Ejecutivo sostiene, además, que la Fundación Francisco Franco “no persigue fines de interés general,” aunque será la Justicia quien tome la decisión definitiva.
Los procedimientos para solicitar su disolución comenzaron en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, responsable del Protectorado Estatal de Fundaciones, empezó a recopilar datos.
En particular, Cultura solicitó informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dado que el Gobierno entiende que la Fundación Francisco Franco infringe la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática.
Tras recibir estos documentos, Cultura dio un nuevo paso al notificar formalmente este viernes a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para pedir su disolución ante la Justicia.
Esta notificación se realizó mediante una resolución que detalla las razones que, a su juicio, justifican la extinción de la fundación, que ahora tiene un plazo de diez días hábiles para presentar sus alegaciones ante el Ministerio.
La resolución, de 37 páginas y a la que accedió EFE, se sustenta principalmente en el informe que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática emitió en mayo pasado, ya que el registro de fundaciones manifestó que no tenía competencia para determinar qué entidades deberían ser disueltas.
Además, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aportó un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional, testimonios de víctimas del franquismo y un análisis sobre la presencia mediática de la Fundación Francisco Franco.
Con toda esta documentación y tras un estudio exhaustivo del contenido de la página web de la fundación, Cultura concluye que la entidad no cumple con fines de interés general, lo cual es uno de los criterios que pueden motivar su extinción, debido a que sus actividades resultan «incompatibles con lo que establece la legislación vigente» y ofrecen una representación «inequívocamente favorable del franquismo».
Asimismo, se afirma que la Fundación Francisco Franco reúne otras condiciones contempladas en la Ley de Memoria Democrática para su disolución: la promoción del franquismo, la denigración y humillación a las víctimas, así como la incitación explícita o implícita al odio y la violencia.
Como ejemplo, se señalan artículos publicados por la Fundación con un enfoque «negacionista» que «niegan o minimizan la magnitud de la represión,» como uno titulado ‘La mentira de los niños robados del franquismo’.