La nueva ronda de sanciones de la UE contra Rusia se configura por una serie de amenazas de veto mientras los estados miembros buscan proteger sus intereses nacionales. El paquete final, considerablemente atenuado, ha dejado al descubierto crecientes fisuras dentro del bloque.
Para Bruselas, el acuerdo de esta semana sobre un nuevo paquete de sanciones contra Rusia representa otro paso en el esfuerzo conjunto para debilitar el motor económico que sostiene la invasión a gran escala de Moscú en Ucrania.
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«En un momento en que Ucrania ha ganado impulso militar, nuestras sanciones continúan debilitando los cimientos económicos del esfuerzo bélico ruso,» declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
«Golpeamos a Putin donde más le duele: cortando las vías financieras que utiliza para mantener su guerra,» añadió la Alta Representante Kaja Kallas.
Sin embargo, el acuerdo —y, quizás más revelador aún, las tensas negociaciones que lo precedieron— ha sacado a la luz crecientes fracturas en la unidad política que sustenta el régimen de sanciones más ambicioso en la historia de la UE.
También ha planteado interrogantes más amplios sobre cuánto sufrimiento están dispuestos a soportar los estados miembros, ahora en el cuarto año de conflicto, para mantener la presión sobre el Kremlin.
Para Grecia, ese límite parece situarse en el transporte marítimo.
Poseedora de la flota mercante más grande del mundo, Grecia usó su derecho a veto para forzar a los demás estados miembros a reescribir la prohibición total sobre el GNL ruso, permitiendo que los servicios de transporte fuera del mercado de la UE continúen más allá del 1 de enero de 2027.
Los embajadores mostraron inicialmente resistencia a reabrir una legislación que ya había sido aprobada por unanimidad. Algunos atribuyeron la maniobra a intereses comerciales, destacando el papel prominente de Dynagas, una importante empresa naviera griega vinculada al transporte de GNL ruso.
No pasó desapercibido que tanto el gobierno griego como Dynagas hicieran lobby para obtener la exención empleando argumentos prácticamente idénticos.
A pesar de la oposición, Atenas mantuvo su postura y sostuvo su veto con firmeza hasta que los demás estados miembros, enfrentados a un estancamiento insalvable, accedieron a conceder una derogación. En consecuencia, el transporte de GNL ruso a clientes fuera de la UE quedará permitido en el futuro previsible, bajo ciertas condiciones.
La ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, expresó su descontento.
«Los ingresos energéticos son el núcleo de la financiación rusa de la guerra, y los costos para Europa son insignificantes comparados con el precio que paga diariamente el pueblo ucraniano,» manifestó en una crítica velada a medios locales.
No obstante, Grecia no fue la única que ejerció su influencia.
Bulgaria, bajo el nuevo gobierno del primer ministro Rumen Radev, amenazó públicamente con vetar todo el paquete a menos que el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y Vagit Alekperov, fundador de Lukoil, fueran excluidos de la lista negra propuesta. Ambos nombres finalmente fueron removidos.
Portugal y Alemania también se opusieron a las limitaciones sobre el bacalao y el abadejo rusos, alertando sobre posibles daños a sus industrias nacionales. Tras varias consultas, se eliminaron esas medidas pesqueras.
Francia e Italia rechazaron la propuesta de restringir el acceso de soldados rusos al espacio Schengen. La prohibición de entrada fue suavizada hasta convertirse en una mera «base legal» sin efectos prácticos relevantes.
Mientras tanto, Austria obtuvo una victoria política tras lograr que los estados miembros consideraran su controvertida petición para levantar sanciones contra Rasperia, una empresa incluida en la lista negra, con el fin de compensar una pérdida de 2.100 millones de euros sufrida por Raiffeisen Bank International en Rusia.
A diferencia del año pasado, cuando la solicitud fue rechazada de plano, esta vez los embajadores de la UE, ante la inminencia de otro veto, prometieron a Austria buscar una solución en una etapa posterior.
Buscando puntos en común
Esta no es la primera ni será la última ocasión en que un paquete de sanciones queda paralizado debido a un veto. Hungría, bajo el mandato del ex primer ministro Viktor Orbán, instauró la táctica de la obstrucción en Bruselas, para gran frustración de sus homólogos.
Con la salida de Orbán, los estados miembros han perdido un argumento conveniente, dejando los intereses nacionales en primer plano de una forma poco habitual entre países que públicamente reiteran su apoyo a Ucrania. Pese a que ese respaldo se mantiene en términos generales, cada uno busca concesiones.
Las negociaciones del paquete más reciente estuvieron marcadas por vetos de varios estados, especialmente de Grecia. A diferencia de antes, Hungría permaneció ausente, reflejo claro de cómo la partida de Orbán ha cambiado el panorama político.
«Esto no es, por supuesto, lo que habríamos querido idealmente, pero sigue restringido a las exportaciones rusas a terceros países,» comentó un alto funcionario de la UE sobre la exención del GNL.
«Es la vigésima primera vez que logramos unanimidad en sanciones contra Rusia. Es el país más sancionado del mundo, incluso por encima de Irán. Por eso, considero sinceramente que es una gran señal de unidad.»
Los diplomáticos reconocen que, a pesar de las tensiones internas, la UE ha continuado aprobando rondas consecutivas de sanciones contra Rusia, rompiendo relaciones comerciales e inversiones que se prolongaron durante décadas con su vecino más grande.
Cada sanción nueva tiene repercusiones concretas, lo que obliga a los ministerios a evaluar su impacto económico. Al inicio del conflicto, la tolerancia al daño era mayor y permitió llegar a compromisos con relativa facilidad. Más de cuatro años después, con el fin del conflicto aún lejano, resulta más complejo conciliar los intereses nacionales.
«Es cada vez más difícil hallar un terreno común. Esto quedó claro esta semana,» confesó a Euronews un diplomático bajo condición de anonimato.
La Comisión Europea, que suele medir el ambiente político antes de presentar propuestas, también está bajo un escrutinio creciente.
Comenzó apuntando a los sectores más evidentes, como la banca y la energía. Sin embargo, tras un récord de paquetes de sanciones, las ideas frescas son cada vez menos comunes.
Un ejemplo fue la inclusión del veto a la pesca rusa, un sector hasta ahora no sancionado, en el borrador inicial del vigésimo primer paquete. Varios gobiernos se mostraron sorprendidos; algunos diplomáticos calificaron esa propuesta de poco preparada.
«La Comisión está quedándose sin opciones para incorporar. Debe ser más creativa, y cada paquete resulta más complejo y prolonga las negociaciones,» señaló un segundo diplomático.
Para evitar debates cada vez más difíciles, algunos funcionarios y diplomáticos prefieren adoptar medidas de forma progresiva, en lugar de agruparlas en grandes paquetes. Este método ya se aplica para incluir en la lista negra a los buques vinculados a la flota fantasma rusa.
Aun así, la unanimidad continúa siendo el principal obstáculo, dejando que los intereses nacionales definan los resultados.