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- Fecha de publicación 23 julio 2026
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El exmandatario venezolano Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores participaron este miércoles 22 de julio en una nueva sesión judicial ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El juez estableció que el juicio contra el exjefe de Estado comenzará el 1 de junio de 2027.
Maduro enfrenta cargos por «terrorismo vinculado al narcotráfico» formulados por la justicia estadounidense tras una operación militar lanzada en Venezuela en enero pasado por Washington, que resultó en la detención del matrimonio y aproximadamente 100 fallecidos, según el gobierno de Caracas.
Entre los delitos que se le imputan está también el supuesto uso de su posición para facilitar el contrabando de miles de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Él y su esposa niegan los cargos y acusan a Estados Unidos de haberlos secuestrado.
Esta no es la única denuncia internacional en contra de Maduro y su administración, señalados por posibles violaciones a derechos humanos.
La nueva causa en Estados Unidos
En mayo pasado, el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos inició una segunda investigación penal contra Maduro en el país.
Esta investigación se desarrolla en Miami, lugar donde desde mayo está detenido Álex Saab, presunto testaferro del exmandatario y exministro de Industria hasta su destitución por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Este segundo proceso, según medios estadounidenses, se concentra en presuntos delitos financieros.
Comenzó en marzo luego de que fiscales federales en Miami recibieran órdenes para abrir nuevas indagaciones criminales contra Maduro «ante la preocupación de que el juicio pendiente en Nueva York fuera débil», según publicó CBS News, aliado de BBC en EE.UU.
Myriam Fernández Nevado, consultora internacional en derechos humanos y derechos de la infancia, explica a BBC Mundo que, en contraste con procesos más prolongados, Estados Unidos «prefiere garantizar que Maduro sea juzgado y cumpla condena en una prisión de máxima seguridad en su territorio antes que en otro lugar».
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El fiscal Michael Berger, especializado en delitos internacionales, encabeza esta segunda investigación acompañado por agentes del FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la división de Investigación Criminal del IRS, la agencia tributaria estadounidense.
«Lo que ocurre en Estados Unidos, independientemente de si es condenado o no, resulta insuficiente en comparación con las expectativas en términos de justicia y rendición de cuentas por lo sucedido en la última década en Venezuela», afirma Marta Valiñas, jurista internacional que espera que Maduro responda por presuntos crímenes contra los derechos humanos.
Consultado en mayo por CBS, un representante legal de Maduro prefirió no hacer declaraciones respecto a este proceso.
La causa argentina
En Argentina existe otro caso abierto desde 2023.
«Esta causa en Argentina opera bajo el principio de jurisdicción universal y se basa en denuncias presentadas por dos organizaciones: la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD)», explica Valiñas, quien fue presidenta hasta enero de 2026 de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU.
Las querellas se tramitaron inicialmente por separado, pero luego se amalgamaron en una sola investigación.
Según Valiñas, el principio de jurisdicción universal implica que ni el acusado ni las víctimas necesitan ser argentinos ni que los hechos ocurrieran en Argentina.
«Los tribunales argentinos aceptaron la jurisdicción y el caso involucra a varias personas, incluido Nicolás Maduro», afirma.
Además, un juez argentino solicitó en marzo a Estados Unidos la extradición de Maduro para ser investigado dentro de un proceso por crímenes de lesa humanidad en el marco del principio de «jurisdicción universal».
En 2024, ya se había solicitado su orden de captura internacional.
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No existe un plazo previsto para que Estados Unidos responda sobre la extradición. Valiñas indica que «es poco probable que se conceda en el contexto actual, aunque podría cambiar si se modifica el escenario internacional».
De cualquier manera, añade que esta causa «abarca crímenes de lesa humanidad, que no prescriben».
La justicia argentina sostiene que desde 2014 en Venezuela hubo «un plan sistemático de represión, desaparición forzada, tortura, homicidios y persecución contra parte de la población civil».
Al emitirse la orden de captura en 2024, el entonces fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó la medida de «nula», argumentando que «violenta las jurisdicciones de los Estados y las inmunidades y privilegios que poseen presidentes y altos funcionarios».
También se investiga en este caso al actual ministro del Interior, Diosdado Cabello.
No es la primera vez que la justicia argentina aplica el principio de jurisdicción universal: en 2021 inició una investigación por crímenes presuntamente cometidos por militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022, abrió una causa penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La Corte Penal Internacional
De todos los procesos judiciales abiertos, este es el que podría alargarse durante años, según expertos consultados por BBC Mundo.
Myriam Fernández Nevado detalla que la Corte Penal Internacional (CPI) solo juzga ciertos delitos: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.
Dentro de los crímenes de lesa humanidad se incluyen asesinatos, esclavitud, tortura, violaciones, persecución a grupos específicos o desapariciones forzadas de civiles. Estos delitos no prescriben.
Además, la CPI opera bajo el principio de complementariedad, lo que significa que no sustituye a las cortes nacionales, las cuales tienen prioridad para actuar.
«La CPI solo interviene si el Estado donde se cometieron esos crímenes no quiere o no puede investigar y procesar a los responsables», explica Fernández.
Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y director de Laboratorio de Paz en Venezuela, comenta que en el caso venezolano se intentó cumplir con este principio a través del Memorandum de Entendimiento firmado por Maduro, quien se comprometió a reformar el sistema judicial, aunque luego usaron estrategias para demorar y aparentar cooperación con la CPI.
La posición del gobierno de Maduro respecto a la CPI ha cambiado con el tiempo. En 2021, el entonces presidente manifestó que, aunque Venezuela no apoyaba la investigación, respetaba la decisión de la CPI.
En 2022, pidieron postergar el proceso argumentando que la justicia venezolana ya estaba investigando.
Finalmente, en 2025, la Asamblea Nacional chavista votó para anular la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, acusando a la CPI de ser un instrumento del «imperialismo estadounidense». Cabe aclarar que EE.UU. no es partícipe del Estatuto de Roma ni de la CPI.
Para iniciar un caso en la CPI, primero debe haberse ratificado el Estatuto de Roma. Venezuela accedió en el 2000 y continúa siendo miembro, a pesar de la tentativa de derogación el año pasado.
También es posible que la investigación comience a solicitud de uno o varios Estados miembros, por informes del Consejo de Seguridad de la ONU o por iniciativa del fiscal de la CPI «basándose en información que considere creíble», indica Fernández.
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Respecto a Venezuela, la investigación parte, en parte, de las pesquisas hechas por la Misión de la ONU que abarca desde 2014 hasta la actualidad.
«Los informes de la Misión documentan violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como tortura, detenciones arbitrarias y muertes durante protestas. Incluyen documentos oficiales, expedientes judiciales, testimonios de víctimas, testigos, familiares, declaraciones de funcionarios y reportes de ONGs», especifica Valiñas.
En opinión personal, Valiñas afirma que «existe información suficiente para justificar una investigación penal sobre estos hechos».
Sin embargo, como señala Uzcátegui, «este es un proceso que avanza lentamente porque la fiscalía de la CPI sigue recopilando pruebas para construir un caso robusto contra individuos específicos. Nunca se sabe con exactitud qué expediente tiene mejor sustento».
Aclara que el caso se presenta «solo cuando las evidencias son suficientemente sólidas, dependiendo de su calidad».
Esto implica que, aunque es posible que la CPI presente acusaciones contra Maduro o miembros de su gobierno, no hay certeza sobre el hecho.
«Los informes de la Misión subrayan que Maduro tenía conocimiento, ordenaba y no impidió las violaciones. Aparece como la máxima autoridad en la cadena de mando. Es muy probable que sea sometido a juicio por crímenes de lesa humanidad», evalúa Uzcátegui.
El problema radica en que, además de ser un proceso lento, en las condiciones actuales resulta poco probable que la CPI pueda juzgarlo, puesto que Estados Unidos, donde se halla detenido Maduro, no es signatario del Estatuto de Roma ni reconoce a la CPI.
Pero, como advierte Valiñas, no solo Maduro está implicado. «Existen varias personas cercanas a él —pertenecientes al régimen, las fuerzas armadas y el gobierno— que también deben ser juzgadas e investigadas».