Las claves
El PSOE acumula más de una década anunciando una ley abolicionista contra la prostitución, aunque la normativa continúa sin ser aprobada y su desarrollo registra constantes demoras.
El movimiento feminista reprocha la ausencia de progresos y acusa al Gobierno de actuar sólo con fines electorales, sin voluntad auténtica para eliminar la prostitución.
La tramitación legislativa permanece bloqueada debido a la falta de apoyos en el Parlamento y a la división dentro de la izquierda en torno a la opción regulacionista frente a la abolicionista.
La ley abolicionista, que contempla sanciones para proxenetas y consumidores de sexo, incorpora también la recuperación de la «tercería locativa», un aspecto que ha generado polémica por sus repercusiones políticas y familiares.
La Ley anunciada por el Gobierno para prohibir la prostitución aún no se ha materializado. Fue presentada con gran énfasis por el PSOE en su programa electoral de 2015, rechazada en el Congreso en mayo de 2024 y reactivada como anteproyecto en 2025.
Desde el Ministerio de Igualdad aseguran a EL ESPAÑOL que esta ley abolicionista «no está olvidada» y que se abordará tras la aprobación de la Ley de Trata, prevista para finales de año.
El Ejecutivo está «a la espera de los informes para presentarla lo antes posible en el Consejo de Ministros».
No obstante, esta larga paralización del proyecto abolicionista ha incrementado la desconfianza dentro de parte del feminismo, que exige un compromiso serio para erradicar la prostitución y observa una contradicción clara entre las palabras del Gobierno y la falta de avances normativos.
Zuriñe Ojeda, vicepresidenta de Feministas al Congreso, manifiesta el escepticismo predominante en el movimiento respecto a las verdaderas razones que impiden la tramitación.
«No pongo en duda la intención de las feministas dentro del PSOE para impulsar una ley abolicionista, pero las están superando», declara en diálogo con EL ESPAÑOL.
«Sólo hablan sin actuar», critica.
Reconoce que las recientes campañas oficiales del Gobierno contra la prostitución son «muy positivas«, aunque considera que son insuficientes tras tres legislaturas consecutivas al mando.
«Ahora, con el fin de la legislatura y las elecciones a la vuelta de la esquina, vuelven a sacarlo a la luz porque quieren captar el voto feminista y femenino. Aseguran que están comprometidos a sacarla adelante. Eso es falso. Ni siquiera lo harán si revalidan el poder. Ya no les creemos».
Ojeda atribuye parte de la resistencia al peso económico y social del negocio de la prostitución y al considerable número de hombres que recurren a esta práctica.
Sostiene la tesis de que la falta de acción legislativa responde al temor de la clase política masculina a confrontar a un vasto colectivo de consumidores masculinos.
«No existe verdadera voluntad por parte de quienes gobiernan, todos hombres. Se estima que un 40% de los varones usa servicios de prostitución alguna vez en la vida. Es un negocio enorme y no hay deseos reales de terminar con ello».
Se cuestiona: «¿Cómo va a haber voluntad cuando tenemos a los amigos de Pedro Sánchez, a quienes el feminismo poco les importa, y a hombres como Ábalos y muchos otros desconocidos?».
También responsabiliza a algunos partidos a la izquierda del PSOE.
Sumar, Podemos y otras fuerzas defienden posturas regulacionistas o basadas en el reconocimiento del llamado trabajo sexual, incompatibles con el modelo abolicionista feminista.
El modelo abolicionista, recalca Ojeda, no busca sancionar ni penalizar a las mujeres que ejercen la prostitución.
Su misión es ofrecerles vías económicas, sociales y habitacionales alternativas, concienciar a la sociedad, castigar el enriquecimiento ajeno, y combatir la demanda mediante sanciones a los compradores de sexo.
Uno de los aspectos con más controversia jurídica y política en la ley es justamente la reincorporación de la «tercería locativa» al Código Penal.
Esta figura penaliza a propietarios y arrendadores de locales o inmuebles utilizados habitualmente y con intención lucrativa para la prostitución, situando el debate en un terreno delicado para el entorno familiar del presidente del Gobierno.
Históricamente, los bienes y activos de la familia de su esposa, Begoña Gómez, derivan de ingresos acumulados durante años a partir de negocios de saunas y prostíbulos gestionados por su padre, Sabiniano Gómez, y sus tíos.
La vinculación de Begoña Gómez con estos locales fue documentada a partir de testimonios que señalan que desempeñaba funciones contables y administrativas en ellos.
Paco de Narváez, director comercial de la revista MENsual, orientada al público gay, relató a EL ESPAÑOL que recibía pagos directamente de la esposa del presidente: «Begoña me entregaba un sobre con billetes y yo firmaba«.
De esta forma, Begoña Gómez financiaba la publicidad de la sauna Adán, situada en la calle San Bernardo, en dicha revista.
Aunque la familia del presidente ya se desvinculó de estas actividades comerciales, los registros de la propiedad mantienen constancia de esa herencia paterna, incluyendo inmuebles valiosos adquiridos con las ganancias de esos negocios.
Por ello, Alberto Núñez Feijóo atacó al presidente desde la tribuna del Congreso: «Usted se benefició a título lucrativo del negocio abominable de la prostitución, y ahora intenta borrar esa parte de su historia«.
Esta acusación se reiteró en el Senado, cuando el PP atribuyó la paralización de la ley abolicionista a ese motivo: «Claramente, el proyecto quedó estancado después de que se revelara que el presidente se lucró con los negocios de prostitución de su familia política. Ahí se enterró el debate».
Al margen de las críticas opositoras, la exdiputada y exportavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, ofrece un análisis más técnico y pragmático sobre la estrategia del Ejecutivo.
Para esta histórica activista feminista, negar que el PSOE es abolicionista es un «juicio interesado«, pues el partido se encuentra «completamente comprometido«.
El problema, según ella, radica en su aislamiento parlamentario. Interpreta que el Gobierno ha separado intencionadamente los dos bloques legislativos.
Por un lado, la Ley de Trata, enfocada en la protección, ayuda e identificación de víctimas, con posibilidades de lograr un amplio respaldo.
Y por otro, una futura ley abolicionista que incluiría las medidas más controvertidas: el aumento de penas por proxenetismo, la reincorporación de la tercería locativa, y sanciones administrativas o penales a los compradores de sexo.
Álvarez teme que la Ley de Trata sea principalmente «centrada en las víctimas» y paliativa, sin modificar el Código Penal respecto al proxenetismo ni incluir castigos contra la demanda.
Esta estrategia permitiría aprobar primero los aspectos consensuados y dejar los elementos divisivos para otra ley.
El inconveniente es claro: esta segunda ley «no llegará a aprobarse porque no hay números suficientes«, advierte Álvarez, salvo que el PSOE acuerde con el Partido Popular.
Pacto de Estado con el PP
La exdiputada insta a explorar precisamente esa opción. «Muchas mujeres dentro del PSOE dicen: ‘Veamos hasta dónde podemos llegar con el PP‘».
Considera que la lucha contra la explotación sexual debe entenderse como una cuestión de Estado, más allá de la habitual polarización política.
«El PP debería reflexionar brevemente que España no puede convertirse en el prostíbulo de Europa«, afirma Álvarez.
«Existen temas de Estado que requieren sobrepasar posiciones ideológicas para frenar modelos relacionales que colocan a las mujeres como objetos de terceros», añade.
El bloque que respalda al Gobierno está fragmentado por una discrepancia que Álvarez califica de «profunda ética».
Pues fueron Sumar, ERC y Bildu quienes bloquearon el 21 de mayo de 2024 la tramitación de la proposición de ley sobre prostitución y proxenetismo registrada por el PSOE.
Álvarez lamenta que «una parte de la izquierda defienda conceptos del liberalismo extremo, como la libre elección, solo en asuntos relacionados con la disponibilidad del cuerpo femenino«.
«La idea de libre elección podría llevar a aceptar que un trabajador reciba un salario inferior al convenido por necesidad», argumenta.
Esta postura, predominante en Sumar, Podemos o Más Madrid, no solo rechaza sancionar la demanda, sino que, según Álvarez, se opone también a «endurecer las penas contra los proxenetas, quienes se aprovechan económicamente de la prostitución ajena».
Este conflicto ideológico se ha intensificado con la aparición de plataformas digitales como OnlyFans, que han transformado las formas de explotación.
Álvarez alerta que «el número de mujeres objeto de prostitución ha crecido exponencialmente mediante nuevas vías de reclutamiento, como OnlyFans».
Es un contexto donde la prostitución «deja de ser marginal» y se normaliza, incluso entre jóvenes de clases altas.
Frente a quienes distinguen entre entornos físico y virtual, la activista es categórica.
«No importa si el proxenetismo es físico o digital. Sigue siendo proxenetismo«, afirma.
Considera que la aplicación de la tercería locativa debería extenderse a las redes sociales porque «los estados tienen soberanía para ello«.
Once años de promesas
Han pasado más de diez años desde que el PSOE incluyó en su programa de 2015 el compromiso de implementar políticas para abolir la prostitución.
El plan contemplaba recuperar la tercería locativa, criminalizar cualquier forma de proxenetismo lucrativo y sancionar la demanda y la compra de servicios sexuales.
Desde entonces, se han sucedido anuncios, declaraciones solemnizadas, iniciativas parlamentarias y campañas oficiales. Sin embargo, la ley aún no se ha concretado.
Ya en septiembre de 2018, dos meses tras asumir el poder, Sánchez comunicó que su Gobierno presentaría un anteproyecto contra la trata y explotación sexual.
Dos años más tarde aseguró en Televisión Española que la posición de su partido era clara: «Queremos acabar con la prostitución«.
En octubre de 2021, durante la clausura del 40º Congreso Federal del PSOE, elevó ese compromiso a nivel personal: «Avanzaremos abolinedo la prostitución que esclaviza a las mujeres».
La primera iniciativa legislativa progresó en junio de 2022, cuando el Congreso aceptó tramitar una proposición socialista contra el proxenetismo con 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones.
Sin embargo, el texto quedó sin efecto al concluir la legislatura, sin completar su trayectoria parlamentaria.
El PSOE lo intentó de nuevo en mayo de 2024, aunque la Cámara ni siquiera permitió iniciar la tramitación: la propuesta fue rechazada con 184 votos en contra, 122 a favor y 36 abstenciones.
En junio de 2025, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció que presentaría un nuevo anteproyecto abolicionista en septiembre. Tampoco se concretó.
Once años tras el primer compromiso electoral, no hay calendario firme ni mayoría parlamentaria dispuesta a aprobar la ley.
La incertidumbre afecta no solo a los plazos, sino también a la naturaleza de la iniciativa y a quién debe liderarla.
El 5 de mayo pasado, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, aclaró que la abolición no figuraba en el Plan Anual Normativo para 2026, pues es una propuesta impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Diferenció expresamente esta iniciativa de la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, incluida entre las normas que el Ejecutivo planea aprobar.
Esta explicación parecía dejar de lado, al menos momentáneamente, la vía del anteproyecto gubernamental que anunció Redondo en 2025.
Consultadas por EL ESPAÑOL, fuentes de Igualdad reafirman hoy que «mientras exista legislatura, existe posibilidad«.