Más de 500.000 empleados públicos en Andalucía advierten sobre la posibilidad de una huelga en diciembre si el Gobierno central no acepta un incremento salarial que compense el aumento del IPC. Así lo expresaron ayer CSIF, UGT Servicios Públicos y el Área Pública de CCOO durante las manifestaciones convocadas en diversas ciudades de España.
En la marcha celebrada en Madrid, informaron fuentes de CSIF, los empleados públicos consiguieron un compromiso para reunirse con el Ejecutivo de Pedro Sánchez la próxima semana, donde abordarán este asunto.
Los sindicatos alertan sobre el progresivo deterioro de los servicios públicos, marcado por la escasez de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación, sobre todo en sectores como la sanidad, educación, justicia y servicios sociales.
Así, los trabajadores públicos exigen un nuevo acuerdo plurianual para recuperar el poder adquisitivo y fortalecer el empleo público, considerado fundamental para mantener el Estado de bienestar.
De acuerdo con Germán Girela, presidente de CSIF Andalucía, desde 2010 los empleados públicos de la región y de toda España han perdido hasta un 20 % de su poder adquisitivo.
Junta o Estado
Solo durante este año, agregó el sindicalista, quienes trabajan para ayuntamientos, Junta o Estado han visto reducido su salario en un 3 % debido a la inflación y a la congelación salarial vigente.
«Estamos aquí para solicitar que el Gobierno abra la negociación colectiva sobre los salarios para evitar que las nóminas sigan congeladas», afirmó. «El tiempo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llegado a su fin y debe iniciar dichas negociaciones, denunciando el desprecio que implica no abordar la subida salarial».
Los sindicatos sostienen que pedir un aumento para los empleados públicos supone, a la vez, defender la calidad de los servicios públicos, contribuyendo así al bienestar de la población.
En caso de que el Gobierno no acceda a negociar, la huelga será inevitable, aseguraron con claridad los sindicatos durante las movilizaciones en Andalucía este jueves. Esto implicaría que más de medio millón de personas en la comunidad dejarían de trabajar, paralizando la región. Exactamente, son 536.730 empleados.
El grupo más numeroso lo forman quienes prestan servicios para la Junta de Andalucía, administración que ha recibido casi todas las competencias transferidas. Desde médicos y profesores hasta administrativos o abogados, el Gobierno andaluz tiene en nómina, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas de 2025.
Así, la Junta emplea a alrededor de 332.000 personas. Le siguen los ayuntamientos y otras administraciones locales, que cuentan con 116.000 trabajadores. Finalmente, el Estado dispone de 88.000 empleados en la comunidad.
La paralización de todos ellos podría bloquear el funcionamiento de la comunidad, ya que servicios como el transporte de autobuses o trenes y la gestión de sistemas esenciales son competencias públicas.
Madrid o Cataluña
Andalucía lidera con diferencia el número de empleados públicos en España. Ni siquiera la Comunidad de Madrid, que podría beneficiarse de su capitalidad y la movilización de numerosos trabajadores del sector público, lo supera.
Madrid cuenta con 450.000 empleados públicos, mientras que Andalucía supera los 530.000. Le sigue Cataluña, con 380.350 personas empleadas por ayuntamientos, la Generalitat o el Gobierno central.
Las tres organizaciones convocantes de las marchas criticaron reiteradamente la escasez de personal, el envejecimiento de las plantillas y la desmotivación, que repercuten en la insatisfacción de los usuarios, y recordaron a las administraciones y sus sectores públicos sobre esta realidad.
Servicios públicos
Manifestaron que «son necesarios cambios profundos para la imprescindible transformación y modernización de los servicios públicos, comenzando por recuperar lo perdido en las últimas dos décadas».
«El ministro debe tomar nota de la decisión inequívoca de intensificar la protesta si no se convocan negociaciones inmediatas. Es imprescindible recuperar y estabilizar el empleo público, dignificarlo, asegurar la subida salarial para 2025 y recuperar poder adquisitivo mediante un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo. Además, hay que diseñar unas administraciones públicas adecuadas al Estado del Bienestar, accesibles para la ciudadanía, de calidad, y que sean motivo de orgullo para las generaciones presentes y futuras», exigieron.